La Corte Suprema impone fronteras a la justicia de EEUU

 

Los jueces decidieron en una demanda de nigerianos contra la petrolera Shell

 

El juez presidente del Tribunal Supremo federal,  John Roberts.
El juez presidente del Tribunal Supremo federal, John Roberts.
Charles Dharapak / AP

AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el miércoles que no corresponde a la justicia estadounidense procesar a empresas sospechosas de cometer violaciones de los derechos humanos en el extranjero, una victoria para la petrolera Shell, acusada por nigerianos de complicidad en torturas.

“Los tiranos pueden regocijarse hoy, esto es un grave revés para sus víctimas que ven a menudo a Estados Unidos como una esperanza de justicia cuando todo falla en otros lugares. ¿Qué van a hacer ahora?”, fustigó Elisa Massimino, presidenta de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights First.

Los nueve jueces del alto tribunal rechazaron por unanimidad una demanda colectiva de 12 residentes en Estados Unidos, familiares de nigerianos ejecutados por un antiguo gobierno militar de Lagos, que acusaron a Shell de “complicidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra ellos en territorios Ogoni, en el delta del Níger entre 1992 y 1995”.

Los atentados comprenden “actos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y crímenes contra la humanidad”, según el documento interpuesto ante la Corte.

En este caso, por el que tuvieron lugar dos audiencias en febrero y octubre del 2012, los demandantes invocaron la ATS (Alien Tort Statute, la ley estadounidense sobre torturas), que data de dos siglos atrás y autoriza a los extranjeros a cursar demandas ante los tribunales estadounidenses por infracciones a la ley internacional o a cualquier tratado firmado por Washington.

“No hay indicio alguno de extraterritorialidad aquí”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts: “Las empresas están a menudo presentes en muchos países y sería ir demasiado lejos decir que la sola presencia de una empresa (de Estados Unidos) basta” para traspasar las fronteras.

“Si el Congreso hubiera tenido esa intención, habría sido necesaria una ley más precisa que la ATS”, agregó, estimando que “esta presunción se utiliza para proteger de los choques” diplomáticos “que podrían devenir en una discordia internacional”.

Si bien el fallo fue adoptado por unanimidad, los cuatro jueces progresistas no estuvieron de acuerdo con su argumentación, prefiriendo, según el juez Stephen Breyer, apoyarse en el principio invocado durante la votación de la ley que dice que “ningún país pretendió jamás representar el custos morum (guardián de la moral) del mundo entero”.

Pero la puerta queda abierta para otras “graves violaciones de principios del derecho internacional que protegen a las personas”, debió precisar el juez Anthony Kennedy, señalando que la cuestión de la extraterritorialidad podría retomarse en otros casos.

El máximo tribunal estadounidense concluyó que con la aprobación de la ley “el Congreso no hizo de Estados Unidos un tribunal internacional para todas las violaciones de los derechos humanos a través del mundo”, comentó el profesor de derecho Eugene Kontorovich.

Las organizaciones de derechos humanos, que apoyaron a los demandantes en la causa judicial, manifestaron inmediatamente estar “profundamente preocupados” y “decepcionados” por la decisión, que “cierra la puerta de los tribunales a las víctimas de crímenes de guerra y de torturas” así como de “atrocidades de masas cometidas en el extranjero cuyos autores busquen refugio en Estados Unidos”.

“En el transcurso de las tres últimas décadas, la ley Alien Tort Statute brilló como una luz sobre la escena mundial de violaciones de los derechos humanos y sirvió de guía a las víctimas que buscaban justicia”, según el Centro de Defensa de los Derechos Constitucionales (CCR).

No obstante esta decisión no impedirá que “otros acusados, entre ellos las empresas, cuyas acciones afecten o conciernan al territorio de Estados Unidos con suficiente fuerza” sean considerados responsables. “Este veredicto no les da inmunidad”, advirtió el CCR.

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