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DANIEL SHOER ROTH: Una embestida contra los salarios decorosos

 

dshoer@elnuevoherald.com

Tras una larga lucha de la comunidad por enarbolar los principios elementales de justicia social, en 1999 la Comisión del Condado Miami-Dade aprobó una ordenanza para conceder una vida más digna a miles de empleados de las empresas contratadas por el gobierno condal.

La Ordenanza del Salario Justo estableció que las compañías que proveen servicios al Condado por un valor superior a $100,000, deben pagar a sus trabajadores un salario mínimo indexado a la inflación. De este modo, las familias pueden mantenerse por encima del umbral de la pobreza.

En términos concretos, mientras que el salario mínimo por hora en la Florida es actualmente $7.79, el Salario Justo en Miami-Dade es $13.82 por hora, o $12.06 más $1.76 en beneficios de seguro médico.

Los condados Broward y Palm Beach también aprobaron ordenanzas similares, y algunos gobiernos municipales como Miami Beach siguieron esos pasos.

Dice un refrán que lo bueno no dura para siempre. Un proyecto de ley a discutirse hoy miércoles en el Comité de Asuntos Federales y Locales de la Legislatura de la Florida propone prohibir a los gobiernos locales conceder beneficios que no son requeridos por los gobiernos estatal o federal. Específicamente, les impide imponer a sus contratistas un salario mínimo para sus empleados, al igual que a empleadores que reciben subsidios tributarios.

Si los legisladores aprueban la propuesta HB 665 presentada por el representante Stephen “Steve” Precourt de Orlando, la nueva ley entraría en vigor el próximo 1ro. de julio, echando abajo el fruto del esfuerzo de los defensores de los derechos laborales en el sur de la Florida y aminorando a gran escala los ingresos de cientos de familias.

En el 2003, los legisladores prohibieron a los gobiernos locales establecer un salario mínimo en su jurisdicción. Sin embargo, aquella vez no limitaron la autoridad que tienen los gobiernos locales para fijar un salario mínimo entre sus empleados y los de las empresas que les suministran servicios.

Los opositores de estos beneficios argumentan que son una política peligrosa porque inflan los salarios de algunos empleados y potencialmente elevan los costos de trabajos similares en el sector privado. Según este bloque de legisladores que responde a los intereses de grupos de poder con grandes capitales, las ordenanzas locales de salarios mínimos llevan a algunos ciudadanos a una mayor pobreza y amenazan la existencia de ciertos negocios.

En cambio, los partidarios de estos reglamentos sostienen que los fondos del erario público no deben ser utilizados para fomentar mayor pobreza o financiar a empresas que pagan a sus trabajadores salarios por debajo del umbral de la pobreza. Por el contrario, el aporte de los contribuyentes debe servir para mantener o elevar los estándares de vida en la comunidad, especialmente el de las personas que ganan el pan con el sudor de su frente.

Las investigaciones de los economistas han demostrado que salarios más altos incrementan la productividad, reducen las tasas de rotación laboral y absentismo, promueven la estabilidad de la fuerza de trabajo y no impactan negativamente el índice de empleo.

El efecto principal de un aumento de salario mínimo es elevar el ingreso de los trabajadores que menos ganan y no tienen suficiente dinero para subsistir. Por cierto, una mayoría de los votantes tiende a favorecer el incremento del sueldo base. En el 2004, por ejemplo, los floridanos aprobaron una enmienda constitucional para crear un sueldo mínimo estatal que estuviera por encima del federal –cuyo valor real es drásticamente menor a lo que era en la década de los años 60– con incrementos anuales indexados a la inflación.

Aun así, la disminución del valor del salario mínimo en las últimas décadas ha hecho más difícil que los trabajadores de bajos sueldos y sus familias puedan mantenerse fuera de la pobreza sin depender de los servicios sociales del gobierno.

En un estado donde los trabajadores no están amparados por ningún organismo público, el Condado Miami-Dade ha hecho lo posible por proteger algunos derechos laborales de los residentes, especialmente si son contratados por el sector público o cientos de empresas privadas que le proveen servicios de seguridad, distribución, mantenimiento y administrativos.

Sería abominable que en nombre del crecimiento empresarial, la Florida invalide los salarios decorosos que reciben cientos de trabajadores, creando mayor desigualdad social y pobreza.

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