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La Iglesia cubana vive, sufre, espera y trabaja


Feligreses cubanos en una iglesia de La Habana en abril.
Feligreses cubanos en una iglesia de La Habana en abril.
AFP/Getty Images

Especial para El Nuevo Herald

Una mirada retrospectiva de los últimos 50 años nos mostraría la presencia, o más bien omnipresencia, de una figura fatal y emblemática en el escenario nacional: vituperado por unos y ensalzado por otros, aceptado y rechazado, amado y temido, dentro y fuera de la isla, Fidel Castro, y el proceso histórico que ha encabezado, han tenido una profunda repercusión en la vida de todos los cubanos, y también en la vida de la Iglesia Católica en Cuba, de sus pastores y de sus fieles.

La línea de continuidad entre la Iglesia cubana de 1959 y la Iglesia que hoy vive, sufre, espera y trabaja en Cuba, es indiscutible. Como indiscutible es la diferencia entre lo que fuimos y lo que somos. Además de las dinámicas internas en la vida de la misma Iglesia (citemos a nivel universal, el acontecimiento del Concilio Ecuménico Vaticano II; y al regional, las Conferencias del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Puebla y Santo Domingo; y recordemos, a nivel nacional, al menos, el Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC) y la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba), está lo que pudiéramos llamar el "avatar revolucionario'' y los profundos cambios que ha generado en nuestra patria.

El triunfo revolucionario de 1959 fue recibido con efusivas muestras de apoyo por parte de la jerarquía eclesiástica y de los fieles. La participación de numerosos laicos, incluso religiosos y sacerdotes en la lucha contra la dictadura de Batista, generó en la Iglesia, lo mismo que en las masas populares, un apoyo entusiasta y un profundo sentimiento de pertenencia a la revolución. La carta del Arzobispo de Santiago, Mons. Enrique Pérez Serantes, Vida Nueva, es un ejemplo de esto. Se esperaba una restauración de la democracia y la instauración de la justicia social, a través de un gobierno justo, finalmente al servicio de la causa de los pobres. Las cartas y documentos publicados por Evelio Díaz, administrador apostólico y luego Arzobispo de La Habana y por Mons. Alberto Martín Villaverde, obispo de Matanzas y por todo el episcopado a lo largo de 1959, incluso el apoyo a la ley de Reforma Agraria, nos muestran esa adhesión de la Iglesia al proceso popular revolucionario.

Pero ya el 7 de agosto de 1960, en su Circular Colectiva del Episcopado los obispos señalan de modo explícito, "el creciente avance del comunismo en nuestra patria''. La condenación del comunismo es por su ateísmo, por la persecución contra la Iglesia, y por las graves violaciones contra los derechos humanos, y además, porque impone un régimen dictatorial de terror policial, a través del sometimiento de la economía a la política, con sacrificio de los intereses del pueblo, y convirtiendo a los ciudadanos despojados del derecho a la propiedad, "más que en empleados, en verdaderos esclavos del Estado''. Al hacerse dueño de los medios de comunicación el Estado niega al ciudadano el derecho a la verdad y le impone sus propias opiniones.

Después de éste y otros documentos críticos, vino el silencio. Cada declaración de los pastores era seguida por el encarcelamiento y la represión de los laicos, amenazas y campañas de terrorismo antirreligioso, expulsión de agentes pastorales... Y culminó con la expulsión de un obispo y 131 sacerdotes en septiembre de 1961, en el barco Covadonga.

"El hombre que parecía que iba a abrir todos los caminos es el que ha cerrado todas las puertas'' la frase, referida a Fidel y atribuida a Lezama, expresa un sentimiento y una constatación. En abril de 1961, Fidel mismo declaró el carácter socialista de la Revolución. El gran delito cometido por los obispos fue decirlo con unos meses de anticipación, y lo pagaron caro. En año y medio, el desmantelamiento de la institución no pudo ser mayor: intervención de los colegios católicos, desaparición de la casi totalidad de asilos, clínicas y hospitales regentados por las órdenes religiosas, las publicaciones e imprentas y el acceso a los medios masivos de comunicación.

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