Venezuela, promovido por los líderes de la Revolución Bolivariana como un paraíso de los trabajadores en el siglo XXI, luce cada vez más como un auténtico infierno para los sindicalistas, ante denuncias de que cientos de sus dirigentes han sido enjuiciados por exigir mejoras laborales y de que decenas de ellos han sido asesinados.

Dos informes elaborados por separado por organizaciones de protección a los derechos humanos señalan que Venezuela se ha convertido en un lugar muy peligroso para las organizaciones sindicales y que 77 dirigentes de este tipo de movimientos fueron víctimas del sicariato en el 2012.

Los asesinatos se produjeron en el marco de un aumento de las protestas de los trabajadores exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según el informe Venezuela: violencia sindical e impunidad en 2012, elaborado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

“El incremento de la violencia sindical se enmarca en un contexto de suma conflictividad laboral […] En este período se registraron 77 asesinatos de trabajadores o sindicalistas, principalmente en el sector de la construcción”, indicó el informe.

El número de homicidios del 2012 casi triplicó la cifra de 28 asesinatos de sindicalistas durante el año anterior, dijo el informe.

Venezuela tiene una de las más altas tasas de homicidios del mundo, equivalente a 67 por cada 100,000 habitantes.

El país también tiene una de las más altas tasas de impunidad, ya que las autoridades sólo esclarecen nueve de cada 100 casos de homicidios reportados.

El informe señaló que el incremento de la violencia sindical se produjo en medio de un creciente número de jornadas de protestas por temas laborales, las cuales representaron el 41 por ciento de las 5,483 manifestaciones registradas el año pasado en el país.

La gran mayoría de estas protestas fueron realizadas por empleados estatales que exigían el cumplimiento de las obligaciones laborales contraídas por el gobierno.

El gobierno venezolano, que bajo el mandato del presidente Hugo Chávez ha emprendido una ola de expropiaciones, es por lejos la mayor organización patronal del país.

El incremento del sicariato sindical también se da en momentos en que Venezuela registra un alarmante incremento del sicariato político, reportó el informe anual sobre Prácticas de Derechos Humanos por Causas Políticas, elaborado por la ONG de derechos humanos Venezuela Awareness Foundation.

“Recrudece la persecución política contra dos grupos: los periodistas y los sindicalistas”, resaltó el documento que también reportó el asesinato de 77 sindicalistas.

“Los 20,000 asesinados anualmente por el hampa, esconden a las víctimas del sicariato político”, denunció el informe.

Según el trabajo de Venezuela Awareness, muchas de las víctimas eran ciudadanos de bajo perfil, que participaban en las marchas o realizaban labores comunitarias consideradas como hostiles por la Revolución Bolivariana.

“Es el ciudadano común que realiza un trabajo en su área a favor de la oposición, de su comunidad, y que suman erróneamente en la lista de asesinados como víctimas del hampa, muertes que quedan en la completa impunidad”, sostuvo.

Patricia Andrade, presidenta de Venezuela Awareness, dijo que gran parte de la represión contra el movimiento sindical es emprendida por el propio Estado, cuyo gobierno ha procesado judicialmente a más de 1,200 sindicalistas por salir a la calle a reclamar sus derechos.

“No hay dudas que la actividad sindical es amenazada en Venezuela”, comentó Andrade.

“El movimiento sindical venezolano se resiste a perder su independencia como movimiento de trabajadores, y ante la unidad y fortaleza que han mostrado los trabajadores y sus representantes, el gobierno ha arremetido contra ellos, criminalizando las protestas que han realizado en forma pacífica”, sostuvo la activista.

El encarcelamiento y posterior enjuiciamiento de manifestantes, es “uno de los procedimientos más comunes en Venezuela, donde tú protestas, luego te arrestan y te colocan cargos”, comentó la activista.

Pero la muerte y la cárcel no son la única amenaza esgrimida contra el movimiento sindical, advirtió el informe.

El gobierno de Venezuela también impuso el año pasado multas que en conjunto sumaban $9,000 millones a 185 ex trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela por haber participado en el paro petrolero del 2002.

Las multas, obviamente impagables, dejan a los trabajadores en riesgo de ver sus propiedades confiscadas pese a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dictaminó que el paro se enmarcaba dentro del derecho de huelga de los trabajadores.