SAN SALVADOR -- Gregoria Herminia Contreras tenía cuatro años cuando fue separada de sus padres por un soldado que la adoptó a la fuerza, la registró con un nuevo apellido y la llevó a su casa en momentos en que la guerra civil salvadoreña recrudecía.

Pese a que era una niña Contreras, hoy de 35 años, aún recuerda vívidamente las imágenes de los combates que antecedieron a la separación. “Salimos huyendo todos, junto a la casa, la familia y, de repente, todo termina porque nos capturan a nosotros, mis padres desaparecen”, dijo la mujer que ahora vive en ciudad de Guatemala.

En los últimos 20 años, cientos de padres víctimas de la guerra salvadoreña han padecido la incertidumbre y el dolor de no tener respuestas básicas a lo sucedido con sus niños, hoy jóvenes, desaparecidos. Algunos han perdido la esperanza de encontrarlos o dar con los responsables de los crímenes para llevarlos a los tribunales de justicia. Otros cientos de casos han sido resueltos y las familias ya se reencontraron o se encontraron los restos de los infantes.

Pero, por primera vez, la organización no gubernamental Probúsqueda dice haber documentado al menos una decena de casos de menores que fueron hurtados por militares salvadoreños, de bajo y mediano rango, para quedarse con ellos, para regalarlos o para ofrecerlos en adopción a cambio de dinero. Así, el Salvador se constituye en la segunda nación latinoamericana cuyas Fuerzas Armadas están involucradas en desaparecimientos, adopciones ilegales y retenciones de niños después de Argentina.

A diferencia del país austral, donde militares de alto rango se apropiaron de más de 500 niños durante una campaña clandestina contra opositores de izquierda, el rapto de menores en El Salvador ocurrió en medio de una guerra civil entre el estado y la guerrilla denominada Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Mientras la gran mayoría de los bebés argentinos nacieron en cautiverio y sus madres fueron asesinadas luego de dar a luz en los cuarteles donde habían sido encerradas y torturadas, los menores salvadoreños fueron separados de sus familias después de los combates que desplazaban a la población civil, víctima del conflicto.

Probúsqueda y la oficial Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, creada en 2010 por el presidente Mauricio Funes, a instancias de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005, creen que casos que involucran miembros del Ejército salvadoreño pueden aumentar dramáticamente si el Ministerio de Defensa atiende los pedidos y hace públicos los archivos de la guerra, que dan cuenta de los responsables de las operaciones castrenses durante la guerra.

Los militares, la mayoría ahora en retiro, también se han negado a practicarse las pruebas de ADN solicitadas. “Sin esos archivos no podemos señalar puntualmente tal militar”, dijo el procurador Óscar Humberto Luna.

“La gestión actual (gobierno del presidente Mauricio Funes) ha hecho cosas importantes a nivel de reconocimiento de responsabilidades por crímenes de guerra, pero me parece sorprendente que no se esté poniendo a disposición los archivos militares”, dijo María Ester Alvarenga, directora de Probúsqueda. “Siento frustración de que a estas alturas no se haya logrado nada”.