CIUDAD DE GUATEMALA -- Familiares de víctimas y activistas humanitarios de Guatemala seguían este miércoles con expectación la audiencia judicial que se celebra por segundo día consecutivo en un juzgado de la capital, para decidir si es sometido a juicio el exdictador Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio de comunidades indígenas durante la guerra civil (1960-1996).

El ex dictador, que gobernó con mano dura durante 18 meses entre 1982 y 1983, es señalado como autor intelectual de la matanza de unos 1,770 indígenas ixiles ocurrida en el departamento de Quiché (norte) durante su mandato.

El proceso judicial comenzó el martes en el Juzgado primero B de Mayor Riesgo a cargo del magistrado Miguel Angel Gálvez, quien decidirá también si abre juicio al general retirado José Rodríguez, ex miembro de la cúpula castrense de entonces.

En caso de que se decida iniciar juicio, sería el primer proceso en el país por el genocidio perpetrado contra comunidades indígenas durante la guerra civil, que dejó 200,000 muertos o desaparecidos, según un informe de la ONU.

La premio Nobel de la Paz en 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, afirmó en una columna del diario Siglo 21 que es “totalmente saludable” para la justicia de este país que el proceso penal contra Ríos Montt haya llegado a esa instancia.

No obstante, estimó que Guatemala aún está a “distancias abismales” de países como Argentina y Chile, que también vivieron dictaduras, pero fortalecieron su sistema judicial, algo que no ha ocurrido en este país centroamericano.

“En ese sentido el camino (en Guatemala) no solo ha sido, sino que seguirá siendo tortuoso para la justicia y la reparación de los daños”, puntualizó Menchú.

El director del Grupo de Apoyo Mutuo de derechos humanos (GAM), Mario Polanco, dijo a la AFP que la audiencia es un “avance en la lucha por derrumbar la impunidad que existe en el país, en especial por crímenes de lesa humanidad”.

El primer día de la audiencia expuso sus argumentos el fiscal del caso, Orlando López, quien pidió la apertura del juicio.

López dijo que la fiscalía cuenta con 128 testimonios, 66 informes periciales y antropológicos que incriminan al ex dictador en delitos de genocidio.

En tanto, al general Rodríguez lo responsabiliza de haber desarrollado y ejecutado los planes operativos contra la población civil.