Saquean templos coloniales de Bolivia

 

AFP

La Virgen de la Candelaria de Copacabana, declarada Reina de la Nación en Bolivia, ya no tiene su corona de oro: la joya, al igual que otras reliquias, fue robada del principal santuario católico del país, saqueado como otros templos coloniales en los últimos tiempos.

La Virgen, patrona de la policía boliviana, no logró que la custodiaran. Además de la corona, los ladrones que ingresaron meses atrás por los techos de la imponente Basílica de Nuestra Señora de Copacabana, ubicada en esa pequeña ciudad boliviana sobre el Lago Titicaca, se llevaron otros adornos de oro, entre ellos la media luna que tenía a sus pies.

Según cálculos de expertos, las piezas, que aún no ha sido encontradas, están valuadas en unos $300,000.

Joyas, implementos de oro para celebrar misa y tesoros artísticos, como óleos de los siglos XVII y XVIII, fueron también robados de templos coloniales del sur del país, como la Iglesia Guaqui en La Paz, el Templo de Tomave en Potosí, y la Iglesia de Sepulturas en Oruro, ciudades que desde la colonia española viven de la explotación de sus minas de oro, plata y estaño.

En las frías calles de Copacabana, una ciudad de 15,000 habitantes ubicada en una pequeña península sobre el Lago Titicaca, a 3,800 metros de altitud y cerca de la frontera con Perú, muchos dicen estar tristes y consternados por el saqueo al santuario.

“Estamos pasando momentos muy difíciles”, dice a la AFP Eduardo Catata, un fiel devoto de esta Virgen venerada desde hace siglos y “considerada una de las mas importantes después de la Virgen de Guadalupe de México”.

La imagen de la Virgen de la Candelaria, de tamaño natural y tallada en madera maguey por el aymara Francisco Tito Yupanqui, descendiente del inca Túpac Yupanqui, fue entronizada en 1583 cuando los lugareños buscaron ayuda divina tras desastrosas cosechas.

En más de cuatro siglos, la “Virgen morena”, como se la llama por su rostro cobrizo con rasgos indígenas, recibió gran cantidad de piezas de oro y plata, donadas por los fieles en agradecimiento por los milagros recibidos o como simple expresión de fe.

“Hay gente a la que no interesa, deben ser ateos porque no tienen miedo al castigo de Dios y de la Virgen”, se lamenta Catata.

Los habitantes de Copacabana, en su mayoría descendientes de aymaras y quechuas, viven del turismo asociado al Santuario que, según afirman, ha disminuido después de los robos.

En las afueras de la Basílica de estilo renacentista, erigida en 1550 y reconstruida durante 40 años a partir de 1601, trabaja desde hace dos décadas la vendedora de motivos religiosos Rosmery Condori, que pide “que se esclarezcan los robos”.

“Estamos preocupados con todo lo que ha pasado. Tienen que recuperar las joyas y hallar a los ladrones”, clama.

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), máxima instancia católica en el país, está alarmada por la ola de robos registrados en el último año en unos 20 templos históricos, principalmente en los departamentos andinos de La Paz, Oruro y Potosí.

“La ola de robos que se ha presentado a nivel nacional ha crecido notablemente y con un ‘modus operandi’ similar en todos los casos. Creemos que hay una banda organizada detrás de esta secuencia de robos”, asegura la asesora legal de la CEB, Susana Inch.

Los bienes que las iglesias coloniales de Bolivia acumularon por siglos no están inventariados en su totalidad, lo que dificulta identificar qué falta, al tiempo que facilita las apropiaciones y hace casi imposible precisar el valor de lo robado, explica la abogada.

Las autoridades eclesiásticas pretenden desarrollar acciones para proteger sus bienes, junto a alcaldías, gobernaciones departamentales y el Poder Ejecutivo, “porque hasta ahora los templos están desguarnecidos”, explica Inch.

Las soluciones pasan por almacenar en lugares especiales todos los bienes, contar con más protección policial y mejores sistemas de vigilancia, señala Inch.

Mientras tanto, dice la abogada, “los párrocos temen que ocurran más robos e incluso, como en el caso de Copacabana, quedar como sospechosos”.

Juraj Vadkerti, más conocido como “Hermano Lorenzo”, un laico eslovaco de 36 años que administra los bienes del santuario de Copacabana, 156 kilómetros al oeste de La Paz, es uno de los tres imputados por los robos en el templo.

“No es muy cómoda la situación, la paciencia no es una de mis virtudes, pero uno sabe que todo sirve para algo bueno”, dice a la AFP el laico, quien debe certificar por escrito ante la Fiscalía tres veces por semana que no se ha fugado del país.

Al iniciar la investigación, un fiscal local culpó del robo a Lorenzo y a dos religiosos franciscanos, ambos bolivianos, pero al cabo de seis meses no hay pruebas contra ellos.

Lorenzo, llegado hace seis años de Eslovaquia, es el principal sospechoso. A esta altura de los hechos “uno no sabe qué pensar, por donde sopla el viento”, dice sin poder explicar los motivos por los que se lo acusa.

Los días en que se descubrió el delito era el infierno puro. Algunos vecinos quisieron lincharlo y lo acusaban de ser el ladrón, según contaron personas allegadas a la investigación. “¡Te vamos a quemar, gringo!”, amenazaron, pero otros devotos lograron apaciguar los ánimos ante la inacción de la policía.

El guardián del santuario, el franciscano vasco Carmelo Galdoz, se molesta cuando habla del caso. “No está aclarado absolutamente nada”, asegura el religioso, de caballera y barba blanca, que hace 32 años que vive en Bolivia.

Galdoz dice que lo que han robado “es mínimo” en relación a la cantidad de joyas y reliquias de valor histórico y cultural que conserva el santuario.

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