Condenan a ex parlamentario colombiano por masacre de izquierdistas

 
 

Fotografía cedida por el diario El Tiempo y fechada el 29 enero 2012 del excongresista César Pérez durante su juicio ante la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá. Una superviviente de la masacre en la localidad colombiana de Segovia en 1988, en la que paramilitares acabaron con la vida de 43 personas, aseguró el jueves que no perdonará al excongresista César Pérez, condenado el miércoles a 30 años de cárcel por su responsabilidad en los hechos.
Fotografía cedida por el diario El Tiempo y fechada el 29 enero 2012 del excongresista César Pérez durante su juicio ante la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá. Una superviviente de la masacre en la localidad colombiana de Segovia en 1988, en la que paramilitares acabaron con la vida de 43 personas, aseguró el jueves que no perdonará al excongresista César Pérez, condenado el miércoles a 30 años de cárcel por su responsabilidad en los hechos.
Mauricio Moreno / EFE

Agence France Presse

El ex presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia, César Pérez, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 30 años de cárcel por una masacre de 43 personas en 1988, inscrita en una campaña de exterminio de izquierdistas vinculados al partido Unión Patriótica.

Pérez, de 77 años y preso desde el 2010, fue culpado por los delitos de “concierto (asociación) para delinquir y homicidios agravado”, además de que se le prohibió ejercer funciones públicas por un lapso de 10 años, según el fallo publicado este jueves por la Corte Suprema de Justicia.

También deberá pagar a ocho de los familiares de las víctimas indemnizaciones que oscilan entre 800 y 400 salarios mínimos (entre $262,000 y $131,000).

La masacre, el 11 de noviembre de 1988, fue cometida en la localidad de Segovia, departamento de Antioquia, por paramilitares de derecha comandados por Alonso de Jesús Baquero, alias “Vladimir”, quien posteriormente confesó el crimen.

En la declaración judicial, “Vladimir” explicó que Pérez “era el gestor de semejante acto”.

El asesinato de las 43 personas se enmarcó dentro de una campaña de exterminio contra el movimiento político de izquierda Unión Patriótica (UP) realizada entre fines de la década de 1980 y principios de los 90.

La UP surgió del primer intento de diálogo de paz con la guerrilla comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), realizado por el presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986).

El fallo recordó que el triunfo de la UP en Segovia, conseguido en las primeras elecciones populares de alcaldes, destronó “la hegemonía (del partido) Liberal liderada por César Pérez”.

Según estimaciones de organizaciones no gubernamentales, unos 2,500 integrantes o simpatizantes de la UP fueron asesinados en esos años, entre ellos dos de sus candidatos presidenciales: Jaime Pardo, en 1987, y Bernardo Jaramillo, en 1990.

“A las organizaciones de ultraderecha no les agradó ese nuevo escenario y muy pronto se les notificó a los segovianos de la aparición de un movimiento autodenominado ‘Muerte a revolucionarios del nordeste’ ”, relata la sentencia.

“En medio de esa confrontación, irrumpió en la noche del 11 de noviembre de 1988 un ejército privado que bajo el mando de (…), alias ‘Vladimir’ , segó la vida a varias personas’, puntualizó.

Los grupos paramilitares, que cometieron miles de crímenes atroces contra la población civil, surgieron en Colombia para combatir a las guerrillas de izquierda, y en su accionar tejieron alianzas con la élite política.

Tras un proceso de desmovilización llevado a cabo entre el 2003 y 2006, que les concedió beneficios procesales a cambio de confesión y reparación a sus víctimas, los jefes paramilitares implicaron a numerosos dirigentes políticos.

Desde el 2007, más de 45 líderes políticos, entre ex parlamentarios, ex gobernadores y ex alcaldes, han sido condenados por sus nexos con los paramilitares.

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