Propietarios de La Pequeña Habana se quejaron ante autoridades

 

msanchez@elnuevoherald.com

Cuando los dueños de unos condominios en La Pequeña Habana supieron en el 2009 de los problemas estructurales en las propiedades que acababan de comprar, buscaron la ayuda de varias autoridades locales.

Llamaron a los inspectores locales. Escribieron cartas a las agencias gubernamentales que les ayudaron a financiar las compras con cerca de $1 millón en fondos públicos. Contactaron a sus funcionarios electos para quejarse de los empresarios inmobiliarios que les habían vendido los condominios.

Recibieron algunas respuestas, pero ninguna de ellas les pareció adecuada para arreglar las precarias condiciones de sus nuevos hogares, o para salir de sus deudas sin arruinar sus historiales de crédito.

En noviembre del 2010, el comisionado condal Bruno Barreiro ofreció transformar en subvenciones los préstamos condales que habían recibido ocho de los propietarios para comprar los condominios. Los vecinos rechazaron la oferta porque no sabían si los condominios durarían los 30 años que requieren las subvenciones.

Hace un mes, el piso en una de las unidades colapsó. Y los vecinos siguen sin resolución.

“¿A quién podría reclamarle? ¿A los ingenieros? ¿A cada inspector que mandaron los bancos?”, preguntó Barreiro, durante una entrevista con El Nuevo Herald.

En ningún momento, Barreiro sugirió la posibilidad de reclamarles a los empresarios inmobiliarios de Montara Land V, LLC, quienes vendieron 19 de los 32 condominios en el complejo entre el 2006 y el 2010.

Barreiro es un antiguo amigo de Anibal Duarte-Viera y Gabriel de la Campa, quienes crearon esta empresa en el 2005.

De hecho, por más de una década Duarte-Viera ha formado parte de una fundación caritativa de Barreiro que reparte juguetes a los niños pobres y organiza un almuerzo para los ancianos en su distrito cada Navidad.

El comisionado aseguró que intentó ayudar a los propietarios y que su amistad con Duarte-Viera y De la Campa no influyó en sus acciones.

Pero los vecinos no saben en quién confiar.

“Nos preguntamos si la relación entre el comisionado Barreiro y los developers influenció en todo esto”, dijo Jenny Márquez, quien en febrero del 2007 compró un condominio por $149,000 con la ayuda de casi $100,000 en préstamos y subvenciones gubernamentales.

No está claro cuándo empezó a deteriorarse la base estructural de los cinco edificios que componen el complejo, en el 960 SW 2 Street.

Según registros públicos, Montara Land compró el complejo de apartamentos por $2.5 millones en el 2005. Los convirtieron en condominios al año siguiente. Montara invirtió unos $120,000 en hacer arreglos al sistema eléctrico y a la tubería, además de instalar un sistema de aire central, de acuerdo con los permisos que obtuvieron de la Ciudad.

También instalaron losas sobre los pisos de linóleo, aunque nunca sacaron el permiso requerido para realizar este trabajo u otros arreglos estructurales en ese entonces.

Entre diciembre del 2006 y marzo del 2009, Montara Land vendió 18 de las unidades a compradores, 14 de los cuales calificaban para la ayuda gubernamental. Los precios de los condominios fueron bajando a medida que reventaba la burbuja en el mercado inmobiliario de Miami, pero las ventas variaron desde $119,000 por una habitación a $184,000 por dos. Para el 2010, cuando el mercado se había desplomado, vendieron otro condominio por $44,000.

Al no poder vender los restantes 13 condominios, Montara Land empezó a alquilar algunos de ellos, según los vecinos. Finalmente se los vendió al inversionista Constantino Cicchelli por $475,000, o sea, menos de $37,000 por unidad, en marzo del 2011. Duarte-Viera y De la Campa disolvieron la empresa en septiembre de ese año.

Los dueños de las unidades dicen que los pisos mostraron evidencia de deterioro poco después de que se mudaran al complejo. Tras una inspección municipal en el 2009 que encontró problemas debajo de los pisos, Montara Land realizó algunas reparaciones, pero el trabajo nunca fue completado, según registros públicos.

Duarte-Viera, quien ha hablado brevemente con El Nuevo Herald en semanas recientes, ha dicho que recuerda haber realizado algunos arreglos en el complejo, pero no sabía los detalles.

En aquel entonces los vecinos pedían que Montara Land se hiciera responsable de reparar los daños estructurales. De lo contrario, ellos pedían que se les perdonaran sus deudas y se les permitiera solicitar nuevamente a ayuda condal y municipal para comprar viviendas en mejores condiciones.

Una serie de correos electrónicos y cartas demuestran que desde el 2009, los dueños de condominios presentaron sus quejas a los comisionados que representan de su distrito a nivel condal y municipal, a los administradores de los programas de ayuda para primeros compradores, a los departamentos locales de Construcciones y de Códigos, y al Departamento de Regulaciones de Negocios de la Florida.

Cuando Barreiro ofreció modificar las deudas, los propietarios no aceptaron porque no estaban de acuerdo con las condiciones de la propuesta. El proyecto de resolución estipulaba que los residentes debían permanecer en sus viviendas por 30 años para que la deuda fuera perdonada. De mudarse o vender, deberían pagar la cantidad completa.

En octubre del 2011, el Condado ofreció otra solución: les permitió vender o alquilar sus viviendas antes del período estipulado en el préstamo.

“Esta exención ha sido aprobada dadas las condiciones estructurales inseguras de la propiedad, y la falta de cumplimiento con los códigos de construcción de la Ciudad por parte de los agentes inmobiliarios”, escribió Rubén Arias, director de Asuntos Públicos de Miami-Dade.

Pero los vecinos también rechazaron esta oferta. Para entonces sus viviendas se habían devaluado tanto, que aunque alguien las quisiera comprar, el dinero de la venta no seria suficiente para pagar sus deudas hipotecarias. Actualmente, los condominios han sido valorados entre $41,770 y $48,450, según registros de la Oficina del Tasador de Miami-Dade.

A nivel municipal, el subdirector de Desarrollo Comunitario de la Ciudad les escribió en noviembre del 2011 que recomendaría el perdón total o parcial de las deudas ante un comité con autoridad sobre estos asuntos. Un total de nueve propietarios habían recibido ayuda del gobierno municipal. Sin embargo, la Ciudad no podía permitir que los propietarios participaran una vez más en el programa para primeros compradores como habían pedido.

Por ahora, los vecinos de Havana Palms creen que, debido a que Montara Land V fue disuelta, su único recurso es una demanda legal contra los tasadores privados que no encontraron problemas estructurales cuando realizaron sus inspecciones antes de las compras, además de la firma de ingenieros que certificó la seguridad estructural del complejo en el 2009.

Juana Blandón, una de las pocas propietarias que no recibió ayuda del gobierno para comprar su condominio, se encuentra en el grupo que está en conversaciones con un abogado que aceptó llevar el caso pro bono. En el condominio de Blandón, el piso del baño se partió por la mitad y actualmente la bañera está apoyada sobre un par de tablas.

“Será que tendremos que demandar a los bancos, los inspectores y a todos los responsables para que se resuelva esto”, dijo Blandón. “No nos queda de otra”.

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