La nueva Ley del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia, oficializada a mediados de esta semana por el gobierno del presidente Hugo Chávez, establece duras sanciones a la divulgación de información sensible para la seguridad del Estado y crea un sistema doble de inteligencia y contrainteligencia, un modelo que según analistas es calcado del sistema cubano.
La nueva legislación promueve además la creación de un sistema de informantes a nivel nacional, tanto en el ámbito civil como militar, y otorga amplio poder discrecional a funcionarios de inteligencia para detener a potenciales enemigos' del gobierno sin una orden judicial.
También otorga un amplio poder discrecional al gobierno no sólo para invadir la privacidad de los ciudadanos, grabar conversaciones telefónicas, filmar movimientos y fotografiar actividades o personas sospechosas de operar contra la seguridad nacional, sino que puede "anticipar'' delitos y detener a los responsables que atenten contra la estabilidad y la soberanía del país.
La ley se aprobó como respuesta a una potencial amenaza de invasión armada por parte de Estados Unidos, afirmó el ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín.
El presidente Hugo Chávez defendió ayer la ley al afirmar que simplemente se trata de ‘‘unificar y crear un cuerpo de inteligencia y contrainteligencia que verdaderamente no hemos tenido'' y que no tiene que ver con lo que sus críticos han afirmado.
"El imperialismo ha activado un conjunto, no sabemos cuántos, centros de operaciones sicológicas y de planificación estratégica, que trabajan las 24 horas para atacar la ley'', dijo Chávez.
Pero según analistas es una ley que permite establecer un sistema de inteligencia de inspiración castrista.
"Es una repetición al carbón del sistema de inteligencia de Cuba'', dijo Eugenio Yáñez, ex oficial de las fuerzas armadas cubana y autor de varios libros sobre Cuba.
Yáñez explicó que el establecimiento de dos estructuras de inteligencia y contrainteligencia en Cuba ocurrió a principios de la revolución, en parte por los enfrentamientos entre Raúl Castro y Ramiro Valdés y en parte por el interés de Fidel Castro de contar con dos aparatos de inteligencia bajo su mando y enfrentados entre sí.
"De la misma manera que le ha servido a Fidel Castro para mantenerse en el poder, Chávez utilizará estos sistemas para mantener el control interno y externo'', indicó el analista, que dirige la página electrónica www.cubanalisis.com.
Yañez detalló que el sistema de inteligencia civil y militar se centrará en identificar amenazas externas al régimen chavista, principalmente de la comunidad de exilados venezolanos, sobre todo en Miami, y ejércitos de países considerados hostiles, como Colombia y Estados Unidos.
El sistema de contrainteligencia se centrará en establecer amenazas internas como conspiradores civiles y militares, disidentes, el movimiento estudiantil y la oposición en general, y posibles atentados y boicots dirigidos a afectar la estabilidad de la revolución bolivariana.
En cuanto a los procesos judiciales, la ley establece que puede mantener bajo secreto en un juicio información acusatoria pero cuya divulgación podría afectar la seguridad del Estado, aumentando las restricciones al acceso de los abogados al expediente contra el acusado, ‘‘exactamente como funciona en Cuba'', dijo Yáñez.
En el fondo, "esta legislación está hecha para darle impunidad total al gobierno porque la interpretación de lo que es seguridad nacional es completa discreción del mismo aparato de seguridad'', apuntó el ensayista.
"La propensión del régimen es crear un sistema paranoico de inteligencia, similar al cubano, porque en el movimiento gubernamental hay una profunda crisis de lealtades'', dijo Américo Martín, figura de la oposición venezolana y ex guerrillero que conoció las interioridades del sistema de inteligencia en Cuba.
"En el sistema de seguridad cubano hay un sistema de funcionarios de inteligencia que vigilan, pero al mismo tiempo son vigilados. Es lo que se llama la inteligencia, la contrainteligencia y la recontrainteligencia, algo que no existe en otras partes, en un país que teóricamente espera una invasión diariamente, la misma dirección que está tomando el gobierno chavista'', detalló Martín.
El sistema de "vigilantes vigilados'', según Martín, se aplica principalmente en las organizaciones del grupo de administración de empresas creadas durante el llamado período especial en la década de los 90, por Raúl Castro, y actualmente dirigidas por el general Julio Casas Regueiro.
"Las empresas manejadas por los militares en Cuba tienen su sistema de seguridad, pero adicionalmente tienen una estructura que vigila este sistema de seguridad de las empresas militares'', indicó.
Para la experta militar Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental que monitorea el sector militar y de seguridad en Venezuela, la ley establece ‘‘nuevas restricciones a nuestros derechos civiles y políticos'' y supone "nuevas formas de criminalización de la disidencia''.
A diferencia de Cuba, cuya legislación de inteligencia y seguridad nacional no tiene aplicación más allá de sus fronteras, la nueva ley venezolana contempla la posibilidad de que tanto venezolanos como extranjeros sean obligados a entregar "todo tipo de material que, en opinión de los funcionarios que dirigirán esa institución, afecte la seguridad y defensa de la nación'', indicó San Miguel.
ocasto@herald.com
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