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BERNADETTE PARDO: Las camaritas

 

bpardollada@yahoo.com

Para muchos es peor que mencionar la soga en la casa del ahorcado.

Cualquier frase que incluya las palabras cámaras y semáforos provoca pasiones entre los choferes que se juegan la vida en nuestras junglas de asfalto.

Conocedores de que, como en la vieja Roma, la popularidad con frecuencia depende de dar pan y circo, varios de nuestros políticos locales han declarado la guerra a las camaritas que retratan a los que se llevan la luz roja. Así, lo primero que hizo el alcalde Carlos Hernández para ganar la elección fue eliminar el uso de las camaritas en la ciudad de Hialeah. Una medida muy aplaudida por aquellos que creen que las normas de tráfico se escribieron para que los demás las cumplan y les cedan el paso sin importar el color de la luz.

Ahora, en Tallahassee varios políticos del sur de la Florida están encabezando los esfuerzos por tumbar la legislación que permitió instalar las camaritas.

La representante estatal de Miami, Daphne Campbell, patrocina la propuesta para prohibir el uso de las cámaras en los semáforos. El sistema generó más de un millón de multas el año pasado y por cierto varias de esas multas se las llevó el esposo de la legisladora que aparentemente tiene un irresistible deseo de apretar el acelerador cada vez que llega a una luz roja.

Pues bien, la representante Campbell alega que su deseo de prohibir las camaritas no tiene nada que ver con las cinco multas que ya llegaron al hogar familiar sino con la justicia social. Su argumento es que los residentes de su distrito son muy pobres y no pueden afrontar la multa de $158, que sube a $268 si no se paga en 30 días.

Entiendo que uno de los requisitos para ser político es decir cosas absurdas sin inmutarse y que en este terreno Campbell es toda una maestra, pero me parece que la legisladora debería avergonzarse porque, vamos a ver, ¿está diciendo que por debajo de cierto nivel de ingresos no hay que respetar la ley? ¿que las personas de bajos ingresos son malos choferes por naturaleza? Hacía tiempo que no escuchaba cosas tan absurdas.

Otro representante estatal de Miami Dade, José Félix Díaz, considera que la ley de las camaritas es inconstitucional porque viola el derecho a la privacidad. Aparentemente Díaz no sabe que las camaritas están instaladas en la vía PUBLICA. Enfatizo el calificativo, PUBLICA. ¿Qué privacidad puede existir en una vía pública? Por si me escucha, –aló señor Díaz– las vías públicas sirven para que todos transitemos por ellas, las pagamos todos y se supone que deben ser lo más seguras posibles. Vamos, que el que no quiera ser visto en una vía pública tiene un fácil remedio: quedarse en la privacidad de su casa. Sólo en la cabeza de Díaz existe una vía pública con privacidad.

De los legisladores estatales empeñados en eliminar las camaritas el único que tiene un argumento de recibo es Carlos Trujillo. Según Trujillo no se ha demostrado que el uso de las camaritas ayude a la seguridad vial mientras que se ha convertido en una lucrativa fuente de ingresos para las ciudades y los condados. Hasta cierto punto sus argumentos son válidos.

Los estudios que se han publicado estos días muestran una reducción de accidentes en las intersecciones con camaritas pareja a la reducción global de los accidentes de tráfico que se vive en las calles de nuestro condado.

La esquina de la muerte en la Florida, la intersección donde ocurre el mayor número de accidentes mortales de todo el Estado, está en la ciudad de Miami en el semáforo de la US 1 y la 17 avenida. Según el reporte de la policía de Miami, desde que instalaron la camarita, el número de accidentes en este cruce se redujo en un 56 %.

Respecto a la parte del negocio, los críticos dicen la verdad. Aunque se podría utilizar el mismo argumento para casi todo lo que se mueve en un sistema capitalista. Una compañía privada con sede en Arizona gana millones de dólares instalando y operando la mayoría de las camaritas en la Florida. Y las ciudades y condados que las utilizan ingresaron $51 millones el año pasado. La ciudad de Miami encabeza la lista con un total de $4.9 millones generados por las nuevas multas. La tajada más grande, $83 por cada multa, se la lleva el Estado sin hacer nada. Y lo que debían hacer el Estado y la Legislatura con ese dinero es reforzar la campaña contra accidentes subsidiando la instalación de mejores sistemas de señalización y ayudando a las víctimas de los conductores salvajes.

En estos tiempos que vivimos, recae sobre las ciudades la obligación de combatir el crimen, una misión cada día más costosa. Miami se gasta un promedio de $80,000 en el salario, beneficios y equipo de cada policía en servicio. En lugar de asignar a policías a la vigilancia de intersecciones, Miami emplea a 8 civiles, los llaman PSAs o empleados de apoyo, que revisan los videos de cada cámara y detectan posibles violaciones. Dos policías profesionales evalúan la evidencia fotográfica y tienen la última palabra en emitir o no la multa.

Ni los civiles, ni los policías dedican a esta labor más allá de unas pocas horas a la semana. Es decir, la vigilancia de docenas de intersecciones problemáticas puede llevarse a cabo con un coste muy reducido para las arcas municipales.

En mi opinión, protegernos del crimen es una misión cada día más compleja y costosa para nuestros gobiernos locales. El uso de cámaras para multar a los conductores irresponsables que se cobran vidas inocentes es eficiente y razonable.

Admito que yo pueda tener algún prejuicio porque si algo aprendí en más de 30 años como reportera de televisión es que las cámaras no mienten. Los políticos sí.

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