Diáspora de colombianos hacia Ecuador

 

Associated Press Ecuador

Cuando César llegó al refugio con su familia, su esposa rompió en llanto y abrazó a una mujer que casualmente encontró allí. Acababan de ingresar a Ecuador con su hijo y su única propiedad era la ropa que llevaban consigo.

Terminaban una travesía de dos días por la selva amazónica en la frontera entre Colombia y Ecuador.

La noche del 24 de mayo un grupo criminal, que se identificó como un comando paramilitar colombiano, tocó las puertas de la casa de César. Lo buscaban para matarlo. Pero ni él ni su hijo estaban y los agresores dejaron la humilde vivienda. Fue entonces cuando la familia decidió abandonar su país natal porque, según él, se había negado a seguir trabajando para ellos sin derecho a paga tras ser reclutado forzosamente.

Ahora están en una casa de acogida que tiene el programa de refugiados de la ONU en Lago Agrio, en medio de la amazonia ecuatoriana. Por temor a represalias, César, de 41 años, sólo permitió que se identificara por su nombre.

En la frontera entre Ecuador y Colombia, la guerrilla más antigua del continente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y bandas criminales como `Las Águilas Negras’, `Los Machos’, y `Los Urabeños’, grupos derivados de los antiguos paramilitares, se disputan el control del cultivo de droga, la extorsión y otros delitos, lo que ha provocado la segunda crisis de refugiados más grande del mundo, según la ONU, con unos 400,000 desplazados de una diáspora continua que ya completa 13 años. Según el gobierno ecuatoriano, hay 56,000 colombianos refugiados en Ecuador.

Las FARC y las bandas criminales causan “mucha violencia y desplazamiento, porque ellos tratan de controlar territorio en el sur de Colombia, donde necesitan el control de los corredores del narcotráfico y de muchas otras actividades ilícitas como la trata de personas, reclutamiento forzoso, minería ilegal”, dijo Jozef Merkx, representante adjunto en Ecuador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Lamentablemente, estamos viendo bastante violencia que no termina en Colombia”.

“Los refugiados siguen llegando, lamentablemente hemos visto que el flujo de refugiados sube. Cada mes suman más de 1.000 personas que solicitan la condición de refugiado al gobierno ecuatoriano y cruzan la frontera por la violencia, por amenazas que han recibido, no hay que olvidar que en el sur de Colombia, sobre todo en los departamentos de Putumayo y Nariño, hay la presencia de muchos grupos armados y hay bastante conflicto”, agregó Merkx.

El narcotráfico, uno de los motivos de violencia en la zona, es uno de los rubros principales en la agenda de negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC para poner fin a casi medio siglo de un conflicto que ha dejado millones de víctimas y desplazados.

Pero aún si se firma la paz, un eventual acuerdo parecería ser insuficiente para las provincias colombianas de Nariño y Putumayo porque requeriría que los otros grupos delictivos fueran capturados y que el estado haga presencia efectiva en dichos territorios.

“Un acuerdo de paz con las FARC sólo resolvería parte del problema, sería una parte importante, pero debido a que hay muchos otros grupos violentos que ahora se dedican a este tipo de conductas ilegales, no será una panacea. No va a resolver todo”, dijo la Subsecretaria de Estado Adjunta para Asuntos de Población, Refugiados y Migración de Estados Unidos, Anne Richard, tras una visita a la zona en mayo.

Alvaro Calderón, director de asuntos consulares de la cancillería colombiana, reconoció con respecto a los refugiados que el país tiene un “conflicto interno”, y añadió: “Uno entiende que salieron del país en razón de la violencia y de manera muy clara, y eso lo quiero decir, de las acciones de los grupos al margen de la ley que son los principales generadores del desplazamiento no solamente interno sino también hacia al exterior”.

El botín que disputan los grupos armados comprende un área de 9.951 hectáreas de cultivo y procesamiento de coca en 2011, según el más reciente informe de la ONU.

“Las FARC (frente 48) se han replegado a la zona entre Puerto Asís y Nueva Granada”, dijo un activista que trabaja con los refugiados de la zona y cuya identidad se mantiene en reserva por no estar autorizado a hablar públicamente sobre el tema. “Las BACRIM (bandas criminales) controlan desde la Nueva Granada, La Hormiga, El Placer, El Tigre hasta la zona de Teteyé”.

Los notables esfuerzos que ha realizado el gobierno colombiano en los últimos años para recuperar la seguridad ciudadana, el control del territorio, el imperio de la ley y combatir el cultivo de droga no han alcanzado algunos lugares fronterizos como estas dos provincias. De hecho, para algunos, el plan de seguridad del pasado presidente, Álvaro Uribe Vélez, parece haber producido el efecto contrario.

Antonio Navarro Wolff, ex gobernador de la provincia del Nariño y actual dirigente del grupo opositor Progresistas dijo que esa política “desplazó el conflicto hacia las periferias (del país) y en Nariño se ha ido concentrando en esa zona porque reúne, cultivos (de coca), grupos ilegales, hay cuatro frentes de las FARC, uno del ELN y Rastrojos y los demás (grupos armados), y en general cuando un grupo (ilegal) controla la situación, las víctimas y desplazados son menos, pero cuando hay disputa eso aumenta”.

