Los dueños de unos condominios en La Pequeña Habana sienten como si vivieran en el Titanic. Todo se está hundiendo.

“Tenemos miedo de caminar en nuestras propias salas, de entrar al baño, de ganar peso, porque nuestros pisos se hunden cada dia mas”, dijo Mario Pineda, de 53 años.

Justo en el apogeo de la burbuja inmobiliaria, entre el 2006 y el 2009, cerca de 20 vecinos compraron condominios en un complejo de edificios ubicados en la cuadra 900 de la segunda calle del SW. Algunos pagaron casi $190,000, un precio que estimaron justo para obtener un pedazo del Sueño Americano.

Desde afuera, todo se veía muy bonito. Había nuevos pisos de cerámica. Las paredes estaban recién pintadas y los baños tenían sanitarios nuevos.

La empresa que les vendió los condominios era Montara Land V LLC, creada en mayo del 2005 por el abogado Aníbal Duarte-Viera y el agente de bienes raíces Gabriel de la Campa. Registros condales indican que Montara Land V consiguió un préstamo hipotecario por $2.775 millones de Premier American Bank para realizar la compra del complejo de apartamentos que había sido construido en 1946.

“Compramos esas propiedades como inversionistas”, dijo Duarte-Viera.

Para octubre del 2006, Montara Land V había convertido los apartamentos en condominios bajo el nombre Havana Palms y los pusieron a la venta. Duarte-Viera dijo que había contratado a una empresa para administrar el edificio, y recuerda haber realizado algunos arreglos aunque no pudo dar detalles.

Las personas que compraron los condominios aspiraban a la vida típica de clase media y entre ellas hay un guardia de seguridad, una asistente de enfermera, una trabajadora de oficina, un obrero de construcción y un jardinero, además de ancianos retirados y personas deshabilitadas.

Todos recuerdan los grandes letreros rojos con letras blancas al frente del complejo que anunciaban la posibilidad de conseguir financiamiento público a través del Condado Miami-Dade y la Ciudad de Miami.

Muchos, como Reyna y Jesús García, recibieron la ayuda. Algunos recibieron un préstamo del Condado y otros una subvención de la Ciudad para nuevos propietarios que permanecen en el lugar por varios años.

“Todo el mundo se ilusionó al ver esto tan bonito y que lo podíamos comprar con ayuda del gobierno”, dijo Reyna García, de 39 años.

Duarte-Viera dijo que, en esa época, muchos gobiernos promovían programas para ayudar a los nuevos propietarios. Sin embargo, aseguró que no tuvo participación en conseguir los préstamos y subvenciones para aquellos que compraron los condominios en Havana Palms.

“El empresario inmobiliario no tiene nada que ver con el proceso de calificación de los propietarios”, explicó.

Como propietarios en Havana Palms, García y sus vecinos debían pagar una mensualidad de entre $166 y $220 a la asociación del condominio para el mantenimiento y para realizar arreglos generales a los edificios. Según los propietarios, la mensualidad se recolectaba a través de la empresa de Duarte-Viera y De la Campa. Hasta el 2011, Montara Land V todavía tenía posesión de alrededor de la mitad de las 33 unidades.

Desde el 2008, había evidencia de que los edificios tenían serios daños estructurales. Ese año, una de las tuberías del condominio se rompió y los desechos de los sanitarios empezaron a brotar desde los tubos. El olor era insoportable y varios residentes condenaron las puertas de salida al jardín, para evitar sentir el pestilente aroma.