Agentes federales arrestan a abogado de Miami en México tras 27 años

 

jweaver@MiamiHerald.com

Allá por los años 80, el abogado de Miami Manuel López-Castro fue convicto de ayudar a un contrabandista de marihuana a comprar el Sunshine State Bank durante el apogeo del tráfico de drogas y el lavado de dinero en el sur de la Florida.

Pero en vez se entregarse para cumplir su condena de 27 años de cárcel a principios de 1986, López-Castro se ocultó en varios países latinoamericanos antes de establecerse en México, donde con el tiempo se quitó el apellido “Castro”.

Esta semana, agentes federales finalmente capturaron al prófugo de la justicia.

Un equipo de agentes federales voló a Cancún luego que la agencia obtuviera información recientemente ubicando a López-Castro, de 61 años, en la ciudad turística. El martes, los agentes federales y la policía nacional mexicana coordinaron una parada de tráfico para arrestarlo. López-Castro saltó de su vehículo y echó a correr, pero no llegó muy lejos.

Las autoridades mexicanas deportaron a López-Castro, quien mintió y dijo que era ciudadano mexicano que en realidad es un cubano que se hizo ciudadano de Estados Unidos en 1977. Agentes de inmigración mexicanos lo escoltaron el miércoles hasta un vuelo con destino al Aeropuerto Internacional de Miami.

López-Castro indicó a los agentes que estaba “sobreviviendo a duras penas” trabajando como vendedor y viajando entre México y Guatemala por negocios no especificados, pero estaba viviendo en un hermoso rascacielos de condominios con vista al mar en Cancún.

El jueves, López-Castro, delgado y de abundante cabello negro, compareció en el tribunal federal de Miami donde fuera convicto en un juicio en octubre de 1985. Su abogado defensor, William Tunkey, declaró que la policía mexicana había parado a su cliente con el pretexto de una “irregularidad” con relación a la propiedad de su vehículo, y que luego él había sido encarcelado y deportado como ciudadano estadounidense sin audiencia formal de extradición de ningún tipo.

“Fue secuestrado y traído aquí”, señaló Tunkey al juez magistrado Jonathan Goodman, quien comentó con sequedad: “Me parece muy interesante”.

El fiscal federal adjunto Frank Tamen puso en claro que “la libertad bajo fianza es impensable” debido a que López-Castro ya había sido sentenciado y se había dado a la fuga estando en libertad bajo fianza.

Luego de su fuga en enero de 1986, se sospechaba que López-Castro había viajado a España, luego a Costa Rica, Argentina, Venezuela, Panamá y finalmente a México. Su caso se consideró “frío” hasta que fue reasignado a policías federales especializados en fugitivos en el extranjero.

Los agentes trabajaron con el Departamento de Estado en México y la policía federal mexicana, quienes pusieron bajo vigilancia a posibles asociados, miembros y familiares de López-Castro.

“En varias ocasiones, fue detectada una persona que se creía que era el fugitivo”, afirmó Barry Golden, portavoz en Miami del Servicio de Policía Federal. “No obstante, después de un plazo de tiempo tan extraordinario, no se podía estar seguro”.

Fue entonces que los investigadores concibieron el plan de parar a López-Castro cuando salía de su condominio en Cancún en un vehículo con familiares suyos. Las autoridades mexicanas ya se habían dado cuenta de que él había mentido sobre su estatus como ciudadano mexicano, al descubrir que había obtenido un certificado de nacimiento mexicano falso hacía una década.

En el juicio, López-Castro fue convicto de crimen organizado y lavado de dinero por ayudar a un cliente — el contrabandista de marihuana al por mayor José Antonio Fernández— a comprar una participación mayoritaria en el Sunshine State Bank en South Miami. El abogado fue convicto además de haber ayudado a los principales ejecutivos del banco, los acusados en el mismo juicio Ray y Rafael Corona, de lavar el dinero producto del contrabando de drogas.

López-Castro no se presentó el 28 de enero de 1986 en una prisión federal de Tallahassee, donde iba a empezar a cumplir su sentencia.

El juez de distrito federal James W. Kehoe firmó una orden de arresto contra López-Castro, quien había estado en libertad tras fianzas que totalizaban $260,000 mientras apelaba su convicción. A López-Castro le fue retirada su licencia de abogado después de ser convicto.

Los padres de López-Castro habían ofrecido su casa como parte de la garantía para las fianzas. López-Castro había entregado su pasaporte estadounidense, pero se sabía que viajaba frecuentemente a Costa Rica y Panamá.

Agentes federales registraron la casa de López-Castro en el 8100 Old Cutler Rd. en busca de información sobre su desaparición. La fiscalía finalmente confiscó la propiedad, que fue valorada en $350,000.

En el juicio, la esposa de López-Castro, Paulette, asistió a todas las sesiones del proceso. Ella también desapareció, según una historia de The Miami Herald de esa época. La pareja tenía dos hijos, Manuel, de 2 años, y Natalia, de 6.

Tras el largo juicio, el jurado federal halló culpables a López-Castro, quien entonces tenía 33 años, y al cuñado del contrabandista Fernández, Gerardo Jorge Guevara, de 42. Además, el jurado halló inocente a un tercer acusado, William Vaughn, de 64 años, pero no pudo ponerse de acuerdo en un veredicto sobre los dos acusados principales de ayudar al contrabandista de marihuana a comprar el banco de South Miami.

El jurado no llegó a un acuerdo en sus deliberaciones sobre Ray L. Corona, de 37 años, ex presidente de la junta directiva de Sunshine State Bank, y su padre Rafael L. Corona, de 64, el ex director ejecutivo del banco. Ambos fueron juzgados de nuevo en 1986, convictos y sentenciados a 20 y 5 años de cárcel, respectivamente.

Los dos Corona fueron acusados de recibir $2 millones de manos de Fernández (conocido en la calle como La Mentirita) y usar el dinero para comprar el Sunshine State Bank en mayo de 1978. La participación de Fernández en el banco fue oculta; en los papeles, el banco fue comprado por la esposa de un lavador de dinero panameño.

Antes del primer juicio, Fernández se declaró culpable de entrar de contrabando unas 600,000 libras de marihuana colombiana en Estados Unidos entre los años 1977 y 1984.

Fernández, quien testificó en contra de los demás acusados, explicó al jurado cómo él llenó bolsas de compras con efectivo y dio el dinero a los Coronas para comprar el banco, y como les pidió luego que ocultaran que él era el propietario.

Fernández fue condenado a 50 años por cargos de narcotráfico.

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