La ejecución de Paul Augustus Howell, programada para el martes, ha vuelto a poner el proceso de la pena de muerte en la Florida bajo el microscopio.

Howell, de 42 años, fue declarado culpable en 1992 del asesinato con una bomba casera del agente Jimmy Fulford, de la Patrulla de Carreteras de la Florida, en el condado de Jefferson, al este de Tallahassee. Si Howell muere por inyección letal en la fecha prevista, sus abogados dicen que será el primer recluso de la Florida que muera sin que su caso haya sido examinado en un tribunal federal en virtud de un recurso de habeas corpus. Argumentan que Howell merece esa revisión, y la oportunidad de procurar otro juicio.

Dicen que el tribunal nunca supo de la situación de conflicto de interés que afectaba a su abogado procesal, ni del hecho de que no se informó a la corte del daño cerebral de Howell, de su paranoia, de su situación de abuso cuando era menor de edad, o de la pérdida de sus documentos de la corte. Y la corte nunca supo de la defectuosa representación de Howell por parte del abogado de apelación, que dejó pasar un plazo crucial para la revisión federal del caso.

“Los abogados que nunca conocieron al cliente en los 13 años que lo representaron, perdieron sus récords en una inundación y no han pedido otros nuevos”, dijo Sonya Rudenstine, de Gainesville, una nueva abogada contratada por la familia del recluso. “Si esto no fuera tan trágico, sería una comedia de errores”.

La Corte Suprema de la Florida rechazó la semana pasada una apelación presentada por los nuevos abogados de Howell. La corte dijo que no podía atender reclamaciones que se pueden plantear en la corte federal, y sus abogados han presentado una nueva solicitud en la Corte Federal de Distrito de Tallahassee.

La revisión de habeas corpus es de rutina en los casos de pena de muerte en que el gobierno federal proporciona a los reclusos un abogado con experiencia y pagado con fondos federales, para que su caso sea presentado ante una corte federal como un nivel final de protección antes de la ejecución.

La apelación presentada a última hora por Howell para ganar más tiempo, se produce cuando la Legislatura de la Florida se está moviendo en otra dirección: la de limitar el tiempo de que deben disponer los reclusos para conseguir que sus casos sean revisados.

Un proyecto de ley que está siendo impulsado en la Cámara de la Florida por el representante republicano Matt Gaetz, de Shalimar, aceleraría el tiempo que se necesita para ejecutar a los condenados a muerte en la Florida en un promedio estimado en cinco años.

Según Gaetz, los reclusos pasan actualmente un promedio de 14 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutados. Su proyecto de ley no sólo limitaría el tiempo que los tribunales estatales tienen para revisar los casos, sino que prohibiría que ningún abogado considerado como ineficaz por la corte, se hiciera cargo de un caso de pena capital durante cinco años.

Sin eso, argumenta Gaetz, los opositores de la pena de muerte seguirán teniendo el argumento convincente “de que el castigo cuesta demasiado y no disuade eficazmente de la delincuencia”.

Howell, miembro de una pandilla jamaicana de narcotraficantes, fue declarado culpable después de fabricar una bomba casera para matar a una mujer del condado de Jackson, que tenía información que podría vincularlo a un asesinato relacionado con las drogas en el sur de la Florida. Escondió la bomba en un horno de microondas envuelto para regalo y envió a un conductor para que lo entregara.