Crece debate sobre Ley de Ajuste Cubano

 
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¿Crees que la Ley de Ajuste Cubano necesita ser reformada?

jtamayo@elnuevoherald.com

Una curiosa confluencia de esfuerzos por lograr una reforma migratoria en La Habana y Washington ha provocado llamados a una revisión de la ley federal que ha brindado los mayores beneficios a los cubanos llegados a los Estados Unidos durante el último medio siglo: la Ley de Ajuste Cubano (CAA).

El senador Marco Rubio y los representantes Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, todos republicanos del sur de la Florida y cubanoamericanos, afirman que la Ley de Ajuste necesita ser ajustada a su vez para detener los abusos de aquellos que “huyeron del comunismo” pero regresan repetidas veces a la isla.

Y, mientras que la administración del presidente Barack Obama y los demócratas en el Congreso parecen decididos a mantener la ley intacta, algunos defensores de mejorar las relaciones con La Habana quieren eliminarla como un sobrante de la Guerra Fría que le ofrece a los cubanos beneficios negados a otras nacionalidades.

En juego hay enrevesados debates sobre si los cubanos que llegan a los Estados Unidos están escapando a la represión o son emigrantes económicos, lo que dice y lo que significa la CAA, y si los recién llegados necesitan todavía los beneficios de una ley de medio siglo atrás, en especial su paso acelerado a la residencia estadounidense después de apenas un año y un día.

Estas preguntas crecieron luego de que reformas hechas al sistema migratorio de La Habana el 14 de enero crearon la posibilidad de que más cubanos lleguen a Estados Unidos, obtengan la residencia estadounidense y luego regresen con rapidez a la isla para conservar su residencia allí.

La CAA fue aprobada en 1966 para normalizar el estatus de alrededor de 32,000 cubanos que habían huido de la revolución de Fidel Castro y entraron a Estados Unidos bajo palabra pero permanecían en un limbo migratorio. Mucho mas de un millón de cubanos han obtenido residencia estadounidense desde entonces bajo la ley, oficialmente conocida como Ley de Ajuste .

Rubio ha dicho que él y otros senadores que están ahora negociando un conjunto de leyes federales de reforma de inmigración podrían no “poder evitar, como parte de un enfoque abarcador a la inmigración, una discusión sobre la Ley de Ajuste Cubano”.

“Se hace cada vez más difícil justificarla ante a mis colegas cuando hay personas que vienen a Estados Unidos (…) y en un año y un día están viajando a Cuba 25 y 30 veces por año”, indicó Rubio a periodistas el mes pasado. “Aun así, es importante para nosotros recordar a todos que en Cuba hay un régimen tiránico”.

Activistas de derechos de inmigración de EEUU y otros han criticado constantemente la CAA y la política de pies secos, pies mojados que permiten quedarse en EEUU a los que pisen terreno estadounidense. Señalan además que la ley no menciona las palabras “comunismo” o “persecución”, y que los llegados más recientemente de Cuba tienen motivaciones más bien económicas que políticas.

“Un sistema generoso de inmigración depende de su justicia y del tratamiento igualitario entre grupos, y la ausencia de favoritismo político. Los inmigrantes económicos de Cuba deberían ser tratados lo mismo que los de cualquier otro país”, aseguró Phil Peters, vicepresidente del Instituto Lexington, grupo de estudio de Washington que escribió recientemente un extenso informe sobre asuntos migratorios EEUU-Cuba.

Para Díaz-Balart, la ausencia de la palabra “comunismo” no significa nada. “¿Por qué existe una CAA? ¿Se debe a que los cubanos son más agradables, más atractivos, tienen mejores zapatos? No. Se debe a las condiciones políticas de la isla”, subrayó. “Y cuando hay gente viajando de un lado para otro todo el tiempo, eso es un abuso”.

Rubio ha dicho que quiere conservar la CAA, pero hasta el momento no ha hecho propuesta específica alguna para reformarla. Ros-Lehtinen sólo ha dado indicios de que se debería negar los beneficios de la ley a todo cubano en Estados Unidos que regrese demasiado pronto a la isla.

Díaz-Balart indicó que está a favor de conservar la ley en general, y no quiso hacer comentarios sobre plan alguno de propuestas legislativas sobre cómo cambiarla, al parecer para mantener desinformados a los opuestos en el Congreso a todo cambio hasta el último minuto.

