La policía de Sweetwater dio monopolio a grúas de ex socio de Manny Maroño

 

bmedina@elnuevoherald.com

Hasta hace una semana cometer un error en las calles de Sweetwater salía más caro que en otras municipalidades.

Por ejemplo: un hombre arrestado hace dos años por la policía de esa ciudad por conducir demasiado rápido “para las condiciones” y quien tenía la licencia suspendida terminó pagando mas de $700 para recuperar el vehículo que manejaba, después de que éste fue remolcado.

El hombre, que pidió no ser identificado, pagó $235 a Southland The Towing Company. Además, tuvo que pagar otros $500 en una multa al Departamento de Policía de Sweetwater.

Esta empresa, sin un contrato escrito con la ciudad, perteneció al ex alcalde Manuel “Manny” Maroño y a su socio Peter Hernández hasta agosto del 2009, de acuerdo con registros estatales. Nadie en la ciudad parece saber cuándo se aprobó el “acuerdo verbal” con esta empresa, aunque registros obtenidos por El Nuevo Herald y CBS4 indican que para noviembre de ese año los vehículos ya estaban siendo remolcados por Southland.

Ahora el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está investigando. En agosto, agentes del FBI arrestaron a Maroño en un caso de corrupción pública, acusándolo de aceptar al menos $40,000 en sobornos de una empresa fantasma.

En el 2001, Maroño –entonces comisionado de la Ciudad– y el alcalde Jose “Pepe” Díaz, propusieron la multa de $300 por la recuperación de los vehículos de cuatro ruedas que fueran incautados. Unos años después la multa se incrementó a $500 debido a “la inflación”, según una copia de las ordenanzas.

Las multas generaron unos $168,000 a la Ciudad el año pasado, y otros $137,000 durante el año anterior, según los presupuestos municipales.

“Nunca me pareció que fuera una cantidad justa”, dijo el alcalde José M. Díaz, quien la semana pasada propuso una reducción a la multa. “Yo creo que deben cobrársele $500 a alguien que esté traficando drogas o cause un accidente fatal por conducir borracho, pero no a un muchacho que tomó el carro de la madre y se pasó una luz roja”.

Pero Díaz votó durante su gestión como comisionado, al igual que todos sus colegas, a favor de la multa propuesta.

FALTA DE UN CONVENIO

El jefe de la policía Roberto Fulgueira dijo que el año pasado suspendió el “acuerdo verbal” con Southland tras recibir quejas de las personas arrestadas cuyos vehículos fueron incautados. Fulgueira ha rehusado detallar estas quejas.

La Ciudad ahora utiliza a Excalibur Towing en otro “acuerdo verbal”.

El mes pasado, agentes del FBI visitaron la oficina del nuevo dueño de Southland, Robert Muriedas, para preguntar sobre su relación con Maroño.

A través de su madre, la comisionada municipal Isolina Maroño, el ex alcalde aseguró que no tiene acciones en Southland.

“No sabe por qué siguen insistiendo con eso”, dijo su madre.

Manny Maroño y Muriedas fueron socios en otros dos negocios relacionados con transporte y grúas hasta el 2010. De acuerdo con registros estatales, Muriedas, Maroño y Hernández eran los propietarios de Upick Towing and Recovery, Inc.

La persona que registró a Southland como una empresa de la Florida es Ralph Ventura, el abogado municipal de Sweetwater. Ventura también ha registrado otros negocios de Muriedas.

La semana pasada, luego de que varios medios indagaran sobre la multa de $500, Díaz pidió a la Comisión de Sweetwater reducir el cargo a $250 por vehículo de cuatro ruedas que sea incautado si el conductor esta involucrado en un delito menor. La medida es parte del plan de Díaz de “arreglar las irregularidades” que según él encontró en la Ciudad.

Díaz, quien fue comisionado de Sweetwater por 12 años antes de asumir la alcaldía tras el arresto de Maroño, dijo que está considerando iniciar un proceso de licitación para adoptar un contrato formal entre compañías de remolque y la Ciudad.

“Cuando se propusieron estas multas la idea que se me vendió fue que casi todas las municipalidades lo hacían, y que era algo normal”, dijo.

Pero no es así. Tras contactar a varias municipalidades, El Nuevo Herald y CBS4 pudieron comprobar que la multa de Sweetwater era una de las más altas del Condado Miami-Dade. Otras ciudades tienen multas de $500 por incautación de vehículo, pero sólo aplican cuando se ha determinado que alguien manejaba ebrio. Además, otras ciudades pequeñas sí cuentan con contratos con compañías de grúas para protegerlas en casos de litigio.

En septiembre, Fulgueira, quien se retira esta semana de su cargo, dijo que tenía la autoridad de escoger la compañía de grúas aunque su propio jefe fuera Maroño.

En una entrevista la semana pasada, Fulgueira dijo que debió haber un proceso de licitación para escoger la empresa, aunque dos de los comisionados de Sweetwater han dicho a El Nuevo Herald que nunca han visto una presentación de ofertas para servicios de remolque.

¿CONFLICTO DE INTERES?

Ventura, el abogado municipal, dijo que no sabía que Southland tenía un “acuerdo verbal” con la Ciudad hasta el 2011. Se enteró tras recibir una llamada de un abogado que representaba a alguien cuyo vehiculo había sido remolcado en Sweetwater.

En ese momento, Ventura se recusó del caso para evitar un posible conflicto de intereses, debido a su propia participación en la formación de la empresa.

Ventura dijo que llamó a la Comisión de Etica del Condado Miami-Dade para pedir una opinión. De acuerdo con Ventura, un representante de dicha comisión le dijo que, ya que la Ciudad carecía de un contrato escrito con Southland, no existía un conflicto de intereses.

Tras varios pedidos de récords de El Nuevo Herald y CBS4, la Comisión de Etica no pudo dar constancia de tal conversación telefónica supuestamente ocurrida en el 2011.

Pero el 23 de septiembre, después de haber sido entrevistado por El Nuevo Herald y CBS4 sobre el asunto, Ventura le pidió una opinión por escrito a la Comisión, de acuerdo con un correo electrónico.

El director de esa entidad, Joseph Centorino, le respondió que no hubo un conflicto de intereses.

Ventura dijo que él no era responsable por tomar las decisiones tanto de Southland como de la Ciudad de Sweetwater.

“Yo no tomo decisiones de negocios para mis clientes”, dijo Ventura.

Ventura rehusó ofrecer detalles sobre sus conversaciones con Maroño sobre el “acuerdo verbal” con Southland, citando las leyes de confidencialidad entre abogados y sus clientes.

Sólo dijo: “Yo hice lo que tenia que hacer”.

La reportera de CBS4 Lauren Pastrana contribuyó con esta información. Este informe es el resultado de una colaboración con Sandra Antonio, una productora de CBS4.

Puede seguir a Brenda Medina en Twitter: @BrendaMedinar

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