Gobierno venezolano desalojó cárcel tras motín que dejó 58 muertos

 

AFP

El desalojo de la cárcel venezolana de Uribana (noroeste), donde el viernes un violento motín dejó 58 muertos y más de 90 heridos, según el primer parte oficial, fue completado y los reos fueron trasladados a otras prisiones del país, informó el domingo el gobierno.

“Tenemos un lamentable saldo de personas que perdieron la vida (…), de 57 personas. A este parte doloroso hay que sumarle el cuerpo sin vida de la persona que encontramos calcinada” al revisar el penal, dijo la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, durante una rueda de prensa desde la cárcel de Uribana (estado Lara), en la que dio el primer parte oficial de víctimas tras el motín.

“En hospitales aún quedan 46 (personas), que están con su debido tratamiento médico”, añadió la ministra, señalando que ya 49 personas fueron dadas de alta.

Entre los fallecidos hay un efectivo de la militarizada Guardia Nacional Bolivariana y un pastor evangélico, según precisó Varela, que también informó que otros “seis militares” y un religioso más resultaron heridos en la reyerta.

En la mañana de este domingo, la ministra anunció el fin del desalojo del recinto carcelario, que se dio “tranquilamente” y sin que los reos opusieran resistencia.

Más tarde precisó que un pequeño grupo de 161 presos seguirán dentro de un área de la cárcel que está aislada y donde generalmente no se presentan problemas.

Ahora se hará “una requisa profunda” en el centro antes de repararlo para volver a usarlo como prisión, según detalló Varela.

Durante este domingo, mientras salían los autobuses con los más de 2.400 reos que se encontraban en la prisión, los reclusos gritaban el nombre de las prisiones a donde estaban siendo trasladados a sus familiares, que permanecieron a las afueras del centro desde el comienzo del conflicto.

“Mi hermano va para Guanare (noroeste). No es igual que tenerlo cerca, pero donde vaya él, con la lucha iré”, dijo a la AFP Carmen Escalona. Su hermano José, de 32 años, está preso desde hace cuatro años por estar junto a un amigo que robó a un taxista, según dijo.

A esa angustia se sumaba la de otras personas que aún no saben qué pasó con sus familiares presos.

“Mi hijo (Henry, de 24 años) está desaparecido desde el viernes. Aparece (en las listas) como herido. Lo he buscado” en vano, gritaba agitada Mariela Torrealba. “Es una angustia desesperante”, sollozaba.

El viernes, una inspección en busca de armas en Uribana provocó un motín de un grupo de presos armados, que arremetieron contra las autoridades.

La ministra explicó este domingo que “no hubo enfrentamiento” generalizado entre los reos y las autoridades encargadas de la custodia del penal, sino que éstos fueron “atacados” por algunos presos “que estaban ocultos (…) y que salieron disparando a mansalva” cuando se preparaban para iniciar la requisa, dijo, sin más detalles.

El sábado, el director del Hospital Central Antonio María Penida, Ruy Medina, que atendió la emergencia, había informado que el motín dejó 61 fallecidos y unos 120 heridos.

Hasta este domingo, Varela se negaba a dar un balance oficial para no entrar “en un torneo” de cifras.

El canciller venezolano, Elías Jaua, lamentó desde Chile -donde participa en la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE)- las muertes en el motín de Uribana, uno de los episodios más violentos de las últimas décadas en los penales del país.

El gobierno está obligado, primero, “a investigar, y segundo, a seguir profundizando la transformación del sistema penitenciario”, destacó al canal estatal VTV.

La oposición y organizaciones no gubernamentales criticaron la forma en que se llevó a cabo la requisa, denunciando el “uso desproporcionado de la fuerza”, así como la gestión del ministerio de Asuntos Penitenciarios, creado a mediados de 2011 para atajar la violencia y hacinamiento en las cárceles venezolanas.

La cárcel de Uribana tiene una capacidad sólo para 850 reos y se halla bajo medidas provisionales de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2007, que establecen que las autoridades deben velar por evitar la pérdida de vidas en su interior.

Las cárceles venezolanas sufren problemas de insalubridad, hacinamiento y violencia, y en muchos casos son controladas por bandas de reclusos fuertemente armados, que constantemente generan enfrentamientos internos.

En agosto del año pasado, al menos 25 personas fallecieron en un enfrentamiento entre bandas en la cárcel de Yare I, cerca de Caracas. En junio de 2011, un motín en el Rodeo, también cerca de la capital, dejó una treintena de muertos.

Según activistas de derechos humanos, que revelarán los datos de violencia de 2012 esta semana, en 2011 más de 500 reclusos perdieron la vida.

El gobierno, por su parte, no difunde informes sobre la situación en las cárceles y la mayoría de sucesos violentos no son confirmados oficialmente.

Según cifras oficiales, hay casi 50.000 reclusos en Venezuela pero la infraestructura carcelaria sólo tiene capacidad para unos 14.000.

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