MADRID -- La justicia española prohibió el lunes la salida del país de Luis Bárcenas, ex tesorero del gobernante Partido Popular (PP), y ordenó la retirada de su pasaporte, al considerar que existe riesgo de fuga por las evidencias que le relacionan con un presunto escándalo de corrupción.

Bárcenas es la figura clave de varios casos de corrupción que afectan al gobierno de Mariano Rajoy. Por un lado, se le investiga por la aparición de una cuenta en Suiza con 30 millones de dólares vinculados a una presunta trama de financiación irregular del partido. Además, se la relaciona con unos registros que documentan supuestos sobresueldos bajo la mesa a dirigentes populares, incluido el propio Rajoy.

El ex tesorero del PP testificó el lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga los fondos de Suiza y su relación con la red de empresarios que presuntamente financiaron al partido durante años a cambios de concesiones.

En un auto de 10 páginas, Ruz consideró que existen “múltiples indicios” de la comisión por parte de Bárcenas de “presuntos delitos contra la Hacienda Pública, contra la Administración Pública y de blanqueo de capitales”.

En ese sentido, el magistrado ordenó confiscar su pasaporte para evitar una posible fuga del país y le obligó a comparecer cada 15 días ante el juzgado.

Uno de los argumentos esgrimidos por Ruz son los constantes viajes de Bárcenas al extranjero. En los últimos meses, y pese a estar bajo investigación judicial, el ex tesorero ha sido fotografiado practicando el esquí en algunas de las estaciones más exclusivas de los Alpes franceses.

Hace un mes, el abogado de Bárcenas desvinculó la fortuna de Suiza de cualquier actividad ilícita y dijo que el dinero era fruto de muchos años de negocios e inversiones legales.

Bárcenas, de 55 años, también es el presunto autor de unos documentos que recogen casi 20 años de una supuesta contabilidad alternativa con retribuciones sistemáticas bajo la mesa a dirigentes del PP, incluido el propio presidente Rajoy. El dinero de esos pagos procedía supuestamente de donaciones anónimas de empresas privadas, constructoras en su mayoría.