“La política de inmigración de Estados Unidos no debe ser decidida por dictadores octogenarios cubanos. Vamos a observar lo que sucederá en los próximos meses, y actuar de acuerdo con ello”, apuntó Ros-Lehtinen.

El representante Joe García, demócrata del sur de la Florida y cubanoamericano, señaló que los demócratas tanto en el Congreso como en la Casa Blanca están en contra de cambiar la ley porque “las condiciones que llevaron a poner en efecto la Ley de Ajuste Cubano son las mismas que existen en la actualidad: un gobierno represivo”.

“He hablando con los negociadores [del conjunto de leyes de reforma migratoria] en la Cámara, en el Senado y en la Casa Blanca, y las palabras ‘Cuba’ o ‘Ley de Ajuste Cubano’ no salieron a relucir en esas reuniones”, apuntó García.

Por mucho tiempo, la CAA ha sido un tema divisivo para los miembros del Congreso y muchos más.

El ex representante Barney Frank, demócrata liberal de Massachusetts, propuso abolirla en el 2006. Y el ex representante David Rivera, republicano del sur de la Florida, propuso en el 2011 negar sus beneficios a los cubanos que regresen a la isla. Ninguna de las dos medidas fue aprobada.

Doce de los principales grupos de exiliados cubanos en Miami, incluyendo los veteranos de Bahía de Cochinos en la Brigada 2506, hicieron público un comunicado el 15 de marzo advirtiendo que, a menos que se modifique la CAA, Estados Unidos enfrentará una entrada masiva de cubanos.

Las reformas migratorias de La Habana, diseñadas para permitir a los cubanos viajar al extranjero y regresar con más facilidad, desencadenarán “una problemática avalancha social, política y económica”, indicó el comunicado. La CAA debería beneficiar “solamente a los verdaderos opositores políticos e ideológicos, aquellos que son reprimidos o perseguidos por disentir de la tiranía comunista”.

Un comentario anónimo añadido a un reportaje sobre el comunicado en la internet dijo: “¿Así que los que escaparon de la mala vida en Cuba y viven en el extranjero ahora quieren que los que no tuvieron la suerte de irse se queden encerrados allí hasta que la situación explote?”

La misión diplomática de los Estados Unidos en La Habana publicó una nota en su pagina de internet esta semana diciendo que “por el momento no podemos predecir si las reformas en [Cuba] ... implicarán cambios en el patrón migratorio desde Cuba. Seguimos pidiendo a las personas que no emprendan viajes peligrosos por el mar, poniendo en riesgo sus vidas.”

Y, aunque el gobierno cubano ha condenado por mucho tiempo la CAA como una “ley asesina” que seduce a los cubanos para que intenten escapar a bordo de embarcaciones improvisadas, el segundo funcionario en importancia de inmigración, Lamberto Fraga, mencionó el mes pasado las ventajas de la ley.

Fraga señaló que la decisión de La Habana de extender el tiempo que sus ciudadanos pueden pasar en el extranjero sin perder su residencia de 11 a 24 meses significaba que los cubanos pueden “aprovechar esa ley que tienen” en Estados Unidos “y conservar su residencia cubana”.

Peters, quien por lo general está a favor de relaciones más estrechas entre EEUU y Cuba en lugar de sanciones económicas, está a favor de una abolición total de la CAA “porque responde a una circunstancia que ya no existe”.

“Las leyes presentes de asilo y refugio en EEUU funcionan perfectamente para las personas que temen ser perseguidas”, subrayó Peters, mientras que la CAA “brinda un incentivo para la inmigración ilegal y peligrosa y para el contrabando de extranjeros”.

Cualquier esfuerzo para hacer cambios o eliminar la CAA podría además suscitar preguntas sobre otras partes de las complejas leyes de inmigración de EEUU para los cubanos, en especial la política de pies secos, pies mojados en efecto desde 1996.

Washington garantiza además un mínimo de 20,000 visas a cubanos por año —una garantía que no está disponible para otro país— bajo un acuerdo bilateral de 1994 diseñado para disuadir a los cubanos de sus intentos ilegales y riesgosos de escapar la isla por mar.

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