Nuevas acusaciones contra jefe policial de South Miami

 

mperez@elnuevoherald.com

El jefe de policía de South Miami, Orlando Martínez de Castro, ha sido acusado de acceder a información del Centro Nacional de Información Criminal del FBI, que contiene los antecedentes de personas con historial criminal en Estados Unidos, para propósitos distintos de los establecidos por las autoridades federales.

El abogado Joseph Klock y uno de sus trabajadores, Johnathan Burke, antiguo residente de South Miami, dijeron que el jefe de policía comprobó sus antecedentes sin justificación legal uno o dos días después de que se reunieran con el alcalde Philip Stoddard en marzo de 2011, para denunciar que agentes de la policía de South Miami estaban acosando a Burke.

Según el registro de acceso de agentes de South Miami a la base de datos, la información sobre los antecedentes de Klock y Burke fue entregada a Martínez de Castro.

El Nuevo Herald obtuvo a través de una petición de documentos públicos copias de este registro, que fueron publicadas por primera vez en el blog The Straw Buyer.

Simon Steckel, abogado que representa a Martínez de Castro, afirmó que había hablado con varios oficiales y que cada una de las comprobaciones de antecedentes en el Centro Nacional de Información Criminal fueron legales y estaban justificadas.

Martínez de Castro rehusó realizar comentarios personalmente.

“Acudí al alcalde y tuve una conversación con él sobre lo que considero es discriminación en contra de hombres afroamericanos por parte de la policía de South Miami”, dijo Klock.

“Al día siguiente, el alcalde habló con el administrador de la ciudad, y entonces es cuando él [Martínez de Castro] comprobó mi historial”, explicó Klock, quien afirmó que se enteró de ello seis meses después, tras una llamada de Stoddard.

Stoddard, quien está enfrentado con Martínez de Castro, confirmó la reunión y que posteriormente habló con el administrador sobre la denuncia.

Según el abogado Steckel, en el 2011 la policía llevaba a cabo una investigación que justificó que se comprobaran los historiales de Klock y Burke.

De acuerdo con anotaciones en el registro, el nombre de Burke se buscó en relación con varios casos investigados por la policía de South Miami, y en el de Klock, por un caso con la policía y por su asociación con Burke.

Tanto Burke como Klock aseguraron que no se ha abierto ningún procedimiento contra ellos en el que la policía de South Miami haya intervenido de algún modo después de marzo del 2011. La página del secretario de los juzgados de Miami-Dade no muestra ningún procedimiento judicial contra Klock.

Steckel señaló que todos los días se pide información al Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) sobre personas que al final no son procesadas, bien porque sean víctimas o sospechosos o estén involucrados de otro modo en una investigación.

Burke afirmó que la policía de South Miami lo arrestó en 2010, después de cometer una infracción de tráfico en North Miami, acusado de posesión de marihuana y de robar ropa en una tienda. El afirma que la marihuana no era suya y que el día del robo estaba trabajando en el despacho de Klock.

Denunció que estuvo detenido 21 días en la cárcel a pesar de que Klock informó a los pocos días que tenía grabaciones de las cámaras de su despacho que mostraban que Burke había trabajado el día del robo.

Los cargos fueron retirados antes de que se iniciara el proceso, pero los documentos de la corte no explican la razón.

Burke cuenta que la policía de South Miami empezó a vigilar su casa sin motivo y que el incidente que desencadenó la reunión con el alcalde fue que dos agentes, de los que no conoce el nombre, lo siguieron en coche, lo pararon y le dijeron que tenía que trabajar con ellos.

“Tenía miedo, ese día dormí en casa de Joseph”, dijo Burke.

El abogado señaló que está preparando una demanda por acoso a Burke contra la policía de South Miami.

El nombre de Stoddard también fue comprobado en la base de datos, pero Steckel afirmó que Stoddard denunció un robo en su casa y que es práctica habitual comprobar el historial de las víctimas de un delito.

“Es una violación de la privacidad”, denunció Stoddard sobre el acceso a la información de Klock y de Burke. Stoddard señaló que Martínez de Castro debe dimitir.

También el nombre de José Basulto, presidente del grupo Hermanos al Rescate, aparece en el registro.

Basulto afirmó que le pidió a Martínez de Castro que comprobara su historial en la base de datos.

“Yo quería aplicar a una licencia federal. Quería que el récord fuera parte de la aplicación”, dijo Basulto a El Nuevo Herald.

El registro muestra que el detective Vargas de la policía de South Miami consultó el historial de Basulto en la base de datos federal. El detective Vargas no respondió a mensajes de El Nuevo Herald.

“Eso no parece ser un propósito de justicia criminal”, dijo Stephen G. Fischer, vocero del FBI. “Un individuo no puede pedir a un oficial de las fuerzas de seguridad que compruebe su historial criminal. Tal comprobación sólo puede ser realizada por personal de justicia criminal por propósitos de justicia criminal”.

Fischer afirmó que, generalmente, si alguien solicita un reporte sobre sus antecedentes, la solicitud debe llegar al FBI y una de sus divisiones se encarga de gestionar la solicitud.

El abogado Steckel, que representa a Martínez de Castro, no quiso comentar sobre el caso de Basulto, pero insistió en que la comprobación de todos los nombres estaba justificada.

Basulto cree que Martínez de Castro está siendo tratado injustamente por la prensa y ciertos políticos: “Parece que hay mala intención detrás de todo eso”.

El jefe de policía, mientras tanto, ordenó el 25 de junio que dejara de llevarse el registro en papel del acceso de agentes de policía al NCIC. La fecha es dos días antes de que el blog The Straw Buyer publicara los registros que fueron solicitados como documento público.

El memorando, firmado por Martínez de Castro y al que tuvo acceso El Nuevo Herald, justifica la decisión como parte del “esfuerzo por no utilizar papel, de acuerdo con los mandatos de la ciudad”.

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