Cuando los dueños de unos condominios en La Pequeña Habana supieron en el 2009 de los problemas estructurales en las propiedades que acababan de comprar, buscaron la ayuda de varias autoridades locales.

Llamaron a los inspectores locales. Escribieron cartas a las agencias gubernamentales que les ayudaron a financiar las compras con cerca de $1 millón en fondos públicos. Contactaron a sus funcionarios electos para quejarse de los empresarios inmobiliarios que les habían vendido los condominios.

Recibieron algunas respuestas, pero ninguna de ellas les pareció adecuada para arreglar las precarias condiciones de sus nuevos hogares, o para salir de sus deudas sin arruinar sus historiales de crédito.

En noviembre del 2010, el comisionado condal Bruno Barreiro ofreció transformar en subvenciones los préstamos condales que habían recibido ocho de los propietarios para comprar los condominios. Los vecinos rechazaron la oferta porque no sabían si los condominios durarían los 30 años que requieren las subvenciones.

Hace un mes, el piso en una de las unidades colapsó. Y los vecinos siguen sin resolución.

“¿A quién podría reclamarle? ¿A los ingenieros? ¿A cada inspector que mandaron los bancos?”, preguntó Barreiro, durante una entrevista con El Nuevo Herald.

En ningún momento, Barreiro sugirió la posibilidad de reclamarles a los empresarios inmobiliarios de Montara Land V, LLC, quienes vendieron 19 de los 32 condominios en el complejo entre el 2006 y el 2010.

Barreiro es un antiguo amigo de Anibal Duarte-Viera y Gabriel de la Campa, quienes crearon esta empresa en el 2005.

De hecho, por más de una década Duarte-Viera ha formado parte de una fundación caritativa de Barreiro que reparte juguetes a los niños pobres y organiza un almuerzo para los ancianos en su distrito cada Navidad.

El comisionado aseguró que intentó ayudar a los propietarios y que su amistad con Duarte-Viera y De la Campa no influyó en sus acciones.

Pero los vecinos no saben en quién confiar.

“Nos preguntamos si la relación entre el comisionado Barreiro y los developers influenció en todo esto”, dijo Jenny Márquez, quien en febrero del 2007 compró un condominio por $149,000 con la ayuda de casi $100,000 en préstamos y subvenciones gubernamentales.

No está claro cuándo empezó a deteriorarse la base estructural de los cinco edificios que componen el complejo, en el 960 SW 2 Street.

Según registros públicos, Montara Land compró el complejo de apartamentos por $2.5 millones en el 2005. Los convirtieron en condominios al año siguiente. Montara invirtió unos $120,000 en hacer arreglos al sistema eléctrico y a la tubería, además de instalar un sistema de aire central, de acuerdo con los permisos que obtuvieron de la Ciudad.

También instalaron losas sobre los pisos de linóleo, aunque nunca sacaron el permiso requerido para realizar este trabajo u otros arreglos estructurales en ese entonces.

Entre diciembre del 2006 y marzo del 2009, Montara Land vendió 18 de las unidades a compradores, 14 de los cuales calificaban para la ayuda gubernamental. Los precios de los condominios fueron bajando a medida que reventaba la burbuja en el mercado inmobiliario de Miami, pero las ventas variaron desde $119,000 por una habitación a $184,000 por dos. Para el 2010, cuando el mercado se había desplomado, vendieron otro condominio por $44,000.