Ex ministro de Defensa admite que había tortura en El Salvador

 

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El ex ministro de Defensa de El Salvador, José Guillermo García, admitió el martes durante su juicio de deportación en Miami que sabía de las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas bajo su mando, pero aseguró que trató de poner fin a los abusos.

“Traté de aliviar esa situación por medio de órdenes a las fuerzas armadas, y en forma pública, para obtener un compromiso de la institución armada”, declaró García.

En respuesta a preguntas de su abogada, Alina Cruz, García declaró que trató de deshacerse de oficiales de las fuerzas armadas que estaban acusados de cometer atrocidades. Como ejemplo, García dijo que fue él quien personalmente despidió del ejército al mayor Roberto D’Abuisson, quien ha sido ampliamente vinculado a la creación y operación de escuadrones de la muerte en El Salvador.

Asimismo, dijo García, liberó a prisioneros políticos, permitió que la Cruz Roja Internacional tuviera acceso, sin previo aviso ni cortapisa, a todas las instalaciones y centros de detención de las fuerzas armadas. Insistió también que autorizó el inicio de investigaciones sobre casos de masacres, asesinatos y torturas.

Las declaraciones de García, de 79 años, son las primeras en público desde que llego a Estados Unidos hace 25 años sobre acusaciones globales en su contra de que no hizo nada para parar abusos. García ha presentado testimonio en otros casos civiles en cortes federales, pero esas acusaciones se centraban sobre hechos específicos de tortura o asesinato, no acusaciones de que el era responsable de todas las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas militares bajo su mando cuando era ministro de Defensa entre 1979 y 1983. También es la primera vez que García responde personalmente a las acusaciones en su caso de deportación de que toleró y fomentó violaciones de derechos humanos mientras estuvo en el cargo.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) busca que el juez de inmigración que preside el juicio, Michael Horn, ordene la deportación de García bajo una ley del 2004 que permite que cualquier acusado extranjero que sea vinculado a tortura y ejecuciones no autorizadas pueda ser expulsado del país. La ley dice específicamente que el extranjero puede ser deportado si un juez de inmigración determina que cuando se encontraba “fuera de los Estados Unidos, cometió, ordenó incitó, ayudó, o de cualquier forma participó en la comisión” de tortura o ejecuciones no autorizadas.

García negó específicamente que él en algún momento haya ordenado el asesinato, secuestro o tortura de alguien en El Salvador o cualquier otra parte.

“Nunca he ordenado, ni nunca he estado de acuerdo con la tortura porque mis principios me lo prohíben”, dijo.

Durante más de dos horas de testimonio, García habló en tono claro, mesurado y con voz firme y alta, que se podía oír perfectamente en toda la sala del tribunal.

Podría haber prestado testimonio por varias horas más, pero no lo hizo porque los fiscales de DHS le informaron al juez que habían decidido no hacer contra interrogatorio de García.

Loren Coy, el fiscal principal a cargo del caso por parte de DHS, no explicó en la corte por que se había hecho esa decisión, que el juez Horn calificó de “inusual”. Después Coy dijo que no podía hacer comentario sobre la decisión.

En lugar de interrogar a García, Coy trajo de nuevo al banquillo de los testigos a Terry Karl, académica de la Universidad de Stanford que es considerada como experta en la guerra civil salvadoreña y que anteriormente prestó testimonio como testigo del gobierno.

En su testimonio del martes, Karl dijo que aunque García tomo algunas decisiones alentadoras al principio de su mandato como ministro de la Defensa, luego se vio que en la mayoría de los casos las investigaciones que ordenó resultaron falsas, inconclusas o asignadas a amigos y colegas cercanos dentro de las fuerzas armadas,

Como evidencia de que García no había tomado acciones verdaderas, Karl cito el texto de un cable que el entonces secretario de estado de los Estados Unidos, George Shultz, había enviado a la embajada estadounidense en San Salvador describiendo una llamada telefónica del presidente Ronald Reagan al presidente salvadoreño de esa época, Alvaro Magaña, en la que Reagan exigió que se hiciera más para detener los abusos.

En la llamada en 1983, el año en que García renunció a su cargo, Reagan exige a Magaña que la Cruz Roja Internacional tenga acceso irrestricto a los centros de detención y que se investiguen, arresten y se lleven a juicio a los oficiales involucrados en masacres y, específicamente, el asesinato de dos asesores estadounidense sobre reforma agraria en San Salvador en 1981.

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