Washington -- El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó el martes una demanda de un grupo de periodistas, abogados y activistas de derechos civiles estadounidenses contra la ley de espionaje de comunicaciones electrónicas a extranjeros sospechosos de terrorismo.

Con 5 votos contra 4 los jueces del Supremo rechazaron los esfuerzos de un grupo de abogados, periodistas y organizaciones de derechos civiles como Amnistía Internacional para detener los poderes ampliados en 2008 de la ley Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

La legislación permite que el Departamento de Justicia y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) puedan vigilar y obtener información de comunicaciones electrónicas sin una orden judicial previa, lo que según los demandantes pone en peligro la privacidad de los estadounidenses.

El Supremo indicó el martes en su sentencia que los demandantes “no pueden demostrar un perjuicio futuro” por la ley de espionaje e incluso si demostraran que la vigilancia de sus contactos con extranjeros es inminente, se basan en “especulaciones”, ya que el gobierno podría hacer uso de otras vías que no están dentro del caso analizado.

El juez Samuel Alito, que representa a la mayoría, dijo que los miembros del Supremo “se han mostrado reacios a dar peso a teorías que se basan en suposiciones”.

El Supremo no se pronunció hoy sobre la constitucionalidad de los nuevos poderes de espionaje de conversaciones de la ley FISA, aprobada originalmente en 1978, y solo se centró en determinar si los demandantes pueden desafiar la legislación en tribunales federales.

Según la ONG Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (UCLA, por sus siglas en inglés), la enmiendas de 2008 a la ley permiten que los cada vez mayores poderes de espionaje del gobierno queden exentos de control por parte de un tribunal y suponen una amenaza a las libertades civiles.

En representación de la opinión discrepante, el magistrado Stephen Breyer indicó que no se pueden argumentar motivos especulativos y recordó que “existe una alta probabilidad de que el gobierno intercepte al menos algunas comunicaciones electrónicas”.

“El Gobierno tiene fuertes motivaciones para escuchar conversaciones de la clase descrita por los demandantes”, afirmó.