WASHINGTON -- El Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzó el miércoles a analizar la vigencia de la histórica ley de 1965 que, con el fin de evitar la discriminación en el derecho al voto de la minoría negra, limitó la capacidad de algunos estados para modificar la normativa electoral.

La llamada Ley de Derecho al Voto, promulgada por el presidente Lyndon Johnson, está considerada uno de los mayores logros de la revuelta pacífica por los derechos civiles que vivió EEUU en los años 60.

Mientras el Supremo escuchaba el miércoles los argumentos de las partes, al otro lado del parque y en la Rotonda del Capitolio, Barack Obama, el primer presidente afroamericano de EEUU., develó una estatua de Rosa Parks, la militante negra que en 1955 se negó a abandonar en un autobús un asiento reservado para blancos.

La desobediencia de Parks fue uno de los detonadores del movimiento de los derechos civiles contra la segregación racial, y la ley de 1965 fue la consecuencia política de aquella revuelta que transformó al país.

“Ni un paso atrás, no volveremos al pasado”, dijo el miércoles a la multitud frente al Tribunal Supremo, Martin Luther King III, hijo del adalid de la lucha contra la segregación racial Martin Luther King, asesinado en 1968.

La Constitución de EEUU ha reconocido el derecho de los negros a votar desde 1868, pero en muchos estados, sobre todo en el sur, se promulgaron leyes con requisitos complicados, combinados con la intimidación, para impedir que los negros se registraran para votar, y que los pocos registrados de hecho votaran.

Esas leyes también cobijan a los otros grupos étnicos que residen en el país.

El caso que llegó el miércoles al Tribunal lo inició el condado Shelby, de Alabama, donde la mayoría de la población es blanca y se afirma que el requisito de pedir permiso al gobierno federal para cada ajuste del sistema local de votación es oneroso e inapropiado.

El condado objetó, específicamente, la Sección 5 de la ley que requiere que las jurisdicciones con la peor historia de persistente discriminación en el voto obtengan permiso del gobierno federal antes de hacer cambios en los sistemas de votación que perjudiquen a las minorías.

Los sectores conservadores en Estados Unidos sostienen que casi medio siglo después de la vigencia de la ley, ya no es necesaria la supervisión federal para impedir la intimidación de los votantes.

Pero el asunto ha resurgido en los últimos dos ciclos electorales cuando numerosos estados aprobaron leyes y regulaciones que hacen más severa la identificación de votantes, y más complicado el requisito de documentos para el registro, medidas que también han sido denunciadas por los representantes de la minoría hispana, la más numerosa hoy en día.

El año pasado el Departamento de Justicia recurrió a la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto para impedir la aplicación de leyes en Carolina del Sur y Texas que aumentaron los requisitos de identificación de los votantes.

En EEUU no hay un registro nacional de votantes ni un documento nacional de identificación, y los sectores conservadores sostienen que esto deja abierta la senda para el fraude electoral.

En las últimas dos décadas el gobierno federal ha aplicado más de 2,000 veces la Sección 5 para impedir la entrada en vigor de cambios propuestos de los sistemas de votación en los estados que bajo la ley requieren autorización federal.

En la audiencia de hoy, el presidente del Tribunal, John Roberts, y el juez Anthony Kennedy se mostraron escépticos acerca de la relevancia de la Sección 5 en el presente. Los analistas consideran que ambos magistrados representan los votos indecisos en la causa.

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