Llamémosle capacitador, visitante, promotor de la democracia, cualquier cosa menos contratista. Esto es Cuba –la única dictadura de Occidente– donde instalarle al cubano tecnología de acceso al ciberespacio con divisa norteamericana es simple y llanamente ilegal. Cuba conoce el objetivo de conectar al pueblo: desconectar al régimen.

Desde el exilio se ha apoyado no sólo a los movimientos opositores cubanos sino también a entidades no-políticas en la emergente sociedad civil. El enfoque de “democracia por la vía del desarrollo” ha incluido apoyo al cuentapropismo, computación, acceso a la lectura, educación sobre sociedad civil y organización no-gubernamental, prevención de prostitución y violencia doméstica, organización sindical al estilo de la OIT, entre otros.

A las organizaciones “del exilio” nunca le arrestaron un capacitador visitante. ¿Interrogatorios en el aeropuerto José Martí o la estación de policía? Sí. ¿Advertencias de suspender “el trabajito con la plata del imperio”? También. Pero ¿arresto, juicio y encarcelamiento por delitos “contra la soberanía de Cuba”? ¡Qué va!

Esas –nuestras– organizaciones son las que funcionarios del Congreso norteamericano calificaban en 2010 de “estúpidas, incapaces y mal administradas”. Lo confirma R.M. Schneiderman en su Nuestro hombre en La Habana: El encarcelamiento de Alan Gross y los esfuerzos por liberarlo [ Foreign Affairs, diciembre 2012]. Ese era el ambiente en Washington DC cuando el senador John Kerry y el director del Comité de Relaciones Exteriores, Fulton Armstrong, conversaban sobre el Programa para la Democracia en Cuba con oficiales del gobierno cubano y ofrecían “despolitizarlo” con la esperanza de liberar a Alan Gross.

¡Qué craso error! Ofende a los activistas y promotores de la democracia en Cuba que trabajan cuidadosamente desde el exilio eso de “ineficacia y no-transparencia”, cuando en Washington se da por sentado que los billonarios programas de desarrollo en Irak y Afganistán carezcan de ambas virtudes. El minúsculo, peseteado y ultra-auditado programa cubano fue y es eminentemente eficiente, eficaz, responsable y transparente. Y logra resultados.

Schneiderman describe a los cubanoamericanos del Congreso como “el lobby cubano”, cuando estos políticos, elegidos por la población, constituyen un sub-consejo –un sub-caucus– dentro del Caucus Hispano. El autor nos dice que Kerry no contó con su colega Robert Menéndez (D-NJ) antes de conversar con diplomáticos del gobierno enemigo sobre dicho programa. Y para colmo revela que al senador Menéndez se le tiene como irracional, intransigente, e inflexible, a quien hay que ocultarle las cosas si se quieren nuevos enfoques hacia Cuba.

Esta percepción sobre los cubanoamericanos cumple con el estereotipo de los medios: una comunidad a lo “república bananera”, testaruda ante el tema cubano, que no respeta las reglas del juego ni es enteramente confiable. En ese imaginario, somos los secuestradores de la política de EEUU hacia Cuba. El impacto mediático daña nuestra reputación y credibilidad aún en los más altos niveles. ¿Cómo explicar si no que ese amago de negociación se le ocultara al senador líder de los demócratas y a la congresista de la Florida Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara hasta hace poco?

Urge señalar que mientras las iniciativas democráticas en Cuba las apoyaban organizaciones del exilio, el gobierno cubano no arrestó a ninguno de sus capacitadores, visitantes o promotores de la democracia. Y más: cuando el Departamento de Estado redujo su apoyo a proyectos de oposición y desarrollo y priorizó la tecnología cibernética –Internet y redes sociales– las dimensiones políticas del Programa de Democracia para Cuba sí se dispararon, y se desató la furia de Raúl Castro.

Y aún más: desde el momento en que a megaempresas no-cubanoamericanas, sin experiencia previa de Cuba o comprensión adecuada sobre las necesarias e inapelables medidas de seguridad, se les metió en esta historia –para contrarrestar la supuesta ineficacia de las nuestras–, comenzó a enredarse la madeja de estos arriesgadísimos esfuerzos, tanto para los activistas en la isla, como para los de afuera, como para todo extranjero que viajara a Cuba a promover la democracia. Los checos, los españoles y algún que otro latinoamericano amigo lo saben bien.

El contratista norteamericano sigue preso en La Habana. Su esposa inició una demanda millonaria contra Washington y la megaempresa contratadora. Alega que su esposo no fue entrenado adecuadamente para la misión “laboral” dentro de Cuba, o informado sobre sus riesgos. De ser ciertas sus quejas, el término grossería amplía la semántica.

© Ileana Fuentes