Dueño de clínica de Miami recibe 14 años de cárcel por fraude al Medicare

 

jweaver@MiamiHerald.com

Un empresario local que mudó su cadena de clínicas de salud mental del condado Miami-Dade a Carolina del Norte después de que las autoridades federales sospecharon que estaba estafando al Medicare, fue sentenciado el lunes a 14 años de cárcel y a devolver $28 millones al programa financiado por los contribuyentes.

Tras las barras desde su arresto en mayo del 2012, Armando “Manny” González se declaró culpable en diciembre de robar decenas de millones de dólares al Medicare por medio de facturar fraudulentamente al programa federal y lavar los resultados para financiar su fastuoso estilo de vida.

González, de 50 años, traficante convicto de cocaína que se unió a las huestes de estafadores del Medicare a mediados de la década del 2000, había abierto un par de clínicas de salud mental en Kendall y Cutler Bay. Para el 2008, se habían mudado –él y su negocio– a Carolina del Norte a fin de mantenerse un paso por delante de los agentes federales. Pero ellos lo alcanzaron.

Antes de su arresto, González planeaba abrir otra clínica psicoterapéutica en Tennessee.

Junto a otros implicados, González fue acusado de cargos de conspiración para estafar $63 millones al Medicare. Se le ordenó permanecer en prisión sin derecho a fianza, ya que la fiscalía alegó que representaba un “riesgo de fuga” a Cuba, su país natal.

Docenas de inmigrantes cubanos acusados en el sur de la Florida de tratar de engañar al programa federal de atención médica han huido a la isla, la cual históricamente se ha hecho de la vista gorda y no devuelve a los fugitivos a Estados Unidos porque las dos naciones carecen de un acuerdo de extradición.

En diciembre, González se declaró culpable ante la jueza de distrito federal Cecilia Altonaga de una cuenta de conspiración para cometer fraude de atención médica y otro de conspiración para lavado de dinero. Según los términos de su acuerdo extrajudicial, González aceptó que le confiscaran propiedades y pertenencias por valor de varios millones de dólares, incluyendo $987,910 incautados en julio así como una casa de un acre, vehículos y otros activos en Hendersonville, Carolina del Norte.

Varias personas más fueron acusadas de participar en el negocio de González, Health Care Solutions Network, y hasta el momento 10 de ellas se han declarado culpables.

Según documentos judiciales, la compañía facturó al Medicare y al programa de Medicaid de la Florida por supuestos servicios de atención médica mental que los pacientes no necesitaban o que nunca se les brindaron.

Las tres clínicas de González — acusadas de entretener a los pacientes con películas y la televisión en lugar de darles verdaderas sesiones de psicoterapia de grupo — cobraron $28 millones en pagos del Medicare del 2004 al 2011. Abogados del Departamento de Justicia dijeron en documentos judiciales que la “vasta mayoría” del dinero “desapareció”, y que una “porción sustancial… fue lavada a través de corporaciones fachada”.

Ya se han declarado culpables en el fraude John Thoen, enfermero diplomado que fue condenado a nueve años de cárcel, y tres empleadas: Alexandra Haynes, Serena Joslin y Sarah Da Silva Keller.

Daniel Martínez, Raymond Rivero, Ivón Pérez y Alba Serrano, operadores de tres hogares de vida asistida en el área de Homestead llamados Mi Renacer, God Is First y Kayleen & Denis Care, también se declararon culpables.

Los operadores de hogares de vida recibían sobornos de González a cambio de suministrarle un constante flujo de pacientes, muchos de los cuales sufrían de demencia senil y el mal de Alzheimer y no podían ser beneficiados por la terapia, según la fiscalía.

“Una vez que los pacientes no calificados eran admitidos a [Health Care Solutions Network], los empleados de González inventaban prácticamente todo en sus expedientes médicos de salud mental”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

“Los falsos expedientes médicos se utilizaban entonces para apoyar facturas falsas a programas de beneficios de atención médica patrocinados por el gobierno, así como para evitar la detección de los auditores del Medicare”.

El caso fue fiscalizado por los abogados litigantes William Parente y Allan J. Medina de la sección de fraude del Departamento de Justicia, y agentes del FBI y la oficina del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU dirigieron la investigación.

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