De acuerdo con un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, varias provincias colombianas redujeron el cultivo de coca de manera significativa en el 2011. Entre ellas, están las provincias norteñas de la Guajira (88 por ciento) y Córdoba (72 por ciento) y al sur, en la provincia del Amazonas, una caída del 64%. Pero en el Putumayo, la producción aumentó en 108 por ciento, en Norte de Santander, al oriente, 85 por ciento y Valle del Cauca, al suroccidente del país, 48 por ciento.

“Son zonas de colonización reciente en las cuales las comunidades no están organizadas y no pueden rechazar la presencia de este tipo de actividades, muchas comunidades están involucradas en esas zonas en el cultivo ilícito, en la explotación informal ilegal de minas”, dijo el director del no gubernamental Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Jorge Restrepo desde Bogotá.

La zona de frontera “ofrece una posibilidad cierta de escaparse no solamente en la frontera terrestre, sino también marítima en el caso de Nariño, escapar a la presión de las autoridades; son zonas de una geografía muy difícil que también proveen refugio frente al combate por parte de las autoridades y la lucha policial, y son zonas que tienen muy poca presencia institucional en el sentido entre otras cosas que no hay jueces, no hay escuelas, no hay policía y son zonas tradicionalmente lejanas, aisladas, marginales de selva de bosque”, agregó Restrepo.

Como resultado, el narcotráfico permeó a Ecuador. Entre las poblaciones de General Farfán y Puerto Mestanza, en plena selva, aparecen muchos caminos rudimentarios con múltiples bifurcaciones, en medio de una espesa zona selvática dónde cualquier despistado podría perderse fácilmente.

Del lado ecuatoriano, las carreteras desembocan en las riberas del río San Miguel; del lado colombiano, navegantes al mando de pequeñas embarcaciones con potentes motores fuera de borda esperan ansiosos el arribo de la carga.

No es claro si los grupos criminales reciben o transportan droga por este corredor.

Ecuador dice que ha extremado esfuerzos en la extensa y despoblada zona fronteriza con Colombia y que la custodia con unos 10,000 efectivos militares a lo largo de unos 640 kilómetros que separan ambos países desde el océano Pacífico, trepándose por las alturas de los Andes hasta bajar a la manigua del Amazonas.

Las autoridades ecuatorianas dicen que en el sector limítrofe y al interior del país han incautado unas 20 toneladas de droga, principalmente cocaína, en lo que va del 2013.

“Algunos de los grupos paramilitares han sido desmovilizados, pero que hay una empresa criminal próspera en marcha, a cargo de diversos grupos armados”, dijo la subsecretaria Richard en referencia a las bandas criminales. “Eso, a veces me sonaba a mí como las personas que habían sido sometidas a las cosas que les pasaron a los estadounidenses por la mafia organizada, cuando usted tiene un negocio, alguien le dice que van a estar tomando una parte de sus ganancias a la semana, y si se niega les van a hacer eso que te hará daño”.

Rodolfo, de 61 años, trabajaba como zapatero en la población de Unión Valle, en la provincia del Valle del Cauca hasta que hace un año un joven, en su lugar de trabajo, le pidió una “vacuna” o pago extorsivo de $1.50 diarios a cambio de supuesta protección de grupos violentos.

Lo tomó con tranquilidad y aportó sin problemas. Pero la tasa subió a $11diarios en momentos en que la enfermedad de su hijo mayor, un muchacho de 17 años con parálisis cerebral, empeoró.

No pudo pagar las vacunas, que se acumulaban tan rápidamente como las presiones de los extorsionadores. Al igual que a él, amenazaron a los carniceros del mercado y al vecino de la ferretería. Cuando estos últimos se negaron a pagar, los mataron.

Rodolfo huyó al Putumayo, a más de 1,000 kilómetros al sur de su pueblo natal, donde trabajó por 11 meses en relativa paz. Pero el pasado 2 de mayo, se presentó un joven que con cortesía y firmeza le recordó que ahora la deuda por las vacunas ascendía a $11,100 y que le daba doce horas para pagar y que si no lo hacía lo mataría.

Nuevamente huyó con dos de sus tres hijos, su esposa, con la ropa que llevaban puesta y muy poco dinero a Ecuador.

“Todo se quedó allá, no tenemos nada ni sabemos qué vamos a hacer”, dijo Rodolfo, quien sólo permitió que se lo identificara por su nombre por temor a las represalias.

Lo mismo le sucedió a César, que en el 2003 recibió siete balazos de las bandas criminales, que lo creyeron muerto tras dispararle a quemarropa. Estuvo errante por años viajando por el interior de Colombia. Este grupo, dice César, está conformado por quienes antes eran paramilitares y juraron matarlo por negarse a trabajar con ellos y por denunciar el asesinato de su padre ante la fiscalía.

De aquella ocasión le quedan una serie de profundas cicatrices en todo el cuerpo y dos balas aún incrustadas en su cuello y pierna. La más terrible pero menos visible huella que carga es el miedo a ser asesinado en cualquier momento.

“No puedo volver para allá, los paramilitares fueron respaldados por el mismo estado, pero ahora están sueltos se le salieron de la mano al estado y hacen lo que quieren”, dijo.

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