Sternad se declarará culpable de cargos federales en caso que involucra a David Rivera

 

mcaputo@MiamiHerald.com

Un sospechoso clave en un caso por lo criminal vinculado al ex representante federal David Rivera cambiará oficialmente su posición para declararse culpable de tres cargos federales por actividad ilícita de campaña.

La admisión de Justin Lamar Sternad de haber cometido delitos, el próximo miércoles, será otro signo de que está cooperando con el gobierno federal en su investigación de Rivera.

El FBI se puso a seguir el rastro a Sternad luego que The Miami Herald y El Nuevo Herald empezaron a cuestionar sus finanzas y gastos de campaña durante la primaria demócrata por el escaño congresual del recién rediseñado Distrito 26 de Kendall a Cayo Hueso.

Los informes de finanzas de campaña de Sternad mostraban que él había recaudado poco dinero, pero al mismo tiempo él pudo financiar y diseminar por correo una docena de tipos distintos de volantes, algunos de los cuales atacaban a su correligionario demócrata Joe García, la mayor amenaza para el republicano Rivera.

García derrotó a Sternad y otros el 14 de agosto, y luego derrotó a Rivera en las elecciones generales el pasado noviembre, en un momento en que el representante titular estaba denegando furiosamente haber hecho nada indebido.

Un documento de cargos federales presentado la semana pasada mostró que Sternad recibió al menos $81,486 en efectivo y cheques no reportados que eran manejados por “cómplices” cuyos nombres no se han revelado.

El hecho de que Sternad, un desconocido y novato político, está siendo acusado de violaciones criminales de leyes de finanzas de campaña, conspiración y falso testimonio es una indicación de que él está siendo usado por la fiscalía como medio de llegar a un fin, afirman expertos legales.

“Es muy poco común ver cargos criminales en casos de finazas de campaña”, dijo Daniel Stein, ex fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.

“Conspiración significa que hay más de una persona. De modo que eso no se limita a él”, dijo Stein. “Ellos no incluirían el cargo de conspiración si no estuvieran interesados en terceros”.

Otra persona que enfrenta una posible acusación es la asesora de campaña de Sternad, Ana Alliegro.

En estos momentos, sin embargo, su paradero es desconocido para el público en general. Ella debió haberse encontrado con el FBI en septiembre, pero nunca se presentó.

Al principio, su familia y su abogado, Mauricio Padilla, dijeron a The Miami Herald/El Nuevo Herald que estaban preocupados por Alliegro porque no tenían idea de dónde estaba ella. Ellos están ahora en contacto con ella, pero no quieren hablar sobre su paradero.

Sin Alliegro, la fiscalía podría pasar mucho trabajo para presentar un caso en contra de Rivera.

Alliegro es amiga íntima de Rivera y, según ella misma, una “chica mala republicana”, lo cual hace de ella una opción poco probable como asesora de la campaña del demócrata Sternad en contra de García durante las primarias demócratas.

Sternad, quien lleva meses cooperando con el FBI, dijo que él nunca lidió directamente con Rivera, pero que Alliegro se refería a él como “D.R.” y “El Gánster”, dijeron fuentes a The Herald/El Nuevo Herald.

Rivera ha sido blanco de investigaciones del gobierno federal durante más de un año.

Antes del caso relacionado con Sternad, el IRS empezó a investigar a Rivera un contrato secreto de $500,000 de la compañía que ahora se llama Magic City Casino. Rivera ayudó a llevar a cabo con éxito una campaña a favor del uso de máquinas tragamonedas en Miami-Dade a nombre del canódromo.

Rivera negó inicialmente haber recibido ni un “centavo”. Él nunca mencionó que había hecho arreglos para que el dinero pasara a una compañía controlada nominalmente por su madre, que a su vez le dio el dinero a él, según documentos del Departamento de Policía de la Florida (FDLE).

Rivera dijo que el dinero era un préstamo, de modo que técnicamente a él no le habían pagado y por tanto estaba diciendo la verdad cuando dijo que no había ganado nada con su trabajo a favor del canódromo.

La fiscalía estatal descubrió el pago del canódromo cuando examinó las finanzas personales y de campaña de Rivera. El FDLE quería acusar a Rivera de un montón de delitos. La fiscalía estatal optó por no hacerlo, debido a lo débil de los estatutos contra la corrupción de la Florida, y a que la ley de prescripción había expirado en el caso de algunos de los supuestos delitos.

A pesar de todos sus tropiezos con la ley, muchos expertos opinaban que Rivera sería reelegido.

Pero entonces la noticia sobre la campaña de Sternad empezó a hacer sombra a Rivera.

Tres contratistas de campaña que ayudaron a Sternad también habían trabajado para Rivera anteriormente. Dos de ellos dijeron a iThe Herald/El Nuevo Herald y, luego, al FBI que Rivera estaba detrás de la campaña de Sternad. Ellos dijeron que Alliegro se ocupó de la mayoría de las transacciones, muchas de ellas pagadas en efectivo metido en sobres.

Según las leyes federales de campaña, todas las contribuciones y gastos tienen que ser reportadas. Casi ninguna de estas transacciones lo fue.

Las leyes federales de campaña limitaron las contribuciones en las campañas congresuales del 2012 a $2,500 por donante.

Pero Sternad recibió mucho más que eso.

Justo antes de pagar a principios de junio la tarifa estatal de $10,440 para calificar para la boleta, la campaña de Sternad recibió $11,000 en efectivo de una fuente no nombrada en tres plazos.

Sternad, empleado nocturno de hotel que gana menos de $30,000 al año, reportó falsamente ese dinero como propio, un préstamo a su campaña, según el documento acusatorio federal.

Sternad continuó recibiendo efectivo y cheques que pagaron sus gastos de campaña, pero que no fueron reportados por completo.

Más de dos meses después, con el FBI siguiéndole los pasos, Sternad no volvió a cometer ese error. Él presentó sus informes federales de finanzas en blanco y dijo en una carta que invocaba sus derechos bajo la Quinta Enmienda para no incriminarse a sí mismo.

Sternad podría recibir cinco años de cárcel por los cargos en su contra. Su abogado, Enrique “Rick” Yabor, no quiso comentar al respecto.

Un célebre abogado defensor por lo criminal, Bruce Zimet, dijo que el hecho de que Sternad estuviera siendo acusado por la fiscalía en lugar de por un gran jurado es una señal de que probablemente él está cooperando con la misma.

Zimet dijo que el tamaño del acta de acusación, de 10 páginas (lo cual es muy poco frecuente) indica además que la fiscalía probablemente quiere hacer una advertencia a otros acusados en la supuesta conspiración.

“No hay razón alguna para tener todos esos detalles en el acta de acusación a menos que se proponga comunicar algo”, dijo Zimet.

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