Escasez de droga para ejecuciones de pena de muerte pone en aprietos a EEUU

 
 

El prisionero es atado a la camilla en la cámara de la muerte de su ejecución. La sala de los testigos es en el otro lado de la ventana de vidrio de doble hoja de la derecha. Se demostró durante una gira de medios de corredor de la muerte en la prisión central de Raleigh, Carolina del Norte el 17 de mayo de 2012.
El prisionero es atado a la camilla en la cámara de la muerte de su ejecución. La sala de los testigos es en el otro lado de la ventana de vidrio de doble hoja de la derecha. Se demostró durante una gira de medios de corredor de la muerte en la prisión central de Raleigh, Carolina del Norte el 17 de mayo de 2012.
Chris Seward / cseward@newsobserver.com

AFP

Los estados norteamericanos se enfrentan a una escasez de barbitúricos para llevar a cabo sus ejecuciones y no tienen otra opción que recurrir a productos no homologados, con el temor de los condenados a morir padeciendo dolores insoportables.

Dos hombres fueron ejecutados el miércoles en Texas y Arizona con una inyección de una dosis letal de un anestésico para animales, que había sido fabricado por una empresa farmacéutica no homologada a nivel federal.

Los dos condenados habían llevado -sin éxito- este tema ante la justicia, en una instancia frente a la Corte Suprema, argumentando que esa preparación no había sido ensayada ni aprobada y que se arriesgaba a que les hicieran sufrir un “castigo cruel”, prohibido por la Constitución.

La cuestión ha estado desarrollándose desde el menos 2011, cuando Estados Unidos dejó de producir los fármacos utilizados desde la introducción de las inyecciones letales en los años 80.

Los estados que aplican la pena de muerte “se encuentran en un callejón sin salida”, explicó Deborah Denno, especialista en la inyección mortal en Estados Unidos.

Las administraciones de los Estados no logran aprovisionarse de pentobarbital, un anestésico utilizado para practicar la eutanasia en animales que fue adoptado para sustituir el cocktail anterior, y se encuentran, una vez más, sin suministros.

Su fuente de aprovisionamiento del producto, un fabricante danés, rechazó suministrarlo para ejecutar a prisioneros y un tribunal de Washington acaba de prohibir comprar sustancias no reguladas en Estados Unidos a laboratorios extranjeros.

Como resultado, la mayoría de los ocho estados que han realizado ejecuciones este año, entre ellos Ohio, Misuri, Texas, Georgia, Florida y Arizona, “han hecho cambios en sus procedimientos de inyecciones letales”, resumió Richard Dieter, director del Centro de Información de la Pena Capital (DPIC).

Misuri adoptó por ejemplo el propofol, el anestésico que acabó con la vida de Michael Jackson, pero se vio obligado a devolver sus existencias tras las objeciones del fabricante alemán, que rechaza ser asociado con las ejecuciones.

Arrinconados por el agotamiento de sus reservas, la mayor parte de los Estados acude a pequeñas empresas farmacéuticas que pueden personalizar los fármacos para sus clientes y que se encuentran bajo la autoridad del Estado y no de la ley federal que rige para los grandes laboratorios, apunta Denno, profesora de la Fordham University.

Si bien los Estados mantienen en la medida de lo posible los secretos sobre sus prácticas, Texas se ha visto obligado por la justicia a revelar su fuente de suministro. Pero una vez identificado, la farmacéutica texana, rechazando entrar en polémicas y batallas legales, ha exigido también que sus existencias le sean “inmediatamente devueltas”, aunque sin éxito.

“Este es un tema recurrente: cada vez que un Estado comienza a utilizar un nuevo fármaco, la compañía que fabrica el medicamento deja de venderlo”, afirma Denno.

Estas farmacéuticas, cuyos productos no son aprobados por la Agencia Federal de la Alimentación y Medicamentos (FDA), ya se situaron en el centro de un escándalo en noviembre de 2012, cuando una de ellas fue encontrada responsable de una epidemia de meningitis mortal causada por problemas de higiene.

“Nadie conoce verdaderamente la calidad de los medicamentos que fabrican estas empresas debido a una falta de supervisión”, observa Deborah Denno, mencionando “riesgos reales” de que los prisioneros sufran al recibir una inyección intravenosa.

Los prisioneros argumentan que, sin esa vigilancia, las reservas de medicamentos pueden estar contaminadas “creando una seria posibilidad de que el proceso de la inyección letal sea extremadamente doloroso, o dañe o incapacite a los demandantes sin matarlos realmente”, según una de las demandas presentadas.

Esta incertidumbre crea por sí misma “un sufrimiento innecesario y angustia mental”, añadió la demanda.

Se trata de un “nuevo método para los condenados a muerte de atacar a la justicia por los métodos de ejecución”, señala Denno, estimando que los Estados pueden esperar un recrudecimiento de esos procesos.

“Es un intento desesperado de retrasar o detener las ejecuciones”, comentó Robert Blecker, profesor de la Escuela de Derecho de la Escuela de Nueva York, quién defiende la pena capital. “¿Por qué haría falta que la FDA dé su aprobación? La FDA no tiene nada que ver con la pena de muerte. No se trata de medicina sino de un método para matar”, argumentó.

A no ser que se aboliera la pena capital, los Estados que la aplican deben todavía buscar alternativas o volver a los “buenos viejos métodos” de ejecución, según Blecker. El autor del libro “The death of punishment” (La muerte del castigo), que se publicará próximamente, aboga simplemente por abandonar la inyección letal que “confunde tratamiento y castigo” por la vuelta de “un método que castigue”.

Mientras tanto los Estados “están perdiendo su credibilidad” con los cambios repetidos en las prácticas en inyecciones letales, argumenta Denno.

“¿Cuántas veces van a cambiar los Estados su forma de ejecutar?”, protesta. Tras la horca, la electrocución y el gas, “ha habido más cambios con la inyección mortal en 5 años que en el curso de los 25 años precedentes. Es la misma historia que se repite sin fin”, concluye.

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