DANIEL MORCATE: El futuro sale del closet

 

Vivir para ver y ver para creer. Por primera vez desde el accidentado arribo de los peregrinos del Mayflower, entre los que abundaban los puritanos, una mayoría de norteamericanos aprueba el matrimonio del mismo sexo. Lo sugieren encuestas recién publicadas. No es que el dato sea definitivo, pues tan solo hace unos meses, cuando padecíamos la estruendosa campaña electoral, la mayoría opinaba exactamente lo contrario. Pero si es otro indicio de que el debate sobre el tema está dando un giro vertiginoso. Y que ya la única duda pendiente no es si el país aceptará la validez del matrimonio gay, sino cuándo. En qué condiciones. Y a través de cuál instancia de nuestro gobierno.

Esta semana la Corte Suprema comenzó a considerar dos casos que podrían decidir la legalidad del asunto. Uno es el resultado de una demanda contra la Ley de Defensa del Matrimonio, esa medida cavernícola que en 1996 promovieron legisladores republicanos, aprobó la mayoría de congresistas, demócratas incluidos, y promulgó el entonces presidente Bill Clinton con característico oportunismo político, es decir, plegándose al sentir desinformado, discriminatorio y retrógrado de muchos norteamericanos en ese momento. Esa ley arbitraria permite negar beneficios de impuestos, salud y seguridad social a parejas del mismo sexo. El Supremo también empezó a deliberar sobre una demanda contra la Proposición 8 de California mediante la cual la mayoría de los californianos repudió el matrimonio gay.

Dado el predominio conservador en el Supremo, es difícil predecir el veredicto. Pero los jueces tienen en sus manos la posibilidad de hacer lo correcto, de fallar a favor del derecho de los homosexuales a casarse y de esa manera recibir los beneficios que las leyes otorgan ya a las parejas heterosexuales. La Ley de Defensa del Matrimonio, la Proposición 8 de California y medidas similares en otros estados demuestran que el proceso político, aunque democrático, no ha sido suficiente para prevenir la discriminación de los homosexuales, como en su día tampoco lo fue para impedir la esclavitud, la segregación racial, la discriminación de minorías y mujeres y otras injusticias terribles. Y es que ese proceso, simbolizado por el debate parlamentario que interpreta el sentir de la gente, está diseñado para sancionar posturas y valores populares, pero no aquellos que, siendo impopulares, son justos y moralmente defendibles. Para esa tarea, también fundamental para la democracia, están nuestras cortes de justicia. Sobre todo la suprema.

Un fallo visionario del Supremo le daría un impulso decisivo a la igualdad de derecho de nuestros familiares, amigos y colegas homosexuales. Y aceleraría una tendencia que, al cabo de décadas de luchas cívicas, empieza a arraigarse en la nación. El año pasado el Partido Republicano inscribió en su plataforma política una propuesta de enmienda a la constitución para prohibir el matrimonio gay. Meses después, nada menos que asesores de Mitt Romney se sumaron a la demanda contra la Ley de Defensa del Matrimonio. El senador Rob Portman, republicano de Ohio, a quien Romney consideró como posible compañero de boleta, cambió su rechazo al matrimonio gay cuando su hijo le confesó que lo es. Incluso Rush Limbaugh, el gurú de la ultra derecha, se pronunció a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Del lado demócrata, el presidente Obama “evolucionó” hacia el apoyo al matrimonio gay. Bill Clinton reconoció que su firma de la Ley de Defensa del Matrimonio fue un un error. Y su esposa, Hillary, divulgó un video en el que respalda el matrimonio gay “personalmente y como cuestión de política y ley”, un probable aldabonazo inicial en lo que sería su candidatura presidencial en 2016.

Durante demasiado tiempo, la igualdad de derecho de los homosexuales fue una idea noble y justa que se enclaustró en las facultades de filosofía de nuestras universidades. Los activistas de la comunidad gay la sacaron a la plaza pública a pesar de la incomprensión y el rechazo. Ahora se propaga gracias a la valentía y entereza de personas, muchas de ellas talentosas y destacadas, que han sacado su homosexualismo del armario. Los jueces del Supremo tienen la oportunidad de reconocer estos esfuerzos y sacrificios de una vez y por todas. Pero incluso si no lo hicieran, solo estarían postergando lo inevitable.

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