Suman denuncias contra ex oficial cubano Cresencio Marino Rivero

11/12/2012 2:15 AM

09/09/2014 9:23 AM

Otros dos disidentes cubanos han alegado que fueron abusados personalmente o por orden de un ex jefe de prisiones de la provincial de Villa Clara, Cresencio Marino Rivero, quien vive actualmente en Miami.

Rivero, de 71 años, y su esposa, Juana Ferrer, ambos ex oficiales del Ministerio del Interior de Cuba y ex miembros del gobernante Partido Comunista, parecen haber obtenido sus visas y residencias en Estados Unidos sin revelar todos sus puestos en el gobierno cubano.

Wilfredo Allen, uno de los dos abogados de Miami que presentaron a fiscales federales las alegaciones en contra de Rivero, dijo que ha solicitado el inicio de procesos de deportación contra la pareja. Rivero ha negado haber cometido abusos.

Arturo Conde Zamora dijo que tenía 12 o 13 años de edad y se le mantenía en un reformatorio cuando Rivero lo golpeó dos o tres veces con un palo en su espalda y piernas. Rivero estaba a cargo del reformatorio en el poblado de Maleza, en Villa Clara.

“Me dio con un palo y me metió a una celda”, dijo Conde, actualmente de 47 años, telefónicamente a El Nuevo Herald desde su casa en la ciudad de Placetas, en Villa Clara. “Me amarró con una soga en una celda tapiada” – una celda con una puerta sólida de acero en lugar de barras.

Rivero ha sido identificado como el jefe provincial de los reformatorios y programas de reeducación de jóvenes en la década de 1980, antes que se le promoviera a jefe de todo el sistema de prisiones de Villa Clara.

Conde dijo que se le envió a un reformatorio por sus ausencias crónicas a la escuela, y fue golpeado por Rivero y dos o tres “reeducadores” del reformatorio en 1981 ó 1982, debido a que peleó con uno de los aproximadamente 100 jóvenes en Maleza.

Una década después, agregó Conde, cumplía un nuevo término en la prisión de máxima seguridad Alambrada de Manacas, tambien en Villa Clara, cuando Rivero se apareció allí luego de un choque entre presos y guardias.

“Rivero nos dijo que ya estaban cansados de todos los problemas, que no sabían qué iban a hacer” y salió de la prisión, según Conde. “Ni siquiera 30 minutos después trajeron perros para atacar a los presos”. A él le mordieron un muslo, agregó.

Otro disidente de Placetas, Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez, dijo que nunca vio a Rivero abusar personalmente con los presos. “Los oficiales de ese nivel se cuidan de esas cosas”, agregó, porque ellos pueden ordenar a los guardias que abusen de los internos.

Antúnez agregó que el 19 de febrero de 1991, mientras cumplía una sentencia a 5 ½ años por “propaganda enemiga” en la prisión La Pendiente, en Villa Clara, se lo llevó a ver a Rivero por su negativa de usar los uniformes de la prisión – un tipo de protesta usada por presos políticos.

“Mira negro contrarrevolucionario, aquí no vamos a permitir eso”, manifestó Antúnez, quien es negro, que le dijo a Rivero. “Las veces que te lo quites (el uniforme), te lo vuelvo a poner a palos”.

Rivero dijo a los guardias “Llévenlo para la celda y si se quita la ropa, le parten la cabeza”, agregó el disidente en una entrevista telefónica con El Nuevo Herald. Antúnez agregó que él trató de quitarse las ropas y recibió una paliza tal que recuerda la fecha exacta.

Rivero le negó posteriormente el tratamiento para un molar con un absceso, agregó el disidente, y en 1992 estuvo presente cuando los guardias lo llevaron a una cama de hospital y le insertaron de manera violenta un tubo de alimentación en su nariz durante una de sus muchas huelgas de hambre en la prisión.

“Una doctora se fajó con ellos, al decir que ella no había estudiado para torturar”, dijo Antúnez, pero Rivero le replicó que el preso era un “contrarrevolucionario”. La doctora no se vio más en la prisión, agregó.

Las alegaciones de Antúnez y Conde, y acusaciones previas similares contra Rivero por otros tres disidentes, no se pudieron confirmar de forma independiente. Rivero no devolvió una llamada que hizo el miércoles El Nuevo Herald a su teléfono, y su hija dijo que no hablaría con el diario porque sus comentarios previos a otros periodistas fueron “distorsionados”.

Rivero le dijo la semana pasada a periodistas de la televisión de Miami y otros medios que las acusaciones en su contra eran mentiras, pero confirmó que había sido coronel en el Ministerio del Interior, jefe provincial de prisiones y miembro del Partido Comunista. Su esposa confirmó que ella había sido capitán del Ministerio del Interior y miembro del partido.

Rivero reclamó que fueron otros los que llenaron sus solicitudes para las visas y la residencia en EEUU. El mentir en los formularios, que preguntan si los solicitantes han servido en las fuerzas armadas, la policía o en prisiones, puede llevar a procedimientos de deportación, aunque los cubanos son raramente deportados.

Rivero también insistió a los periodistas que el gobierno cubano no permite ningún abuso en las prisiones, que el cuidado médico de los internos está garantizado y que a los presos en huelgas de hambre se les trata de manera humanitaria.

Un informe del gobierno cubano a una agencia de la ONU en Mayo dijo que las autoridades hacen cumplir las leyes del país contra la tortura con un “celo riguroso” y que sus regulaciones penales están “entre las más avanzadas” en el mundo.

Los agentes de las prisiones “están formados en el respeto a la integridad física y moral de todas las personas”, agregó el informe, y los fiscales “aseguran la protección y la promoción de los derechos de todos los internos”. Colocó el número total de presos en 57,337.

Pero el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de EEUU sobre Cuba para el 2010 describió las condiciones de las prisiones en la isla como “duras y una amenaza para la vida”. La comida es a menudo escasa, está echada a perder o infectada con sabandijas, agregó.

“Los reportes de golpizas a los presos son algo común e incluyen palizas por parte de los agentes de la prisión así como entre presos”, destacó. Las celdas de las prisiones están atestadas y “carecen del agua, la salubridad, el espacio, la luz, la ventilación y el control de temperatura adecuados”.

El informe no mencionó específicamente al sistema de prisiones en Villa Clara, pero el activista de los derechos humanos Elizardo Sánchez Santa Cruz dijo que era uno de los mayores y más duros de la isla, con cuatro prisiones de máxima seguridad, 12 a 15 campos de trabajo forzado y de 6,000 a 10,000 presos.

“La alimentación está por debajo del nivel de supervivencia, la asistencia médica es completamente insuficiente y el trato es pésimo”, declaró telefónicamente Sánchez Santa Cruz desde La Habana. “Las golpizas son constantes, son sistemáticas. Cada día hay golpeaduras”.

Agregó que no tenía información específica sobre Rivero, pero que la burocracia del Ministerio del Interior a cargo de las prisiones “es un mundo especial, un reino de la arbitrariedad” en que los principales agentes pueden abusar de cualquier interno en cualquier forma, u ordenar a subordinados que lo hagan.

“No es difícil adivinar que todos esos oficiales y otros militares están directa o indirectamente relacionados con los abusos en ese gran sistema”, agregó Sánchez Santa Cruz, “ya sea por comisión u omisión”.

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