Miami-Dade

Condominios en La Pequeña Habana pasaron inspección pese a deterioro

 

msanchez@elnuevoherald.com

Menos de cuatro años antes de que se hundiera el piso de la sala de uno de los condominios en el complejo Havana Palms, la Ciudad de Miami aceptó la certificación de una firma privada de ingenieros que afirmaba que la estructura era segura.

Lo que los ingenieros de la firma no verificaron cuando realizaron la inspección en el verano del 2009 es que, meses antes, los residentes del complejo habían denunciado los daños estructurales en los edificios ante la Ciudad de Miami. De hecho, un inspector municipal concluyó entre abril y junio de ese año que los propietarios debían reparar las vigas de madera debajo de los pisos para garantizar su seguridad. Estos arreglos nunca se hicieron.

Los reportes del inspector municipal eran récords públicos. Pero los ingenieros de la firma GNP Engineering Group, Inc., de Miami, no los leyeron antes de certificar la seguridad de la estructura y del sistema eléctrico del complejo en el 960 SW Second Street, según documentos que forman parte de una denuncia formal contra uno de los ingenieros ante una junta estatal de profesionales.

No fueron los únicos.

Mariano V. Fernández, el director de Construcciones de Miami, aceptó el reporte de GNP en diciembre del 2009, sin hacer preguntas. Aparentemente, él tampoco sabía que sus propios inspectores habían encontrado problemas estructurales de los edificios.

“Cuando recibo un reporte firmado y sellado por un ingeniero profesional de la Florida, tengo que aceptar su palabra”, dijo Fernández. “No puedo cuestionar la autoridad que les ha otorgado el Estado”.

Esta falta de comunicación ha servido para aumentar la frustración de los vecinos que, por años, habían pedido ayuda de la Ciudad y el Condado por la deteriorada condición de los condominios que compraron con financiamiento público entre el 2006 y el 2009.

“La verdad es que no entiendo cómo se pudo haber aprobado la certificación cuando hay casos abiertos para realizar arreglos estructurales. Por favor explica esto”, escribió Daniel Bertolasa, uno de los propietarios, en una carta desesperada a un inspector municipal en abril del 2011. “Me pregunto si un edificio tiene que colapsar para que su departamento responda”.

Eso fue lo que pasó el 10 de enero, cuando se derrumbó el piso en la sala de Reyna García. Afortunadamente, nadie resultó herido. El dramático caso de Havana Palms fue reportado inicialmente por Bernadette Pardo en una columna publicada en El Nuevo Herald.

Los funcionarios municipales dicen que respondieron a las quejas de los vecinos cuando se enteraron de los problemas. En mayo del 2011, Bertolasa escribió otra carta junto con nueve de sus vecinos para denunciar lo que consideraban una falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades. Esta carta llegó a la atención de Fernández, entre otros funcionarios municipales y condales.

A raíz de esta ola de críticas, Fernández envió a un inspector a revisar al complejo, donde encontró que los pisos en algunos condominios se sentían “esponjosos” debido a problemas con la base de la estructura. También encontró rajaduras en las paredes y huecos entre el piso y las paredes. Además, el inspector reportó que las antiguas violaciones del 2009 nunca habían sido resueltas.

Tras esta investigación, Fernández informó a los ingenieros de GNP sobre las quejas y la nueva inspección. En julio del 2011, Fernández presentó una denuncia formal contra los ingenieros Benny González y Angel Paredes por supuesta negligencia en la certificación de la seguridad del edificio ante el Florida Board of Professional Engineers (FBPE).

González, el presidente de la firma, había inspeccionado el sistema eléctrico; Paredes, el vicepresidente, se hizo cargo de la inspección de la estructura de los edificios. Según su página de internet, la firma se especializa en las inspecciones de los edificios antiguos que se deben realizar 40 años después de su construcción, y repetirse cada década a partir de entonces.

