Tampa -- Pedro Alvarez Borrego, el alto funcionario del gobierno cubano que supervisaba la empresa de importación de alimentos del país, que manejaba un volumen de compra de unos $1,500 millones al año, vive el sueño americano apenas dos años después de haber desertado.

Alvarez ha comprado y vendido al menos ocho viviendas en Tampa por un valor total de casi $600,000 y abrió una compañía de administración, según muestran documentos oficiales. Además, se afirma que se ha convertido en consultor sobre cómo pueden entrar empresarios estadounidense a los mercados cubanos.

Pero sigue siendo un misterio cómo Alvarez, de 70 años, pudo comprar tantas propiedades a tan poco tiempo de su llegada de Cuba, donde estaba bajo investigación criminal por un escándalo de sobornos a cambio de importaciones en Alimport, el monopolio estatal de importación de productos alimenticios.

Antes de su apresurada deserción, su puesto en Alimport lo convirtió en el poderoso negociador principal de contratos con ambiciosos exportadores estadounidenses que alcanzaron una cifra récord de $711 millones en el 2008, y convirtieron a Estados Unidos en el quinto socio comercial de Cuba en importancia.

En la actualidad, Alvarez, uno de los principales desertores cubanos de que se tenga noticia reciente, trata de mantenerse alejado de la vista pública y disfrutar de la buena vida —un vecino dijo que su auto es un H3 Humvee rojo— mientras activistas anticastristas de Tampa se quejan de que podría estar viviendo de dinero resultado de la corrupción.

Un hombre que respondió una llamada de El Nuevo Herald al número telefónico que Alvarez ha dado en documentos oficiales estadounidenses dijo ser otro Pedro Alvarez. “Yo soy un simple carpintero. ¿Tiene algún trabajo para mí?”, respondió antes de reírse y colgar.

Funcionario del gobierno cubano

Alvarez, un economista de profesión, fue designado para dirigir Alimport en 1998 y estaba en la posición perfecta en el 2000 cuando el Congreso de EEUU autorizó la venta en efectivo de productos agrícolas a Cuba, bajo la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejoramiento de las Exportaciones.

Cuba se vio repentinamente inundada de visitantes estadounidenses que buscaban contratos de ventas, incluyendo varios grupos de legisladores federales, seis gobernadores estatales y un Quién es Quién de las principales compañías agrícolas, conocidas como “Big Ag.”

“El por sí solo decía sí y no a miles de millones en ventas’, declaró John Parke Wright IV, un empresario de Naples, Florida, que firmó varios acuerdos de ganado con Alimport. Las importaciones globales de Cuba llegaron a $1,600 millones en el 2011, según las cifras oficiales de La Habana.

En el 2003, Alvarez planeó el controversial plan bajo el cual Alimport presionaba a políticos y exportadores de EEUU a firmar promesas de que ellos cabildearían ante el Congreso de EEUU para relajar las sanciones económicas contra la isla. El compromiso los podría hacer técnicamente agentes del gobierno cubano, aunque ninguno fue procesado judicialmente.

Con un puesto tan importante, Alvarez probablemente era informado de rutina por la inteligencia cubana sobre sus contactos estadounidenses, sus debilidades y cualquier conducta impropia que pudiera explotarse en las negociaciones de precios, escribió Juan Antonio Rodríguez Menier, un desertor del Directorio de Inteligencia, en un correo electrónico para El Nuevo Herald.