PALMA DE MALLORCA -- Numerosos manifestantes abuchearon el sábado al yerno del rey de España momentos antes de que lo interrogara un juez sobre las denuncias de que él y un socio desviaron millones de euros de dinero público mediante operaciones fraudulentas.

La investigación ha avergonzado profundamente a la monarquía en un país asolado por una crisis financiera y un desempleo altísimo. El escándalo figura entre los peores contratiempos de relaciones públicas que la casa real ha afrontado en los 37 años del rey Juan Carlos en el trono.

El sábado, miles de personas se manifestaron en Madrid en contra de las duras medidas de ahorro el gobierno.

Iñaki Urdangarin, que no está acusado formalmente de delito alguno, ingresó en el tribunal de Palma de Mallorca en medio de escenas de tensión callejera, en las que un contingente de unos 170 policías mantenía a los inconformes a distancia del inmueble.

Urdangarin, casado con la infanta Cristina, la segunda hija del rey, niega que haya cometido alguna irregularidad.

En su segunda comparecencia judicial, el Duque de Palma, título que ostenta, no se detuvo para hacer declaraciones y emitió un seco “buenos días” a unos 100 periodistas acreditados mientras ingresaba al tribunal acompañado de su abogado Mario Pascual Vives.

Urdangarin fue citado para que respondiera a puerta cerrada en un tribunal de esta isla del Mediterráneo si aprovechó su estatus para conseguir jugosos contratos a favor de una fundación no lucrativa que dirigía y después desvió fraudulentamente el dinero para su provecho personal.

El gobierno conservador de Mariano Rajoy ha maniobrado en un intento por blindar al rey de cualquier posible daño colateral a causa del caso Urdangarin y ha destacado la valía de Juan Carlos para la nación.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno, defendió el viernes el papel del rey en tres ocasiones durante una conferencia de prensa tras la reunión del gabinete y subrayó la aportación del monarca de 75 años de edad a favor de la “estabilidad política” y “la consolidación de la democracia” en España.

Según la ley española, el tribunal decidirá si la Fiscalía tiene pruebas suficientes para presentar cargos contra el duque.

Grupos de manifestantes sumaron fuerzas bajo el lema “Marea Ciudadana, 23F”, en alusión al ataque del 23 de febrero de 1981 contra el Parlamento. Los organizadores dijeron que España, “está bajo un golpe financiero” y llamaron a la población a marchar .