En vez servir como un escudo de la ciudadanía, las autoridades reguladoras y normativas de la Florida suelen responder a los intereses de grupos con influencias en el capitolio estatal. En otras palabras, están vendidas.

A veces fallan por negligencia. Un ejemplo fue la concesión de licencias a miles de personas con expediente criminal para trabajar como prestamistas hipotecarios. Así fue como el gobierno estatal echó leña a la debacle inmobiliaria, dejando a muchos sin techo.

Y hay ocasiones en las que nuestros reguladores, descaradamente, son facilitadores de engaños maquiavélicos.

Este es el caso del papel que jugó Tallahassee en la estafa de $7,000 millones presuntamente perpetrada por Allen Stanford, cuyo escándalo financiero es una suerte de versión local de Bernard Madoff. Una investigación del Miami Herald concluyó que la Florida permitió a Stanford transferir sumas a paraísos fiscales en el Caribe sin tener que reportar ni un sólo dólar, burlando así las leyes federales contra el lavado de dinero.

Miles de inversionistas en Miami y América Latina que confiaron en el financista, han visto desvanecer sus ahorros como arena que sopla el viento.

Stanford fue autorizado a crear un fideicomiso en el extranjero --el único de su tipo en la Florida-- que podía pasar por alto a los reguladores, gracias a la gestión de cabilderos y abogados que eran donantes de las campañas políticas de turno. De hecho, sus conexiones eran tan vigorozas en el capitolio, que no se tomaron en consideración las objeciones del asesor jurídico bancario del estado.

"No había razón legal para que esa oficina fuera abierta'', dijo Richard Donelan, el asesor.

No obstante, Stanford persuadió a los reguladores bancarios para abrir su oficina en Miami en 1998 gracias a muchas gestiones en Tallahassee.

A las autoridades normativas de entonces no importó que Stanford había tenido problemas siendo dueño de un banco en la isla Monserrate, por los que perdió su licencia durante una investigación de lavado de dinero del gobierno británico.

En otros escándalos recientes de corrupción financiera, cabe preguntarse ¿cómo es que las autoridades del gobierno norteamericano se duermen en los laureles mientras que las empresas cometen fraude bajo sus naríces? En la Florida, uno además cuestiona ¿cómo los reguladores tienen la desfachatez de incitar y hasta respaldar los engaños financieros?

La respuesta es simple: los reguladores no son más que títeres de la Legislatura.

Los miembros del Gabinete de la Florida deberían estar alarmados por el fracaso del sistema normativo, el cual también castiga a la ciudadanía cada vez que dice amén al aumento de las tarifas eléctricas, telefónicas, médicas y de los seguros. Estas industrias emplean cabilderos con fuertes vínculos al capitlio.

Por eso es que a los abonados a la FPL debemos pagar por adelantado las inversiones de la compañía eléctrica, en vez de que sea al revés, como en cualquier otro negocio.

Justamente la semana pasada, el Fiscal General de la Florida, Bill McCollum, declaró que ‘‘necesitamos cada recurso y cada opción disponible para proteger a nuestros ciudadanos de otra maniobra al estilo Bernie Madoff''.

Si es así, tanto él como la Jefa Financiera del estado, Alex Sink, deberían ser más frugales con el uso de la flota aérea estatal para sus asuntos privados, que nos cuesta a los contribuyentes $3,100 por hora de vuelo.

Luego llegan a gobernador e imitan la trayectoria de Charlie Crist, quien usa las avionetas privadas de sus amigos hasta para asistir a un torneo de golf en Palm Beach.

Así es como aparecen los Allen Stanford con fascinantes privilegios para acabar con nosotros.