Como bien ustedes recordaran, mi trayectoria pública ha estado siempre caracterizada por un profundo respeto y apego a las leyes y una defensa a ultranza de la Constitución. En los sucesos de abril de 2002 como militar activo al mando de tropas, me correspondió el privilegio de acompañar al pueblo de Maracay, al pueblo del Estado Aragua y al pueblo venezolano en la restitución del hilo constitucional, tras el tristemente recordado golpe de Estado del 11 de Abril. Por lo tanto, para nadie es un secreto que me identifico plenamente con el proyecto de país plasmado en la Constitución de 1.999, de contenido profundamente democrático que privilegia los principios de igualdad, solidaridad, participación y justicia para el pueblo venezolano, proyecto que fue el motivo de que el pueblo votara en las elecciones del 98 por un cambio a través de este modelo.

Es por estas razones que, luego de haberme tomado un tiempo para reflexionar y meditar sobre el rumbo que lleva nuestra patria y teniendo en cuenta que la nación está siendo conducida en los actuales momentos a un proceso de reforma constitucional, cuyas consecuencias hay que valorar, me siento en la obligación y el deber moral como ciudadano responsable, de establecer algunas consideraciones al respecto y alertar a todos los venezolanos ante este engaño cuyas consecuencias son inciertas.

La propuesta de Reforma aprobada por la Asamblea Nacional, constituye un cambio total en el contenido de los principios fundamentales de la Carta Magna aprobada por el pueblo venezolano en el año 1999, con la que hemos conseguido muchas victorias y avances en todos los campos. Esta propuesta no es una reforma constitucional, no es una revisión parcial ni una sustitución de alguna de sus normas, es una transformación del estado y un diferentísimo modelo de país que se manejara quitándole poder al pueblo, haciéndole ver que le convienen los beneficios que se proponen en relación a la propiedad, laborales y otros, a cambio de que el pueblo permita que todas las autoridades y el manejo del país y sus riquezas queden a cargo del Poder Ejecutivo, quitándole entonces a los venezolanos todas sus posibilidades de elegir y remover sus autoridades o gobernantes y decidir que hacer con las riquezas. Lo peligroso no es que el Ejecutivo elimine al sector privado con la excusa de distribuir mejor las riquezas entre el soberano, si no también que prescinda del Pueblo, es decir, de todos los espacios que deben ser de la sociedad tomándolos para si.

La constitución del 99 nunca entro en vigor, no es la culpable de nuestros males, muchísimas de las leyes que necesitábamos que fuesen creadas para operacionalizarla y las instituciones que están pendientes por nacer quedaron sin hacerse a pesar de haberle dado en varias ocasiones al Ejecutivo poderes habilitantes para hacerlo y no hizo lo propio. Los problemas que nos aquejan no se originan en la Constitución del 99 y pueden perfectamente ser solucionados dentro de su marco.

En primer lugar, la pregunta que todo Venezolano común debe hacerse es: ¿Es realmente necesaria una reforma de la Constitución del 99? Y ¿Qué motivos hay, para emprender este proceso justo en este momento histórico?

En la exposición de motivos salida de una Comisión Presidencial que acompaña al hoy proyecto de reforma constitucional, se muestran algunos indicios que deben ser vistos con mucho cuidado por el sabio pueblo venezolano. Allí se afirma lo siguiente (Cito):