SANTIAGO DE CHILE -- Activistas de derechos humanos criticaron el sábado la designación del general Juan Miguel Fuente-Alba como nuevo jefe del ejército.

Fuente-Alba fue designado en la víspera al frente del ejército a partir del 10 de marzo por la presidenta Michelle Bachelet por concluir en esa fecha el periodo del actual comandante en jefe, Oscar Izurieta.

El abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez declaró el sábado a radio Cooperativa que existen sospechas de que Fuente-Alba tuvo alguna participación en octubre de 1973, cuando era subteniente, en tareas de custodia mientras la denominada "Caravana de la Muerte" ejecutaba sumariamente a decenas de prisioneros en la norteña ciudad minera de Calama.

"Nosotros tenemos la certeza de que Fuente-Alba está mintiendo" sobre su inocencia, dijo Gutiérrez.

La portavoz oficial Carolina Tohá sostuvo que "no hay ningún compromiso del general Fuente-Alba con la justicia".

Fuente-Alba, de 56 años, no se ha pronunciado sobre los reparos a su designación. Tampoco el Ejército.

Señaló que Fuente-Alba fue imputado en declaraciones del brigadier retirado Pedro Espinoza, quien está procesado y encarcelado en numerosos procesos por violaciones a los derechos humanos. Según Tohá, Espinoza "se ha caracterizado por entregar antecedentes que se han demostrado falsos en éste y en varios casos más".

Tohá manifestó que el militar ha pedido en dos ocasiones declarar ante el magistrado Víctor Montiglio, que dirige la causa por los asesinatos. El magistrado es el mismo que alcanzó a procesar y mantener en arresto domiciliario al fallecido ex dictador Augusto Pinochet.

Pero Gutiérrez insistió que además de la declaración del brigadier Espinoza "también hay otros testimonios" que lo sindican en el lugar en que una treintena de prisioneros fueron ejecutados y sepultados en el desierto.

Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos, comentó a la AP que el oficial designado "tuvo que declarar en los hechos por la Caravana de la Muerte en Calama, por lo tanto tiene un involucramiento judicial con el tema, que más allá de los resultados finales de la investigación ponen un manto de duda respecto a su idoneidad y confiabilidad para ejercer un cargo de tal alto rango".

Agregó que "fue una designación muy poco afortunada, que da cuenta de la debilidad de esta democracia, que tiene que recurrir a quienes están de una u otra manera involucrados en violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, es una designación extremadamente negativa para el país".

El nuevo jefe del ejército pertenece a la última generación de oficiales formados antes del golpe militar de 1973. En la Armada ya no existen almirantes que hayan integrado la institución antes del golpe.