Basándose en los recientes testimonios de ex líderes paramilitares extraditados a Estados Unidos, 67 familiares de víctimas del paramilitarismo en Colombia demandaron a la multinacional del carbón Drummond argumentando que la empresa financiaba las operaciones de los grupos armados de ultraderecha responsables de los asesinatos.

La nueva acusación, radicada en el distrito federal del norte de Alabama y que fue calificada de falsa por Drummond contiene señalamientos más graves que otra anterior que no prosperó en la misma jurisdicción.

Según los demandantes, la firma mantuvo una relación con el frente Juan Andrés Alvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al cual hizo "pagos millonarios'' para la compra de armas y equipos así como para vigilancia de la zona y de la línea férrea de la empresa.

También se menciona una supuesta complicidad de Drummond en actividades de narcotráfico.

Otra de las nuevas alegaciones describe la supuesta participación de un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), identificado como James Atkins, director de seguridad de Drummond en Colombia.

Según la demanda, Atkins aprobó los pagos de Drummond para que fueran asesinados los líderes sindicales Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Ocarsita. Ambos fueron ejecutados el 12 de marzo del 2003.

"Atkins tenía conocimiento pleno de las actividades terroristas de las AUC al momento en que fue contratado'', afirmó el documento. "Los acusados tomaron ventaja de que los paramilitares podían ejecutar civiles impunemente''.

En un comunicado de prensa, Drummond rechazó los términos de la demanda.

"Es el más reciente capítulo en un esfuerzo de sindicatos y sus abogados de culpar a Drummond Ltd. de parte de la violencia trágica contra líderes sindicales y otros que ha plagado a Colombia por décadas'', aseguró el comunicado de la sede principal de la firma en Birminghan, Alabama.

Agregó la empresa que acusaciones similares entabladas en el 2002 fueron rechazadas por un jurado en una decisión confirmada por una corte de apelaciones de EEUU.

En efecto, en un fallo del 22 de diciembre pasado, dicha corte concluyó que la jueza del caso en Alabama no se extralimitó en sus funciones al negar la participación en el juicio de testigos clave para la defensa. La jueza, Karon Bowdry, había rechazado los testigos con el argumento de que fueron presentados extemporáneamente.

La demanda había sido presentada con el patrocinio de la central sindical del acero, United Steelworkers of America.

Esta no es la primera vez que surge una versión sobre la presencia de un empleado norteamericano relacionado con los supuestos nexos de Drummond con las AUC.

En declaraciones a fiscales colombianos en Washington, D.C., el ex líder de las AUC, Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos en marzo del 2008, había mencionado a un ciudadano de EEUU a quien se refería con el alias de "Mr. Jim''.

Mancuso declaró que líderes de las AUC se reunieron con Mr. Jim a fin de solicitar protección para sus operarios y pagar por ese servicio.

Afirma la demanda que las AUC, bajo el supuesto de que todas las personas que vivían en zonas controladas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), eran simpatizantes de esa organización, se dedicaron a aterrorizar la población con la financiación de compañías internacionales y locales.

"Casi todas las familias en esta zona [departamento del Cesar, al norte de Colombia] perdieron uno de sus miembros'', afirmó la querella.

Una vez Drummond pagó a las AUC, el frente Juan Andrés Alvarez aumentó de 20 a 200 hombres su pie de fuerza, alega la demanda.