En marzo del 2012, el FBPE desestimó el caso contra González porque éste no tuvo papel en la inspección estructural del complejo. El caso contra Paredes permanece abierto, aunque algunos expertos consultados por el FBPE han opinado que el ingeniero fue negligente. Los abogados George Truitt y Joseph Young, del bufete Cole, Scott & Kissane, P.A., están representando a Paredes. El martes, Truitt dijo que no podía comentar sobre un caso que estaba abierto.

El reporte de la firma y su respuesta ante el FBPE detalla cómo Paredes realizó la inspección del complejo de condominios a pedido de la empresa inmobiliaria, Montara Land V, LLC. Esta empresa de Anibal Duarte-Viera y Gabriel de la Campa había comprado el complejo de apartamentos en el 2005 y los convirtieron en condominios al año siguiente, cuando empezaron a vender las unidades. La inspección de la firma GNP ocurrió después de que Montara vendiera la mayoría de los condominios.

Según la respuesta de su abogado, Paredes indicó que inspeccionó el 25 por ciento de los condominios, aunque reconoció que sólo visitó aquellos donde Montara le permitió el acceso.

“No es sorprendente que cuando Montara le dio acceso al señor Paredes a los edificios, Montara no le informó que había violaciones pendientes o que existían problemas en los edificios”, escribió Young, a pesar de que esa información está disponible para el público en el Departamento de Construccciones en el cuarto piso del edificio municipal.

Los dueños de Montara Land V no respondieron el martes a un pedido de entrevista de El Nuevo Herald. En el 2011, la empresa inmobiliaria vendió los 13 condominios que le quedaban en Havana Palms al empresario italiano Constantino Cicchelli.

En su reporte, Paredes notó que su inspección del sótano ( crawlspace) fue limitada y que la visibilidad no era buena. Las entradas a los sótanos del complejo son demasiadas estrechas, aunque un inspector municipal logró entrar en el 2011. Paredes dijo que no había observado condiciones en los edificios que requirieran una investigación más profunda. La ordenanza condal que exige estas inspecciones de edificios antiguos no obliga a revisar toda la instalación.

“Las áreas visibles del sistema de pisos se observaban en buenas condiciones”, escribió Paredes en el reporte.

En una respuesta al FBPE, el abogado Young cuestionó los motivos de Fernández para denunciar a los ingenieros de la firma privada más de un año después de que él mismo había aceptado el reporte certificado.

“Esta propiedad claramente había sido descuidada por la Ciudad hasta que empezaron a sentir la presión de los residentes”, escribió Young. “La denuncia es un intento de desviar la responsabilidad de [la Ciudad] por su propio fallo de realizar las inspecciones apropiadas, hacer cumplir el código y asegurar la diligencia debida antes de aprobar una recertificación”.

Esta semana, Fernández defendió su decisión de aceptar el reporte de certificación en diciembre del 2009. Dijo que en ese momento, él personalmente no sabía de los problemas que su propios inspectores habían documentado. Como un proceso rutinario, dijo que aprueba los alrededor de 1,000 reportes de ingenieros certificados por el Estado para realizar estas inspecciones.

Funcionarios del FBPE dijeron que no podían comentar sobre los derechos de un funcionario como Fernández a aceptar o rechazar un reporte certificado hecho por un ingeniero licenciado por el Estado.

Por su parte, Charlie Danger, el funcionario encargado de las construcciones en el Condado, consideró que tiene el derecho de cuestionar los reportes de certificación.

“No tienes que aceptar un reporte si sabes que el edificio tiene problemas”, indicó. “Pero creo que lo que ocurrió aquí fue una falta de comunicación, entre Mariano y sus inspectores”.

Fernández dijo que está considerando revisar el proceso de aceptar los reportes certificados a raíz del caso de Havana Palms. Entre sus ideas: enviar un inspector municipal a los edificios antes de aprobar los reportes.

En su departamento, Danger explicó que un miembro de su equipo revisa el historial computarizado de los problemas y violaciones en las propiedades cuando le llega un reporte certificado.

“Si todo parece bien, entonces me lo mandan a mí para aprobarlo”, dijo. “Si hay problemas con el edificio, le mandamos una carta al propietario y a veces referimos casos al Estado, pero no aceptamos los reportes”.

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