WASHINGTON -- La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó este miércoles que una decisión suya de 2010 que obliga a los abogados de inmigrantes a informar a sus clientes que podían ser deportados si se declaran culpables de crímenes, no puede ser aplicada retroactivamente.

En su decisión “Padilla contra Kentucky” del 31 de marzo de 2010, la máxima instancia judicial del país sentenció que los abogados de inmigrantes deben informar a sus defendidos sobre las consecuencias de declararse culpables penalmente, en base a la sexta enmienda de la Constitución sobre los derechos de la defensa.

En esta ocasión, la Corte examinaba desde noviembre el caso de Roselva Chaidez, una mexicana que residía legalmente en Estados Unidos desde hacía más de 20 años cuando participó en una estafa por $26,000, de la cual se declaró culpable y fue condenada a cuatro años de libertad condicional.

Pero se enteró recién cuando solicitó la nacionalidad estadounidense que haberse declarado culpable la hacía pasible de ser expulsada, y en 2009 las autoridades estadounidenses comenzaron su proceso de deportación.

Chaidez apeló en base a la sexta enmienda, alegando que su abogado no le informó de las consecuencias de haberse declarado culpable, pero la Corte Suprema determinó este miércoles que su decisión de 2010 no puede aplicarse retroactivamente.

“Todos los jueces no podían estar razonablemente conscientes que los abogados debían informar a sus clientes de los riesgos de deportación” antes de la decisión de la Corte Suprema de 2010, según el fallo de ayer, aprobado por siete de los nueve magistrados del máximo tribunal.