Una férrea disputa legal que comenzó hace dos años en una corte de Miami-Dade sobre un festival de música cubana acabó en horas de la noche del lunes con el fallo de un jurado que otorga una compensación monetaria de $567,000 a los organizadores de la actividad musical suspendida.

El festival debía reunir el 9 de abril del 2011 a más de una veintena de artistas de dentro y fuera de la isla. El centro de la disputa se originó cuando la directiva del Homestead-Miami Speedway decidió cancelar el evento. Argumentaron que los organizadores estaban programando una actividad de música cubana y no mexicana. La decisión de hacer a un lado el festival se tomó tras la firma de un contrato para el alquiler del autódromo.

“Este festival iba a afectar la imagen de nuestro autódromo por la controversia que generaría”, comentó el abogado Alfonso Pérez, del Homestead-Miami Speedway. Pérez rechazó tajantemente que el autódromo hubiese difamado en algún momento a los organizadores del certamen.

A pesar de que el fallo del jurado concluyó que el autódromo estaba en su derecho de suspender el polémico festival, consideró también que los organizadores resultaron afectados económicamente.

Entre las agrupaciones que viajarían desde la isla estaban Juan Formell y Los Van Van, David Calzado y su Charanga Habanera, Adalberto Alvarez y su Son, entre otros. La lista abarcaba a un grupo de artistas cubanos radicados en Estados Unidos, como Manolín “El médico de la salsa” y Eddy K, Cucú Diamantes y los grupos Timbalive y Cubiche.

El juicio se ventiló en una corte presidida por la magistrada Sarah Zabel. Un jurado compuesto por cuatro hombres y tres mujeres analizó el caso. El proceso incluyó dos causas judiciales.

La primera fue una demanda por daños y perjuicios entablada por la empresa MIA Resort, de Luis Arias, y el promotor musical Hugo Cancio, de Fuego Entertainment. La segunda causa correspondió a una acusación presentada por el autódromo contra los organizadores del festival. Esta demanda alegaba que los empresarios defraudaron al complejo de carreras ocultando información y datos relevantes sobre el origen de los artistas invitados. Según los abogados del autódromo los organizadores del festival describieron el evento como una actividad de música mexicana y latinoamericana.

La organización del festival con artistas cubanos que cuentan con el respaldo del gobierno de los hermanos Castro motivó las protestas de exiliados en el sur de la Florida. A la ola de críticas se sumó la comisionada de Miami-Dade y ex alcaldesa de Homestead, Lynda Bell.

En una de las audiencias judiciales el abogado de MIA Resort, Paul Ranis, de la firma legal Greenberg & Traurig, subrayó que en ninguna parte del contrato se había estipulado la prohibición de contar con artistas de la isla.

“Sus abogados determinaron los términos y condiciones del contrato”, puntualizó Ranis. “El borrador del contrato que ellos elaboraron no establecía la prohibición de cantantes de Cuba”.

Un análisis de una perito contable citado por Ranis concluyó que las pérdidas por la intempestiva cancelación del contrato superaban los $500,000.

Los exiliados calificaron la actividad musical como una “provocación”. Bell dijo que algunos de los artistas incluidos son “instrumentos” de la dictadura de los Castro.

En medio de la polémica el capítulo floridano de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) cuestionó el hecho de que Bell pudo haber utilizado indebidamente su cargo e influencias para obstaculizar el desarrollo del evento.

“Nosotros estamos evaluando hacer una petición a la jueza Zabel para que descarte toda responsabilidad del autódromo sobre las acusaciones de difamación”, dijo Pérez. “Solo sacamos un comunicado de prensa indicando que no iba a realizarse el concierto. Las opiniones de Bell y otras personas fueron hechas a título personal, no están atribuidas a nosotros”.

Los demandantes exigían $1,000,000. El jurado concluyó que las alegaciones que presentaron los directivos del autódromo para respaldar su decisión de desconocer el contrato de alquiler y rechazar los planes de los empresarios causaron perjuicios económicos.

“El jurado falló a nuestro favor, prevaleció la verdad y el sentido común”, declaró Cancio. “Espero y confío que sea una lección aprendida y nunca más suceda”.