BUENOS AIRES -- El año 2009 fue el más complicado en mucho tiempo para el ejercicio del periodismo independiente en Argentina debido, en parte, a la aprobación de una ley de prensa que ha generado una fuerte resistencia de los medios de comunicación, dijo el domingo la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP).

La nueva ley de Servicios Audiovisuales fue aprobada recientemente por el oficialismo argentino en el Congreso con la oposición de sectores políticos y de importantes empresas periodísticas del país.

El periodista Francisco Montes, expositor de la situación de Argentina en la 65 Asamblea de la SIP, señaló que aunque la ley aprobada fue necesaria para derogar la anterior de la dictadura militar (1976-1983), "el gobierno se ha concentrado más en asegurarse el control de los contenidos e impedir la fortaleza de los medios".

Durante el periodo de debate de la norma, explicó, uno de los principales grupos periodísticos (Clarín) "no fue solo objeto de persecuciones y hostigamientos sino de acciones tendientes a debilitarlo económicamente".

El propósito esgrimido por el oficialismo era evitar la concentración excesiva de medios. "Lamentablemente se terminó limitando a la radiodifusión y televisión privada", indicó.

Montes denunció que los pactos internacionales aprobados en Argentina que se refieren a la libertad de prensa son incompatibles con varios aspectos de la ley y que esta última afecta a derechos como el de la propiedad.

También afirmó que el "principal perjudicado por esta situación es el grupo Clarín", que edita el diario del mismo nombre, un canal abierto, varios cables y señales de radio.

Esta ley ha producido el rechazo de casi todas las instituciones representativas de medios, periodistas nacionales y extranjeros, agregó.

Montes también criticó el hecho de que la presidenta Cristina Fernández haya enviado al Congreso un proyecto de ley por el cual "se propone la modificación de la legislación penal para las calumnias e injurias cuya amplitud y ambigüedad actuales restringen la libertad de expresión del periodista por lo publicado, sin considerar cuando se refiere a asuntos de interés público".

Además denunció que "se mantienen las limitaciones efectuadas al decreto sobre acceso a la información pública dispuesta por el gobierno en su jurisdicción, y falta una adecuada regulación para la distribución de la publicidad oficial", cuestión que según aclaró también ha sido omitida en la legislación.

Finalmente, el expositor argentino criticó los recientes bloqueos a la distribución de diarios ejercida contra varias empresas periodísticas por parte del gremio de camioneros liderado por el líder sindicalista Hugo Moyano. Este último es afín a Cristina Fernández y a su marido y ex presidente Néstor Kirchner.

Cuando concluya su 65 asamblea general, la SIP aprobará el martes las resoluciones sobre la situación de la libertad de expresión en los países que conforman la organización.