Sospechoso en el caso de David Rivera será acusado de fraude con fondos de campaña

 

mcaputo@MiamiHerald.com

Un ex candidato que está siendo investigado por el FBI conjuntamente con el ex representante federal David Rivera tiene fijada fecha del viernes para ser acusado formalmente de delitos federales en relación con las finanzas de su campaña, revelaron fuentes a The Miami Herald y El Nuevo Herald.

Los cargos presentados contra Justin Lamar Sternad provienen de una investigación hecha por los periódicos, la cual encontró por primera vez discrepancias en sus informes de finanza de la campaña al Congreso el pasado agosto.

El FBI empezó entonces a investigar a Sternad, cuyos informes pudieron haber ocultado hasta $100,000 en servicios y volantes enviados por correspondencia, algunos de los cuales atacaban a un rival demócrata de Rivera, quien es republicano.

Sternad tiene cita para comparecer el viernes por la mañana ante el tribunal federal, acusado de mentir en sus informes federales de campaña para esconder la fuente de fondos secretos canalizados hacia su candidatura para el Congreso. Sternad está acusado además de conspirar con otros como parte del supuesto plan para estafar al gobierno de Estados Unidos.

Se espera que Sternad, quien está cooperando con las autoridades, se declare inocente. Su abogado, Enrique “Rick” Yabor, se negó a comentar al respecto.

Aunque Rivera es uno de los sujetos de la investigación, su nombre no aparece por ninguna parte en el acta de acusación de Sternad, indicó una fuente a los periódicos.

Sternad y dos contratistas de campaña que hicieron trabajos para él han hablado con el FBI y un gran jurado federal para describir la participación de Rivera en la voluble candidatura de Sternad al Congreso, la cual terminó el 14 de agosto al perder ante el demócrata Joe García, quien luego derrotó a Rivera en las elecciones generales.

Una amiga cercana de Rivera, Ana Alliegro, trabajó como gerente de campaña de Sternad y repetidas veces llevó gruesos fajos de dinero a Rapid Mail & Computer Service, declaró el dueño del establecimiento John Borrero a The Miami Herald, El Nuevo Herald y luego al FBI.

Otro contratista, Hugh Cochran de Campaign Data, aseguró a The Herald y a los agentes del FBI que habló con Rivera acerca de hacer consultas informáticas para identificar a los votantes a quienes se enviarían los diferentes volantes por correspondencia.

Un tercer contratista, Expert Printing, entregó los volantes pero se ha negado a hablar con The Herald y El Nuevo Herald.

Rivera ha negado haber hecho nada indebido. No pudo ser localizado el jueves para que comentara al respecto.

Alliegro, quien se suponía que debía hablar con el FBI en septiembre, no se presentó a sus encuentros con agentes federales y se rumora que está en el extranjero. Inicialmente, los padres y el abogado de Alliegro no conocían su paradero. Ahora ella ha estado en contacto con ellos.

Sin el testimonio de Alliegro, las autoridades federales podrían tener dificultades para determinar los verdaderos vínculos de Rivera con los fajos de billetes no reportados que financiaron la campaña de Sternad.

Sternad se convirtió en blanco de una pesquisa del FBI poco después de que se publicara una serie de historias en The Miami Herald y El Nuevo Herald cuestionando su campaña durante las primarias demócratas. Sternad había enviado al menos una docena de volantes por correspondencia bien diseñados y centrados en diferentes grupos de votantes: medioambientalistas, afroamericanos, partidarios de medidas de inmigración de línea dura y personas de tendencias rurales.

Uno de los volantes, enviado a mujeres, criticaba duramente a Joe García por su divorcio. El volante se hacía eco de una línea de ataque que se originó con Rivera.

La campaña de García, que se negó el jueves a hacer comentarios, encontró la sofisticada labor de campaña altamente sospechosa para un candidato novato sin nombre reconocido y con pocos recursos monetarios. Sternad, hombre casado con cinco hijos y empleado de un hotel de Miami Beach, había tenido problemas financieros en el pasado.

No obstante, a pesar de los costosos envíos de volantes por correspondencia, los informes de campaña de Sternad en ese momento no listaban contratistas de campaña y alegaban que él sólo había recaudado $11,383.60, lo cual no era suficiente ni con mucho para cubrir el costo de los envíos por correspondencia hasta julio.

Luego de que los contratistas de campaña dijeran a The Herald que muchos de los gastos de Sternad eran pagados en efectivo y excedían enormemente las cantidades listadas en sus informes, Sternad alegó entonces que se había prestado a sí mismo $64,356.70, una suma gigantesca para una persona cuyos recursos eran mínimos.

“Yo no reporté anteriormente este préstamo porque no tenía idea de las obligaciones monetarias finales en que incurriría mi campaña”, escribió Sternad a la Comisión Federal de Elecciones (FEC).

“Ahora he recibido facturas de esos gastos”, escribió, “y esta enmienda representa la liquidación de esas facturas”.

Expertos afirman que es un delito federal presentar a sabiendas falsos informes de finanzas de campaña. Y aquellos que presentan esos documentos deliberada y conscientemente no siempre pueden escapar a un juicio por medio de enmendar los informes a posteriori.

Cuando era hora de presentar el informe de cierre de su campaña, Sternad decidió no hacer más estragos. Presentó 17 páginas en blanco a la FEC.

Sternad tomó la medida extraordinaria de invocar su derecho a no autoincriminarse en una carta del 19 de octubre.

“Por consejo de mi abogado, invoco mi derecho bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos a no responder o presentar la información solicitada en el Formulario 3 de la FEC, sobre la base de que podría incriminarme a mí mismo”, escribió Sternad.

“Por favor, remita todas las preguntas adicionales a mi abogado, Rick L. Yabor”.

Pronto, Sternad empezó a colaborar con las autoridades. Fuentes dijeron que él nunca había estado en contacto directo con Rivera. Ese era el trabajo de Alliegro. Se dice que Alliegro se refería a Rivera como “D.R.” o “El Gánster”.

Ya para las elecciones del 2012, Rivera se había hecho de una reputación como el “chico malo” de la política de Miami-Dade. Evitó por un pelo una acusación estatal de 52 cargos tras una investigación de sus finanzas personales y de campaña.

El IRS, no obstante, asumió la investigación donde la dejó el estado y comenzó a inspeccionar a Rivera en relación con un contrato por $500,000 con un canódromo, Magic City Casino, para hacer un referéndum a favor de las máquinas tragamonedas en el condado Miami-Dade.

Rivera negó al principio haber sido pagado por sus servicios. Más tarde indicó que el dinero, pagado a la compañía de su madre, era un préstamo, de modo que él nunca había recibido pago alguno.

El nubarrón de investigaciones y los cambios en las declaraciones de Rivera acabaron dando al traste con su reelección en el recientemente rediseñado Distrito 26, que se extiende de Kendall a Cayo Hueso. Perdió ante García por casi 11 puntos porcentuales, en un distrito que el Presidente, un demócrata, ganó por alrededor de 7 puntos.

El Director y Gerente General de El Nuevo Herald Manny García y la reportera de The Miami Herald Patricia Mazzei contribuyeron a esta información.

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