En enero del 2006, los empresarios inmobiliarios de Montara Land V, LLC, contrataron a una firma privada para realizar un análisis de las condiciones del techo, estructura, plomería y otros componentes de un complejo de apartamentos en La Pequeña Habana que querían convertir en condominios.

Este reporte, presentado ante el departamento estatal que regula las conversiones, concluyó que a los edificios, construidos en 1946, apenas les quedaban cinco años de “vida útil”.

¿El costo para reemplazar la estructura del edificio? Unos $700,000, según el análisis del arquitecto James Chastanet.

“Mi reporte se basó en la antigüedad del edificio y en una inspección visual”, afirmó Chastanet, quien no observó daños estructurales. “Es un edificio antiguo, y eso tenía que ser destacado muy claramente en el reporte, el cual sirve como información para divulgar destinada a los potenciales compradores”.

Los empresarios de Montara Land presentaron esta información a los 19 compradores, la mayoría de ellos de bajos ingresos, que dependieron de ayuda gubernamental para comprar sus condominios entre diciembre del 2006 y julio del 2010. Pero muchos nunca leyeron esta información, que les fue entregada como parte de un grueso paquete de documentos de la asociación de los condominios de Havana Palms.

El mes pasado —siete años después de que se realizara el análisis— el piso en la sala de uno de los condominios colapsó y los dueños se han tenido que mudar a otro apartamento. Los pisos en otras unidades no se sienten firmes.

Aníbal Duarte-Viera, uno de los socios de Montara Land, aseguró el lunes que jamás hubiera comprado de manera consciente una propiedad con daños estructurales.

“Como inversionista, ¿por qué haría eso?”, preguntó Duarte-Viera. “Yo compré esa propiedad porque era bonita, y era un momento en que todo mundo estaba haciendo estas conversiones a condominios”.

Los registros públicos indican que Duarte-Viera y su socio Gabriel De la Campa compraron el complejo en el 2005 por $2.5 millones y que invirtieron unos $120,000 en arreglos al sistema eléctrico y la tubería, además de instalar un sistema de aire central, según los permisos municipales. También instalaron losas sobre el piso, aunque no pidieron un permiso a la Ciudad para hacer este trabajo.

Duarte-Viera, abogado, afirmó que no estuvo muy involucrado en la administración del complejo y que no podía responder a preguntas sobre los arreglos o la conversión, a pesar de que su firma aparece en varios documentos. De la Campa no ha respondido a múltiples llamadas de El Nuevo Herald en semanas recientes.

Los documentos que Montara Land presentó al Departamento de Regulaciones Profesionales y Empresariales (DBPR) en Tallahassee indican que la empresa depositó $62,000 en cuentas especiales para realizar arreglos al techo y al sistema de plomería, en cumplimiento con las leyes estatales.

Al parecer, no estaban obligados a abrir una cuenta de reserva para otros arreglos estructurales, aunque debían hacer pagos mensuales a la asociación por cada uno de los 32 condominios para el mantenimiento general del complejo. En cuanto vendían los condominios, la responsabilidad de estos pagos —de entre $162 y $222 al mes— recaía sobre los nuevos propietarios.