Por décadas ha sido un lugar común repetir que la política estadounidense hacia Washington ha sido un rehén del exilio de Miami. Esta verdad a medias ha servido tanto para explicar los desvaríos de una serie de medidas erradas como el pretexto perfecto para justificar cualquier falta de iniciativa. Ya no más. Tras ganar dos elecciones presidenciales donde el voto del sector más recalcitrante de la comunidad exiliada ha quedado rezagado, a la Casa Blanca no le queda más remedio que asumir la plena responsabilidad por lo que haga o deje de hacer respecto a un mejoramiento de los vínculos con La Habana.

Ha sido precisamente una organización del exilio, el Cuba Study Group, quien acaba de exponer la necesidad de cambiar esta situación. En el documento Restablecimiento de la Autoridad Ejecutiva sobre la Política de los Estados Unidos hacia Cuba plantea la inutilidad de una estrategia que no solo ha resultado poco efectiva en el objetivo de llevar la democracia a la isla, sino que deja en manos del Congreso lo que debe ser una función ejecutiva.

“La codificación del embargo de EEUU contra Cuba no ha logrado cumplir con los objetivos establecidos en la Ley Helms-Burton de lograr un cambio de régimen y la restauración de la democracia en Cuba. El continuar ignorando esta verdad evidente no sólo es contraproducente para los intereses de Estados Unidos, sino que es también cada vez más perjudicial para la sociedad civil cubana”, afirma el documento.

Desde su promulgación en 1996, de forma apresurada, a raíz del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate y el asesinato de cuatro residentes de Estados Unidos –tres de ellos ciudadanos norteamericanos–, la famosa Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act ha recibido tantas opiniones negativas, que su valor queda opacado por el aluvión de críticas.

“En lugar de aislar a Cuba, el resultado de la Ley Helms Burton ha sido de aislar a EEUU en su enfoque político y socavar su capacidad para dirigir la política internacional hacia Cuba, ahora, y posiblemente en el futuro”, señala el documento del Cuba Study Group.

Al pasar de ser un instrumento político del ejecutivo a un cuerpo legal, el embargo quedó convertido en un instrumento jurídico cuya eficacia y vigencia está no sólo expuesta a la discusión en el Congreso, para determinar si cumple con sus funciones o no, sino sujeto a revisiones periódicas donde los legisladores se ven obligados a sopesar el valor de la legislación frente a las necesidades de sus estados y los intereses de sus contribuyentes.

La Helms-Burton puso en evidencia que lo que hasta entonces era un aspecto de la política exterior norteamericana –y un instrumento para asegurarse los votos presidenciales de la comunidad cubanoamericana cada cuatro años– constituía también un problema nacional, con implicaciones económicas para estados donde el voto cubano es inexistente, y una fuente potencial de conflictos comerciales internacionales, donde pesan más los vínculos entre países que la causa cubana. Al tratar de ampliar el alcance del embargo, la ley encontró su némesis.

El proceso ha resultado particularmente doloroso para el exilio de Miami, porque una ley que nació bajo una fuerte carga emocional –el derribo de las avionetas– ha servido paradójicamente para sacar a la luz tanto su aislamiento como sus limitaciones.

Desde el inicio, la solución vicaria ensayada por Clinton, como una respuesta oportunista ante un hecho que escapó a su control, ha resultado un claro ejemplo de la demagogia de Washington hacia lo que ocurre a unas cuantas millas de su traspatio. Una demagogia que no conoce límites partidistas.

Mientras no resulten afectados los intereses primordiales de esta nación, o los fundamentos y valores esenciales del país –como ocurrió en el caso del niño Elián González– en Washington se puede jugar a que el exilio tiene un poder de decisión casi absoluto.

El Cuba Study Group señala una serie de aspectos en que el gobierno de Barack Obama puede avanzar en el intento de promover el cambio en Cuba, desde autorizar la importación de ciertos bienes y servicios procedentes a las empresas e individuos cubanos que participan en actividad económica independiente certificable hasta autorizar viajes por licencia general para las ONG y permiso para abrir cuentas bancarias cubanas, así como la revisión de la calificación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo. Por supuesto que la puesta en práctica de estas y otras medidas similares no es una garantía ni mucho menos para que en la isla florezca la libre empresa y el respeto a los derechos humanos. Se sabe que las reformas en Cuba son lentas, por momentos agónicas e incompletas. Pero repetirlo, no hacer nada y sentarse a esperar sin asumir riesgo alguno no es la solución.