El juicio de deportación contra el ex ministro de la Defensa de El Salvador, José Guillermo García, que quedó suspendido en diciembre, se reanuda el lunes por la mañana en el tribunal de inmigración de Miami.

Funcionarios del Centro de Justicia y Responsabilidad, un grupo de activistas que defienden los derechos humanos y que representa a uno de los testigos en el caso, dijeron que el juez de inmigración Michael Horn tiene previsto seguir escuchando testimonio y terminar el juicio esta semana.

El juicio es el más reciente ejemplo de un cambio político histórico para el gobierno de los Estados Unidos. Durante gran parte del siglo pasado, las administraciones estadounidenses estaban del lado de los dictadores o comandantes militares de derecha en América Latina, viéndolos como baluartes contra el comunismo.

Muchos de ellos se jubilaron y emigraron a Estados Unidos, incluso después de haber sido vinculados por organizaciones de derechos humanos a asesinatos, secuestros o tortura de opositores políticos.

Pero en el 2000, las autoridades de inmigración estadounidenses adoptaron una nueva política nacional y comenzaron a buscar y deportar a cientos de presuntos represores. García es sólo el último presunto represor en ser llevado a juicio por lograr su expulsión del país.

Las autoridades de inmigración buscan deportar a García en virtud de una ley del 2004 que permite que represores extranjeros vinculados a denuncias de violaciones de derechos humanos sean expulsados. Los fiscales del Departamento de Seguridad Interna (DHS) acusan a García de no haber hecho nada para detener o investigar las violaciones masivas de derechos humanos en El salvador cuando era ministro de la Defensa entre 1979 y 1983.

Bajo la ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo del 2004, cualquier extranjero puede ser deportado si un juez de inmigración determina que cuando se encontraba “fuera de los Estados Unidos, cometió, ordenó, incitó, ayudó, o de cualquier forma participó en la comisión” de tortura o ejecuciones no autorizadas.

En febrero del 2012, un juez de inmigración en Orlando utilizó la ley del 2004 para ordenar la deportación de otro ex oficial militar salvadoreño, el ex jefe de la Guardia Nacional Carlos Eugenio Vides Casanova, quien ahora está apelando el fallo.

Se espera que el juicio de García se reanude con el interrogatorio por parte de la defensa de una testigo del gobierno, Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford que está considerada como experta en las operaciones de escuadrones de la muerte en El Salvador.

Karl había terminado su testimonio directo cuando el juez Horn suspendió el juicio diciendo que no podía terminarlo dentro de los cinco días que había asignado para el caso. Lo reprogramó para principios de este año.

En su testimonio, Karl, dijo que García alentó a que sus subordinados cometieran atrocidades porque pertenecía a un grupo de oficiales militares de línea dura que se oponían a militares reformistas que en ese momento estaban tratando de mejorar la situación de derechos humanos en El Salvador.

Se espera que la abogada de inmigración de García, Alina Cruz, comience a interrogar a Karl el lunes.

Si el interrogatorio de Karl termina el lunes, García comenzaría a testificar el martes. En la corte de inmigración, los acusados que enfrentan deportación están obligados a declarar.

Dado el tono de las preguntas de Cruz a los testigos en el juicio, se espera que García niegue las acusaciones de que fue responsable de atrocidades y que no hizo nada para detenerlas.

Cruz ha dicho en el tribunal que García no tuvo ninguna responsabilidad por las masacres o secuestros que realizaron las fuerzas de seguridad porque no tenía el control total de las fuerzas armadas de su país. Cruz también ha dicho que habían muchos oficiales y soldados renegados que actuaban por su cuenta.

“El nunca ha sido encontrado culpable en ningún tribunal del mundo”, apuntó Cruz.

No se espera que el juez anuncie su decisión sobre la deportación al termino del juicio. Esta vendría por escrito semanas o meses más tarde.

Si el Juez Horn ordena la deportación de García, éste podrá acudir a la Junta de Apelaciones de Inmigración en Washington. Si la junta rechazara la apelación, García podría entonces apelar al tribunal federal de apelaciones para el onceavo circuito en Atlanta, Georgia. Si este tribunal rechaza la apelación, el último recurso de García sería la Corte Suprema de Justicia.