WASHINGTON -- Los gobernadores de Estados Unidos que rechazan el seguro de salud para los pobres, como lo dicta la reestructuración del sistema federal de salud, podrían quedar políticamente descolocados en el tema inmigratorio: Un resquicio de la ley significa que algunos ciudadanos estadounidenses podrían verse forzados a quedar sin seguro, mientras que los inmigrantes legales residentes en el mismo estado podrían conseguirlo.

Es una consecuencia imprevista del modo en que una decisión el año pasado de la Corte Suprema cambió las disposiciones del seguro Medicaid en la polémica ley del presidente Barack Obama.

La reestructuración del sistema expandió el programa federal-estatal para la gente de bajos ingresos y discapacitada. La Corte Suprema hizo que la expansión del Medicaid fuese optativa para los estados, lo que complicó la situación.

Las autoridades de Arizona llamaron la atención sobre el problema la semana pasada, cuando la gobernadora republicana Jan Brewer optó por aceptar la expansión del Medicaid.

Brewer había sido una enérgica opositora al nuevo sistema y su decisión suscitó la atención nacional. Algunos documentos en el presupuesto estatal citaron ese resquicio inmigratorio como uno de los motivos.

“Si Arizona no acepta la expansión, para los arizonianos por debajo de la línea federal de pobreza, solo los inmigrantes legales, pero no los ciudadanos, serían elegibles para los subsidios”, dijeron los documentos.

Eso se debe a que los inmigrantes serían elegibles para conseguir seguro privado subsidiado por el gobierno, pero no los ciudadanos de bajos ingresos. El gobierno de Obama confirmó la interpretación de Arizona.

Lo que Brewer quería decir es que “al rechazar la expansión, esencialmente se está recompensando a la población inmigrante a expensas de los ciudadanos”, comentó Matt Salo, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Medicaid, grupo no partidista que representa a los estados en Washington.

La situación podría requerir explicaciones al gobernador de Texas Rick Perry, opuesto enérgicamente a la ley de Obama y al gobernador de Florida Rick Scott, que está estudiando su posición. Ambos estados tienen gran número de ciudadanos sin seguro y de inmigrantes legales.

“Creo que los políticos sentirán una gran presión para no crear este tipo de desigualdad”, opinó Jennifer Ng’andu, experta en política de salud en el Consejo Nacional de La Raza, uno de los principales grupos hispanos, que apoya la ley de Obama y exhorta a todos los estados a que la acepten.

Esa situación planteada en la Ley de atención accesible no fue planeada. Fue consecuencia de la ruta tortuosa que siguen los proyectos de ley desde el Congreso hasta el escritorio del presidente y en este caso ante los tribunales de justicia.

Por cierto, nadie dice que el gobierno esté comprando seguro de salud para los inmigrantes sin documentación legal. Eso no está permitido. La cuestión aquí es entre ciudadanos estadounidenses e inmigrantes que están legalmente en Estados Unidos.

A partir del 1ro. de enero del 2014, la ley de Obama ofrecerá seguro de salud a millones de personas que no están aseguradas. Los no asegurados de clase media podrán conseguir seguro privado subsidiado.