Acusan a ex candidato en escándalo ligado al ex congresista David Rivera

 

mcaputo@MiamiHerald.com

Un ex candidato cuyas sospechosas finanzas de campaña llevaron a una investigación por parte del FBI del ex representante federal de Miami David Rivera, fue acusado el viernes en una corte federal de tres delitos graves.

Esposado en sus muñecas, cintura y pies, Justin Lamar Sternad se declaró no culpable de cargos de conspiración, falso testimonio y contribuciones ilegales de campaña.

Se espera que Sternad llegue a un arreglo extrajudicial al cooperar con las autoridades federales en su investigación de Rivera y la amiga cercana del ex representante Ana Alliegro, quien manejó la desastrosa campaña para las primarias demócratas para una banca en el Congreso federal en un distrito que se extiende de Kendall a Cayo Hueso.

Ni Rivera ni Alliegro aparecen mencionados por su nombre en el documento de acusación federal de 10 páginas, que menciona a “otros conspiradores” de Sternad no identificados, quienes entregaron personalmente efectivo y cheques a proveedores de campaña.

En total, Sternad recibió durante el pasado verano al menos $81,486 en efectivo y cheques no informados, indicó el documento de acusación. El dinero ayudó a pagar algunos volantes que atacaban a un rival demócrata del republicano Rivera.

“Este fue un mensaje para Rivera. Es una previa de lo que parecerá la acusación formal contra Rivera”, declaró David S. Weinstein, quien una vez encabezó las acusaciones federales de corrupción pública en el Distrito Sur de la Florida, a The Miami Herald y El Nuevo Herald después de revisar el caso.

Rivera, quien ha mantenido su inocencia, se negó a hacer comentarios, pero mencionó pasadas declaraciones en las que dijo que nunca ha sido informado por las autoridades de una investigación federal.

Weinstein destacó que el documento de acusación indica que los fiscales buscan un “pez grande”. Una señal de la cooperación de Sternad: fue acusado mediante una hoja de “información” presentada directamente por los fiscales, en vez de por una acusación formal de un gran jurado.

La información acusadora contra Sternad es casi tres veces más larga que las hojas típicas de información y se presentó con detalles —números de cheques, nombres de cuentas bancarias, fechas de transacciones— que indican lo que Rivera enfrenta, declaró Weinstein.

Stenard enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión y $250,000 por cada cargo, pero probablemente obtenga una sentencia mucho menor, afirmó Weinstein, al destacar que el acusado pudo enfrentar cargos mas serios de lavado de dinero.

“Está claro que Stenard está hablando, está diciendo lo que sucedió y lo que sabe”, declaró Weinstein. “Si esto fuera una información estándar, y no un disparo contra Rivera, no hubiera tenido todos los detalles que se ven”.

Pero, según Weinstein, Rivera podría ser difícil para la fiscalía, porque no está claro dónde se encuentra Alliegro.

Se suponía que Alliegro se reuniera en septiembre con los agentes del FBI, pero no lo hizo e inicialmente desapareció. El abogado Mauricio Padillo, quien asistió a la audiencia de Sternad, señaló que no podía hacer un comentario sobre su clienta.

Enrique “Rick” Yabor, el abogado de Sternad, declinó hacer comentarios.

Rivera ha dicho que nunca se reunió con Sternad, un novato político y trabajador nocturno de un hotel, que vive en Cutler Bay.

El documento federal también muestra que una compañía de impresión con largos lazos con Rivera, Expert Printing & Graphic, en el Doral, desempeñó un papel central en la supuesta conspiración, al recibir tanto efectivo como cheques y pagarle a otro proveedor a nombre de Sternad.

Enrique “Henry” Barrios, vicepresidente de Expert Printing, administra el único proveedor de campaña mencionado en el caso que se ha negado a hacer comentarios a The Herald.

Luego de una investigación de The Miami Herald y El Nuevo Herald, agentes del FBI comenzaron en agosto a entrevistar a los proveedores de campaña que afirmaron que Rivera estaba detrás de la campaña de Sternad.

El involucramiento de Alliegro en la campaña de Sternad fue una llamada de atención. Ella no es sólo una confidente de Rivera, sino que se describe a sí misma como una “chica mala republicana”. Sternad aspiró como demócrata. Técnicamente, si ganaba la primaria del 14 de agosto, enfrentaría a Rivera en las elecciones generales.

Sternad perdió la primaria con Joe García, pero no sin antes comenzar a adoptar las líneas de ataque de Rivera contra el demócrata, que finalmente derrotó al representante republicano.

Para difundir su mensaje, Sternad recibió múltiples cantidades de efectivo de “otros conspiradores”, afirmó el documento de acusación federal. Algunos de ellos entregaron el efectivo a su nombre a proveedores de campaña para cubrir los costos de enfocarse en los clientes, así como diseñar, imprimir y enviar por correo una docena de volantes.

Sternad no informó de casi ninguno de sus gastos hasta que The Miami Herald y El Nuevo Herald plantearon interrogantes sobre cómo el trabajador sin experiencia política tuvo la sofisticación y el dinero para diseñar y enviar los volantes.

