Evo Morales afronta la peor rebelión opositora
Por CARLOS VALDEZ / AP
LA PAZ
La batalla política ha afectado a instituciones vitales como el Tribunal Constitucional, paralizado por la renuncia de cuatro de cinco magistrados; la gestión legislativa está bloqueada por falta de acuerdos en el Congreso, y el órgano electoral está dividido.
En el fondo la crisis boliviana es mucho más profunda y según los expertos está marcada por una crisis del estado y de la institucionalidad democrática así como por fuertes luchas regionalistas.
Esa crisis que comenzó el año 2000 con una serie de revueltas populares provocó la caída en octubre de 2003 del presidente conservador Gonzalo Sánchez de Lozada tras la muerte de 63 civiles en protestas populares.
Esa misma crisis permitió el ascenso de Morales desde las sindicatos cocaleros, pero el mandatario no siempre se ha caracterizado por el diálogo y la negociación en sus tiempos de líder sindical y tampoco parece estar dispuesto a renunciar a sus principios.
Lo pronósticos más alarmistas dicen que la confrontación podría derivar en una guerra civil, pero los hechos han demostrado que el país aspira a salidas pacíficas. Cada vez que emerge una convulsión, las partes de repliegan.
Bolivia tiene fama de país conflictivo y hasta en tono de broma se comenta aquí que las protestas son el deporte nacional, pero no tiene antecedentes de prolongada violencia, y proyectos subversivos fracasaron.
La actual crisis llega en un momento de bonanza económica que no ha tenido el país en décadas. El gas natural, los minerales y la soya los principales productos de exportación tienen precios extraordinarios que han permitido al estado acumular reservas internacionales por más de 7.000 millones de dólares.
La confrontación es también regional entre un oriente y sur ricos (Santa Cruz y Tarija) cuya base económica son los hidrocarburos y la agroindustria y un occidente (La Paz) en declive afincado en la minería.
La oposición regional parece estar dispuesta inclusive a postergar su proyecto autonomista con tal de evitar la reelección por otros cinco años del presidente Morales que debe cumplir su gestión a finales de 2010.
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