Los indocumentados en la Florida viven en las sombras

 

achardy@elnuevoherald.com

Gabriela Ramos y sus tres hijos cruzaron la frontera por la zona de Calexico, California, y de esta manera abandonaron México en el 2002.

María Abarca vino de El Salvador cuando un terremoto en el 2000 derribó la casa de su familia.

Esperanza Pérez viajó desde Guatemala a la frontera estadounidense en 1991 buscando un mejor empleo para poder enviar dinero a su familia.

Esther Díaz huyó de Honduras hace cinco años escapando de un padre abusivo y amenazas de las pandillas.

Las cuatro inmigrantes forman parte de la población de 11.5 millones de indocumentados en el país, esperanzados de nuevo con la posibilidad de alcanzar el estatus legal debido a renovados esfuerzos por parte del presidente Barack Obama y líderes del Congreso para aprobar una reforma migratoria.

Un plan anunciado la semana pasada por ocho senadores demócratas y republicanos, entre ellos Marco Rubio, republicano cubanoamericano de Miami, obligaría a todos los indocumentados a registrarse con el gobierno como primer paso hacia la legalización.

A los extranjeros que se presenten se les concedería un estatus temporal que eventualmente podría culminar en residencia permanente y ciudadanía si logran pasar verificaciones de antecedentes, aprenden inglés, pagan multas e impuestos atrasados. Pero la residencia bien podría demorarse, tal vez años, hasta que las autoridades determinen que las fronteras están lo suficientemente seguras como para evitar cualquier aumento de la inmigración ilegal, y que esté en vigor un sistema fiable para garantizar que todos los visitantes con visas temporales abandonen el país antes de que estas expiren.

Las desgarradoras historias contadas por las inmigrantes entrevistadas demuestran lo peligroso de los largos viajes que emprendieron para huir de la violencia o la pobreza. Hoy día están felices de vivir en Estados Unidos, pero cargan con el temor constante de ser deportadas.

María Rodríguez, de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, y Francisco Portillo, de la Organización Hondureña Francisco Morazán, dos grupos que ayudan a inmigrantes indocumentados, instaron al presidente Obama a suspender las deportaciones hasta que el Congreso actúe.

“Es lo menos que debe de hacer,” dijo Portillo.

Los inmigrantes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, en ese orden, constituyen la mayor parte de los 11.5 millones de indocumentados, con un total de 8.3 millones, de acuerdo con un informe publicado el año pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según el reporte, unos 6.8 millones de indocumentados provienen de México, seguido por 660,000 de El Salvador, 520,000 de Guatemala y 380,000 de Honduras.

La mayoría de indocumentados, unos 4.6 millones, viven en California y Texas. Alrededor de 740,000 viven en la Florida, el tercer estado con el mayor número de indocumentados en el país.

Aunque el informe del DHS no dice en qué zonas de la Florida viven los 740,000 indocumentados, activistas que defienden los derechos de los inmigrantes creen que la mayoría reside en el sur y centro del estado.

La estimación de 11.5 millones se basa en datos recopilados por la Oficina de Estadísticas de Inmigración. La oficina de estadísticas llegó a esa cifra restando el número de extranjeros legales residentes en el país el 1ro de enero del 2011, que era de 22.1 millones, del total de personas nacidas en el extranjero en la misma fecha, que era de 33.6 millones.

Las cifras del censo se basan en encuestas anuales conocidas como American Community Survey (ACS), que es un cuestionario enviado por correo a cerca de 3.5 millones de hogares, una muestra considerada lo suficientemente grande como para representar a la población nacional.

Las cifras incluyen a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos entre 1980 y el 2010. Todos los inmigrantes entrevistados llegaron antes del 2010.

Ramos tenía 30 años en el 2002 cuando contrató a un contrabandista de inmigrantes en México para que le ayudara a cruzar la frontera a ella y a sus hijos, dos niños y una niña, cerca de Mexicali. Venía al sur de la Florida a reunirse con su marido, que había cruzado dos años antes y se había establecido en Fort Lauderdale.

“Al principio nos enviaba dinero cuando trabajaba en la cosecha de uvas en Napa, pero luego un familiar en Fort Lauderdale lo convenció de venirse a la Florida aparentemente porque había mucho trabajo en la construcción, pero una vez que llegó no pudo encontrar trabajo”, dijo. “Así que decidí venir con nuestros hijos para ayudarle”.

Un día del 2002 Ramos y sus hijos abandonaron Guadalajara y se dirigieron a Mexicali. Su hijo mayor tenía 12 años y el más pequeño un año y medio. Su hija tenía 9.