Algunos correos iban dirigidos a los ambientalistas, a personas de línea dura contra la inmigración, a votantes rurales y a mujeres. Otros que tenían la frase “Lamar nos llevará lejos” estaban dirigidos a los votantes negros y presentaban sólo a políticos afroamericanos. El rostro de Sternad no aparecía en los correos.

Después que el Herald comenzó a investigar la campaña de Sternad, el candidato arregló sus informaciones para decir que se había prestado a sí mismo $64,000, en lugar de los $10,800 que reportó inicialmente.

Resulta que Sternad sólo se prestó a sí mismo $300. El resto fueron cantidades de efectivo no reportadas que iban de $500 a $22,000 e involucraban a tres bancos.

Sternad —quien gana menos de $30,000 anuales y tiene una familia de cinco— posee poco dinero en el banco. A menudo toma el autobús para ir a trabajar.

En una señal casi de lástima, Thomas Mulvihill, fiscal federal adjunto, habló a nombre de Sternad al pedir a la jueza Alicia M. Otazo-Reyes que permitiera al acusado ir a las estaciones de autobuses. Sternad tiene prohibido estar en centros de transporte, como los aeropuertos, y tuvo que entregar todos los documentos de viaje que pudiera tener. Sternad también colocó una fianza de garantía personal de $100,000.

Según alega el gobierno federal, la conspiración comenzó tan temprano como el 25 de mayo, cuando “un conspirador le entregó personalmente $500 en efectivo” a Sternad. Depositó $300 en su cuenta de campaña y aparentemente se guardó el resto.

Unas dos semanas después, su cuenta de campaña recibió dos inyecciones por un total de $10,500. El mismo día en que recibió el último pago, Sternad pagó entonces la tarifa para estar en la boleta electoral.

El efectivo era tan escaso para Sternad que, después de que un “conspirador depositó $1,060 en efectivo” en su cuenta, rentó un vehículo de Enterprise Rent-A-Car para manejar por el distrito, indicó el documento de la corte.

En julio, la campaña de Sternad comenzó a recibir inyecciones mayores y mayores de efectivo de fuentes no mencionadas. La campaña también comenzó a pagar a un diseñador gráfico y empleados no mencionados de Expert Printing, conocido también como Inkpression, por desarrollar y producir correos.

A mediados de julio, “un conspirador le entregó personalmente $10,000 en efectivo a Expert Printing. Otros $15,901.35 en efectivo fueron entregados a Rapid Mail & Computer Service, que ayudó a rotular y enviar los correos.

John Borrero, dueño de Rapid Mail, afirmó a The Herald/El Nuevo Herald que parte del efectivo fue enviado en sobres con billetes de $100. Borrero también aseguró que Rivera se encontraba detrás de la campaña.

Otro proveedor de campaña, Hugh Cochran, de Campaign Data, no aparece en el documento de acusación. Ayudó a producir datos de computadora para enfocarse en los clientes a nombre de Sternad.

Rivera indicó que recibió equivocadamente un correo electrónico de Cochran. Después de que Cochran afirmó que Rivera estaba detrás del esfuerzo de Sternad, Rivera lo acusó de ser mentalmente débil.

Rivera enfrenta simultáneamente otra investigación federal, encabezada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), por un contrato de $500,000 que orquestó en secreto con un canódromo para promover una exitosa iniciativa de máquinas de juego.

Rivera ha negado haber hecho algo incorrecto. El fiscal en ese caso es el mismo que en éste: Thomas Mulvihill.

El viernes, Mulvihill declinó hacer comentarios. Su jefe, el fiscal federal Wifredo Ferrer, emitió una declaración por escrito: “Estamos comprometidos a promover la transparencia y la responsabilidad de nuestros funcionarios electos y de los que aspiran a un cargo. Nuestros ciudadanos no merecen menos”.

Más de Es noticia esta semana

El Nuevo Herald

Súmese a la
discusión

el Nuevo Herald tiene el gusto de ofrecerle la oportunidad de compartir información, experiencias y observaciones sobre las noticias que cubrimos. Los comentarios que haga pueden ser publicados tanto en nuestro sitio en línea como en el periódico. Lo invitamos a que participe en un debate abierto sobre los asuntos del día y le pedimos que evite el uso de palabras obscenas, frases de odio, comentarios personales y señalamientos que puedan resultar ofensivos. Gracias por ofrecernos sus opiniones.

el Nuevo Herald utiliza una aplicación de Facebook para su sistema de comentarios. Usted debe ingresar con su cuenta de Facebook para hacer comentarios en nuestro sitio. Si tiene preguntas acerca de cómo hacer comentarios usando su cuenta de Facebook, haga click aqui.

¿Tiene información noticiosa que compartir con nosotros? Haga click aqui para enviarnos su información o inscríbase para participar en la red de Public Insight Network, que le permite convertirse en una fuente de información para el Nuevo Herald y The Miami Herald.

Esconder Comentarios

Esto afectará los comentarios en todas las historias.

Canceler OK


Empleo

Palabras clave(s) Ciudad Estado Categoria