Cámara busca eliminar a defensor migratorio

 
 

 <span class="cutline_leadin">El representante</span> Bob Goodlatte, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, y el también representante Trey Gowdy.
El representante Bob Goodlatte, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, y el también representante Trey Gowdy.
Mark Wilson / Getty Images

AP

El primer anteproyecto de inmigración de este año en la Cámara de Representantes prohibiría el otorgamiento de recursos para el Ombudsman o defensor público del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Después de horas de un acalorado debate, los republicanos presentaron el miércoles en la noche ante la Comisión de Asuntos Judiciales un anteproyecto en el que se prohibiría al Departamento de Seguridad Nacional canalizar dinero de los contribuyentes a ese cargo.

La aprobación con votación partidista de 17-4 tuvo lugar después de que la comisión rechazara una serie de enmiendas demócratas.

Los republicanos insistieron en que la iniciativa era necesaria para contrarrestar la desconsideración del gobierno del presidente Barack Obama hacia la medida previa que el Congreso aprobó para eliminar el puesto del ICE.

Una cláusula fue agregada dentro de un amplio proyecto de ley de presupuesto que Obama proclamó ley el año pasado.

“El Congreso retiró el financiamiento y el gobierno decidió hacer oídos sordos”, dijo el representante republicano Bob Goodlatte, presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales. Según Goodlatte, el gobierno simplemente cambió el título del cargo y mantuvo a la misma persona a fin de eludir la voluntad legislativa.

El proyecto de ley prohibiría que se asignen recursos para la posición, ya sea de defensor público o subdirector adjunto de programas de detención y de comunicación comunitaria en el ICE.

Goodlatte indicó que es probable que la Cámara en pleno estudie la medida la próxima semana, siendo la primera pieza de la ley de inmigración en este año electoral.

Los republicanos criticaron a Obama y afirmaron que el mandatario aplicaba selectivamente las leyes de la nación. Junto con el anteproyecto de inmigración la comisión aprobó otras dos medidas: una establecería un procedimiento para que la Cámara o el Senado autorice una demanda judicial contra el Poder Ejecutivo por no cumplir la ley y la segunda obligaría a los funcionarios del gobierno a que informen al Congreso las razones de la no aplicación.

Las medidas no tienen oportunidad de que sean aprobadas en el Senado de mayoría demócrata, pero los republicanos dijeron que eran imperativas.

“Una de las razones por las que no tenemos reforma de inmigración hoy es porque el Presidente se niega a aplicar la ley”, señaló el representante republicano Raúl Labrador.

La comisión impulsó la iniciativa semanas después de que defensores expresaran esperanza sobre la actuación que tendría este año la Cámara de Representantes sobre las normativas actuales y una ley que afectaría a 11 millones de inmigrantes que viven sin permiso en el país.

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