Violencia imparable en Honduras pese a políticas de seguridad de Lobo

 

AFP

Honduras mantiene la tasa de homicidios más alta del mundo, con 85.5 asesinatos por cada 100,000 habitantes, pese a la política de seguridad del gobierno de Porfirio Lobo, que incluye el envío de militares a patrullar las calles, advirtieron este miércoles expertos en violencia.

La tasa de homicidios de 2012 fue ligeramente inferior a la del año precedente (86.5 por cada 100,000), pero aún muy por encima del promedio mundial, que la Oficina contra el Crimen y el Delito de la Organización de las Naciones ubica en 8,8, precisó en un informe el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Recientemente, el presidente Lobo mandó a 2,000 efectivos a patrullar las calles de las ciudades más violentas del país, en apoyo a una fuerza policial de 14,500 efectivos que no ha sido capaz de contener la desbocada ola de delincuencia que atenaza al país.

La presencia policial y militar se hace sentir no sólo en los centros urbanos, sino también en las barriadas y en las unidades de transporte público.

Una ley promovida por el gobierno prohíbe que dos hombres puedan viajar juntos en una misma motocicleta, con el fin de dificultar el accionar de los sicarios o asesinos a sueldo.

Al mismo tiempo, se han aprobado las intervenciones telefónicas, se instalaron cámaras en las calles de las principales ciudades y se estableció un sistema de denuncias mediante la línea del 911.

Pero la medida más dura del gobernante ha sido la depuración de la Policía Nacional, tras revelarse que sedes enteras estaban comprometidas en actividades de crimen organizado: narcotráfico, secuestro, robo de autos, sicariato y extorsiones, entre otros delitos.

Según estimaciones del ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, unos 4,000 miembros de la Policía deberían ser separados de sus cargos por diversas faltas y delitos.

Para la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, quien personalmente presentó el informe, el gobierno de Lobo no tiene una adecuada política de seguridad y, por lo tanto, es lógico que los resultados sigan siendo los mismos.

Castellanos reconoció que el año pasado se detuvo la tendencia al crecimiento de la tasa de homicidios, que se incrementaba anualmente a razón de 7 a 8 muertes por cada 100,000 habitantes, y más bien se redujo ligeramente: de 86.5 a 85.5 por cada 100,000 habitantes.

Sin embargo, expresó, esto es “insuficiente” y en nada modifica el triste papel que hace Honduras como líder mundial en número de muertes violentas.

Según explicó, durante 2012 el promedio de homicidios por mes se mantuvo en unos 500, pero esa cifra se disparó en diciembre a 738, por lo que habría que esperar a ver la evolución del fenómeno.

Josué Murillo, miembro de la ONG Alianza por la Paz y la Justicia, dijo a la AFP que el reforzamiento de la acción policial no garantiza una merma de la criminalidad.

“La gente tiene más miedo a la policía y a los militares que a los delincuentes, por eso es que se exige una verdadera depuración de los órganos de seguridad del Estado”, subrayó.

La organización emplazó a Lobo en un manifiesto --difundido durante la presentación del informe--, para que a más tardar el 30 de marzo “presente un plan de seguridad ciudadana” que “permita articular acciones efectivas de combate de la delincuencia común y organizada”.

El problema de la seguridad, aseguró la Alianza, está vinculado a una serie de factores que deben ser considerados al momento de elaborar un plan integral.

Entre esos factores se deben considerar “las actividades del narcotráfico y el crimen organizado que van en continuo aumento, el desempleo juvenil que promueve la asociación con pandillas, y otros como la pobreza, conflictos por los recursos y la injusticia social en general”, señaló Alianza.

Honduras es uno de los países más pobres del continente americano, con un 70 por ciento de sus 8,2 millones de habitantes en la pobreza y un 45 por ciento de su población económicamente activa desempleada.

Además, el país se encuentra en una posición geográfica a medio camino entre los países productores de cocaína de Suramérica y el mercado final de la droga, Estados Unidos.

Según las autoridades norteamericanas, el 90 por ciento de la droga que entra a Estados Unidos llega por México y Centroamérica y, de esta región, especialmente por Honduras y Guatemala.

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