María del Milagro Medina y sus dos pequeñas hijas cruzaron a nado el río Bravo para entrar a Estados Unidos en el 2005.

Cuando alcanzaron la orilla en Brownsville, los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos los estaban esperando.

Después de una breve detención, las autoridades de inmigración las liberaron y horas más tarde iban camino a Miami en un autobús Greyhound.

Fue el comienzo del sueño americano de Medina, pero también el inicio de su pesadilla migratoria.

Medina, de 37 años, ahora enfrenta la deportación. Es uno de los 859,970 inmigrantes indocumentados que no han regresado a sus países y han recibido órdenes finales de deportación de parte de jueces de inmigración.

Los extranjeros con órdenes finales de deportación son actualmente objetivos prioritarios para funcionarios de inmigración en sus esfuerzos por seguir incrementando el número de deportaciones, principalmente de inmigrantes con antecedentes penales.

Los expertos en inmigración esperan que la categoría de inmigrantes indocumentados con órdenes finales de deportación se convierta en un tema importante durante el próximo debate en el Congreso sobre la reforma migratoria.

Para los activistas que quieren que el Congreso legalice a los 11.5 millones de inmigrantes indocumentados en el país, los extranjeros que tienen órdenes de deportación sin cumplir deben ser incluidos en cualquier proyecto de ley de reforma migratoria.

“La reforma migratoria debe ser integral”, declaró Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, con sede en Miami. “Muchos inmigrantes, como la señora Medina, están esperanzados en una reforma migratoria integral para que puedan tener estatus, obtener permisos de trabajo, licencias de conducir, residencia y ciudadanía”.

Sin embargo, las autoridades federales de inmigración tienen una opinión diferente.

ICE, una de las agencias de inmigración del Departamento de Seguridad Interna (DHS), considera a los extranjeros con órdenes pendientes de deportación como prioridad para ser detenidos y deportados.

El propio sitio en la internet de ICE hace referencia a “fugitivo” de inmigración como la segunda prioridad más importante para deportación después de la de “delincuente”.

El mismo portal define a un fugitivo de inmigración de esta manera: “Extranjero sujeto a una orden final de deportación que se ha escondido en lugar de cumplir con la orden”.

Sin embargo, las personas que conocen a Medina dicen que es injusto considerarla prófuga o prioridad para expulsión, como si fuera un criminal. Medina es una trabajadora, madre de dos adolescentes, Milagro, de 16 años, y Natalia de 14, así como de un hijo nacido en Miami, Manuel, de 5 años.

Llegó a Miami en el 2005 para reunirse con su esposo, Héctor Maradiaga, quien había emigrado en 1998.

Ambos trabajan en tiendas como empleados de ventas. Ambos esperan con ansiedad la reforma migratoria, con la esperanza de que esta vez el presidente Barack Obama sí cumpla su promesa de legalizar a los indocumentados.

Un juez de inmigración en Miami ordenó la deportación de Medina en abril del 2007. Medina apeló, pero la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) desestimó su petición un año más tarde. La orden de expulsión es ahora definitiva.