Su primera experiencia en el sur de la Florida fue desagradable.

A pocos días de llegar a Fort Lauderdale, la familia fue desalojada de un pequeño apartamento porque demasiadas personas vivían en el lugar. Tras estar en la calle brevemente, la familia se las arregló para encontrar otro apartamento.

Con el tiempo, la familia se estabilizó y los niños se destacaron en la escuela.

Su hijo, ahora de 22 años, regresó a México después de graduarse de high school porque se sentía frustrado por no poder obtener licencia de conducir o becas universitarias debido a su condición migratoria.

Su hija fue más paciente. Recientemente solicitó el estatus legal por dos años para inmigrantes traídos por sus padres cuando eran niños, un beneficio que el presidente Obama ofreció el año pasado. Hoy tiene 19 años y desea convertirse en reportera de televisión.

“Por ahora, estamos orando a Dios para que el Congreso apruebe la reforma migratoria para que así podamos vivir en paz”, dijo Ramos. “Vivir sin papeles es algo horrible, es una vida de constante miedo”.

Abarca, de 34 años, también espera ansiosamente poder legalizarse, porque su situación es más apremiante. Ramos nunca ha sido detectada por inmigración, pero Abarca tiene pendiente una orden de deportación y sus pasos son monitoreados constantemente por las autoridades migratorias a través de un grillete electrónico.

Su odisea comenzó en el 2000 cuando dejó El Salvador y cruzó la frontera de Tijuana a San Ysidro, al sur de San Diego.

Agentes de la Patrulla Fronteriza la detuvieron poco después de cruzar y la pusieron en proceso de deportación, pero la liberaron después de que se comprometiera a comparecer ante un tribunal de inmigración. En el 2002, un juez de inmigración ordenó su expulsión.

Abarca se estableció en Los Ángeles y trabajó en el campo. En el 2004, se mudó a Miami, donde inicialmente limpiaba edificios en construcción. Ahora integra un equipo de trabajadores avocados al acabado de obras. Se casó también y tiene cuatro hijos nacidos aquí.

En el 2011, un policía la detuvo porque cuando verificó sus antecedentes descubrió que tenía la orden de deportación pendiente. Agentes de inmigración la llevaron a Krome, aunque eventualmente, la liberaron con el grillete en el tobillo.

Pérez, de 43 años, salió de Guatemala en 1991, cuando tenía 21 años.

“Como muchos otros inmigrantes, buscaba una mejor oportunidad”, dijo Pérez, quien limpia casas y cuida niños.

Cruzó la frontera sin ser detectada en Tijuana. Vivió un año en Los Ángeles, y en 1992 se trasladó a Miami. Se casó y ahora tiene tres hijos nacidos aquí.

Sus problemas migratorios comenzaron en el 2010 cuando una amiga le aconsejó solicitar asilo y residencia.

Las peticiones alertaron a las autoridades sobre su presencia y fue puesta en proceso de deportación.

Díaz, de 28 años, huyó de Honduras después de denunciar a su padre por abuso. La policía lo arrestó pero lo dejo libre poco después, y fue entonces que Díaz empezó a ser hostigada por miembros de las pandillas a las que pertenecía el hombre, dijo.

Llegó a la frontera con México y cruzó a nado el río Bravo con un grupo de otros 30 centroamericanos. El grupo eludió a la Patrulla Fronteriza y cuando llegaron a una autopista cerca de Brownsville, les aguardaba un camión.

“El contrabandista era muy bueno, conocía bien la zona y había pensado en todo”, agregó. “Es por eso que no nos descubrieron”.

El camión los llevó a Houston, donde los inmigrantes se separaron. Díaz se dirigió a Miami, donde tenía amigos.

Comenzó a trabajar en limpieza para poder pagar los $6,000 que le debía al contrabandista. Quería estudiar administración de empresas, pero no tenía suficiente dinero para pagar la escuela. Pensó pedir el estatus para los llegados en la infancia pero no calificó.

Frustrada, partió para Canadá en diciembre después de que una amiga le dijera que las condiciones para los inmigrantes eran mejores allá. Nunca llegó.

Al acercarse a la frontera canadiense, agentes de inmigración estadounidenses la arrestaron por no tener papeles. Después de un mes de detención en Buffalo, fue puesta en libertad bajo fianza de $10,000, dinero reunido por su novio en Miami. Díaz está hoy de regreso en el sur de Florida, pero tiene que regresar a Buffalo en junio para su audiencia de deportación.

“Mi única esperanza es que el Congreso apruebe la reforma migratoria”, dijo Díaz. “Si me regresan, las pandillas me van a matar”.

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